La ley aprobada por los diputados chavistas estipula multas equivalentes a 100 mil o 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor según el Banco Central de Venezuela para los medios de comunicación que difundan propaganda o promocionen las sanciones internacionales
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó este jueves 28 de noviembre la Ley Simón Bolívar establece penas de 25 a 30 años de cárcel para las personas que respalden sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro e inhabilitaciones por hasta 60 años para los dirigentes que las apoyen.
«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años», recoge uno de los artículos de esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta al proyecto de ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos para reforzar sanciones.
El texto que respalda el chavismo estipula multas que sobrepasan el millón de dólares.
La ley castiga también con idénticas penas a «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza» contra Venezuela.
AN aprueba y sanciona la “Ley Libertador Simón Bolívar”. En su articulado también contempla sanciones administrativas y penales (a solicitud de la diputada Tania Díaz) a medios de comunicación digitales. pic.twitter.com/ebuMIxc9OF
— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) November 28, 2024
El proyecto de ley bipartidista que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre se llama «Ley Bolívar» y busca fortalecer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. El texto necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado «ilegítimo» por Washington, o con cualquier otro «no reconocido como legítimo».
Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031) entre denuncias de fraude de la oposición.
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