Cedice: "Anuncios económicos son señales de populismo y más pobreza"

Recientemente el Ejecutivo Nacional hizo una serie de anuncios en materia económica con el supuesto objetivo de enfrentar la creciente escasez, inflación, caída de la producción y circulación de bienes y servicios, al partir de la falsa tesis de la “guerra económica” y no de un reconocimiento del fracaso de las políticas intervencionistas, todo ello con la complicidad de los restantes Poderes Públicos.

Estas medidas en contra de productores y consumidores de Venezuela, inevitablemente empeorarán los graves problemas económicos y hundirán aún más a los venezolanos en una cruel lucha por la supervivencia, sin precedentes en la historia contemporánea, dice el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico en nota de prensa.

Más allá de las medidas populistas con fines electoreros presentes en los anuncios, como el aumento de sueldos para funcionarios y empleados de la Administración Pública, en especial para los integrantes de la Fuerza Armada, y del otorgamiento de más de 100 mil nuevas pensiones (medidas que en una democracia real no puede tomar el Gobierno en las puertas del inicio de una campaña electoral), lo más preocupante de las mismas es el anuncio de mayores restricciones y discrecionalidad en la fijación de los precios y las ganancias.

Al igual que la obsesión por usar la represión y el Derecho Penal contra los operadores económicos privados, a los que criminalmente se los señala como “enemigos del pueblo”, y la posible prohibición del uso de divisas no oficiales (no compradas a Cencoex o en Simadi), obtenidas lícitamente por empresas privadas a través de actos de comercio en el extranjero o por sus casas matrices, para importar y comercializar bienes en el territorio nacional, desde luego, con precios en bolívares que equivalgan al valor en el mercado de esas divisas no oficiales.

Respecto de la fijación de precios y ganancias, señala el comunicado de Cedice Libertad, que los particulares deberán marcar el precio máximo de venta al público a todos los bienes que comercialicen, mientras que la calificación de “precios justos” solo la fijará la Sundde y se le dará a un conjunto específico de bienes.

La medida permitirá al organismo imponer coactivamente “precios justos” si los máximos fijados por los propios particulares le resultan “excesivos”. En cuanto a las sanciones, se anunció que, en la reforma del Decreto-Ley de Precios Justos, las penas “van a ser elevadas.

Este anuncio se traduce en represión. Se dejó claro que no habrá acciones para elevar la producción, promover la competencia, incentivar la inversión y restablecer la confianza en el país, que es lo necesario para que haya más bienes y servicios disponibles a bajos precios. Es el ideológico fin de los anuncios lo que explica que los “Comandos Estadales de Precios Justos” los conformen sobre todo efectivos militares, milicias y el poder popular, en lugar de personal civil profesional.

Finalmente, con respecto a la prohibición del uso de divisas no oficiales para realizar actos de comercio en Venezuela, se anunció que “se considerará ilegal el uso como referente en las estructuras de costo del dólar paralelo o dólar ilegal”, lo que es tanto como afirmar que se considerará ilegal y sujeto a sanciones y cárcel el uso de divisas que no sean compradas a Simadi o Sicad, ya que nadie que pueda importar bienes con uso de divisas adquiridas en el mercado libre los venderá a precios fijados coactivamente por la Sundde tomando como referencia el precio de las divisas oficiales.

Ante el riesgo de quebrar por fijar los precios a pérdida o de ir a la cárcel por ejercer sus derechos humanos a la libre empresa y propiedad privada, el particular optará por cerrar las puertas, lo que implicará más desempleo, menos impuestos y más escasez, es decir, más pobreza.

Es por todo lo anterior, es que desde el Observatorio Económico Legislativo de Cedice, apoyados en los resultados de los análisis costos beneficios que hemos realizado durante los últimos años sobre muchas de estas medidas estatistas, represivas y violatorias de las libertades económicas, alerta al país sobre la irracionalidad y arbitrariedad de estos anuncios ideológicos, señala el comunicado.