La Cámara Inmobiliaria de Venezuela refuta los números de construcción de vivienda aportados por el gobierno. Afirma que la cifra de 1 millón 200 mil unidades entregadas no corresponde con la realidad del país.
A través de un comunicado señaló que la Gran Misión Vivienda Venezuela no ha alcanzado la cifra promedio anual de 60.000 mil viviendas, que documentan algunas memoria y cuenta oficiales y encuestas especializadas.
Resalta además que de ser cierta la información oficial, el gobierno debió construir 200 mil viviendas nuevas en lo que va de 2016.
«Es creíble pensar que en 2016 se construyó tal cantidad de viviendas cuando los ingresos se han deteriorado a mínimos históricos, cuando padecemos una escasez de alimentos y de medicinas nunca antes conocida y que se ha prolongado a lo largo del año, cuando se ha vuelto misión imposible importar materiales de construcción y la disminución de la producción nacional de cemento y acero ha llegado a niveles insostenibles”, expresó el presidente de la CIV, Carlos González Contreras.
Destacó que no solo el sector privado inmobiliario está en retroceso por la crisis económica, también el gobierno ha paralizado muchos proyectos.
González Contreras agregó que voceros del propio gobierno han señalado que más de la mitad de las viviendas de la Gran Misión son desarrolladas por el poder popular y no por empresas de la construcción.
“¿Puede el poder popular ejecutar la construcción masiva de viviendas con todos sus servicios y urbanismos? La respuesta contundente es no. ¿Por qué no hacer pública una lista de los proyectos ejecutados que distinga cuáles son viviendas totalmente nuevas y cuáles solo han sido simplemente reparadas y pintadas? Esta falta absoluta de información y transparencia acerca de la misión ha sido reiteradamente denunciada e invita a cuestionar la propaganda oficial”, manifestó.
Destacó el representante gremial que la concepción económica estatista e intervencionista ha afectado gravemente al sector inmobiliario: la pobreza generalizada de la población, unida a la inflación que ha deteriorado la capacidad financiera de la banca, hace que los créditos sean insuficientes y paradójicamente inalcanzables para cualquier familia que desee adquirir un inmueble. Destacó además que la inseguridad jurídica ahuyenta las inversiones y disminuye así la oferta de nuevas viviendas, comercios y oficinas; la falta de insumos y los altos costos de “lo que se consigue” no solo dificultan la construcción de productos primarios, sino que afectan las labores de mantenimiento, administración y reparación de inmuebles en todas las ciudades del país.
“Es imprescindible llegar a acuerdos sustentables con el sector privado nacional sobre la base de un marco legal consensuado, democráticamente discutido y aprobado de acuerdo con la Constitución, y que sea respetado por todas las partes. El presidente Nicolás Maduro ha invitado a solucionar la crisis económica, aceptamos su invitación ciudadano Presidente, pero será imposible si mantiene las políticas que la generaron: mayor control, intervención, arbitrariedad, centralización y opacidad en la gestión pública y en las cifras, por eso nosotros elevamos nuestras propuestas de cambio del rumbo económico”, concluyó González Contreras.
Según el Banco Central de Venezuela, el índice de precios entre enero y abril fue de 6,3%, el más bajo en un primer cuatrimestre del año desde 2012
Aunque el texto aún no aparece en Gaceta Oficial, la contadora y socia de servicios tributarios de PwC Venezuela Ana Azevedo, mostró en sus redes sociales el proyecto de Ley donde se específica el porcentaje que podrían pagar de forma mensual las empresas privadas para el aporte de las pensiones en el país
¿130 bolívares o 130 dólares? Tras el anuncio del aumento del Ingreso Mínimo Mensual este 1 de mayo, el salario mínimo desaparece nuevamente del escenario de los trabajadores, quienes deben conformarse con bonos que no agregan beneficios en el mediano y largo plazo
