Linda Loaiza: "Luis Antonio Carrera Almoina es un peligro para la sociedad"

Han pasado 25 años desde que Linda Loaiza, abogada y defensora de Derechos Humanos, comenzó un proceso judicial que todavía no ha tenido fin. Fue en el 2001 cuando Loaiza fue secuestrada por Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como «El Monstruo de los Palos Grandes», quien la retuvo durante cuatro meses sufriendo un infierno: violencia física, psicológica, lesiones y violación.

Luego de ser rescatada el 19 de julio de 2001, Loaiza acudió al sistema judicial venezolano para denunciar a su agresor. Lo que consiguió, desalienta a cualquiera: el agresor en detención domiciliaria en el mismo apartamento donde la mantuvo secuestrada, jueces que esquivaron el expediente una y otra vez, un proceso de juicio plagado de irregularidades, un tratamiento público del caso en el que la cuestionada era ella y no su agresor y hasta una primera decisión, en 2004, a favor de Carrera Almoina, hijo de Gustavo Carrera Damas, quien es escritor, para entonces rector de la Universidad Nacional Abierta y miembro de la Academia Venezolana de las Letras.

Gracias a las influencias familiares y apoyado por su padre, Carrera Almoina casi logra la impunidad total. Pero en 2005, finalmente fue condenado a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones personales gravísimas. La justicia, nuevamente, le falló a Linda Loaiza: la sentencia dejó por fuera cargos como violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración.

Carrera Almoina salió de prisión en 2008 y actualmente se desconoce su paradero.

Linda Loaiza, sin embargo, no paró de buscar justicia. Tras un juicio con investigación deficiente, retrasos, cambio de jueces y trato discriminatorio y revictimizante hacia ella y su familia, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual luego fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2018, la corte dictaminó que el Estado venezolano había violado los derechos de Linda y su familia.

Esa sentencia, hasta el momento, ha sido ignorada.

Ahora, luego de años de presión, desprecios del sistema judicial y preguntas sin respuesta, el gobierno venezolano emitió una orden de aprehensión contra Luis Antonio Carrera Almoina. Además, Linda Loaiza volvió a presentarse a una audiencia, la cual fue diferida el 11 de agosto.

— ¿Cuál es el estatus actual de su caso? ¿Le asignaron una nueva fecha después de que su audiencia fuera diferida?

-La audiencia fue diferida el 11 de agosto, luego de que la defensa del acusado solicitara el diferimiento debido a que había sido nombrada la tarde del día anterior. La juez fundamentó que sin la presencia del acusado no podría celebrarse dicha audiencia por estar pendiente la orden de captura del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina. Es decir, la audiencia para la revisión del delito de violación no será ejecutada, o no habrá nueva fecha acordada, hasta que no haya la búsqueda y la captura del señor.

— ¿Qué puede contarnos sobre esa orden?

-Desde el año 2016, que el Ministerio Público ejerció el recurso de revisión única y exclusivamente por el delito de violación que fue absuelto en esa apelación que ejerció tanto la Fiscalía como mi representación como parte querellante, ordenó a la Corte de Apelaciones que revisara el punto de todo lo que se refiere al delito de violación.

La Fiscalía solicitó desde entonces hasta ahora, en 18 oportunidades, la orden de captura contra este sujeto. En estos últimos 10 años entre el Tribunal de Control y la Corte de Apelaciones se pasaban el expediente entre uno y otro porque no tenía competencia, porque no querían decidir.

Fue hasta el 9 de julio que el Tribunal de Control 45 acuerda la medida de privación. Eso no fue notificado a las partes en ningún momento. El lunes de esta semana fui a chequear el expediente y me encuentro con eso.

Automáticamente, acudo a la Fiscalía. La Fiscalía tampoco estaba notificada de esa orden de captura. En el expediente no reposaba constancia de que eso se estuviera procesando. Es decir, imprimiste una orden de captura, la firmaste y la guardaste.

El martes, cuando acudimos a la audiencia, presenté mi cédula y automáticamente me dijeron que me iban a llevar a una sala de audiencias y que iba a permanecer allí. Yo le pregunté por qué, ya que yo no puedo estar allí en esa sala. Los funcionarios que estaban allí me dijeron que tenían que resguardarme.

Después de que me quitaran la cédula, al salir del tribunal me van llevando por un pasillo entre varios alguaciles, hacia una sala de audiencia, yo comienzo a gritar, me detengo y digo que no puedo ir, porque yo soy sobreviviente de un secuestro, yo me siento mal encerrada, por qué me tenían que dejar tanto tiempo allí.

Yo soy víctima, querellante y mi propia representación, no me puedes tener tanto tiempo encerrada. Tuvo que llegar el jefe y me ofreció comida y agua.

Me sentí acosada porque me estaban invadiendo mi privacidad, me iban a aislar y meter en una sala. Le explico que soy sobreviviente de un secuestro y que no me hace bien estar encerrada. Él agarró a su personal, que eran como unas siete personas, incluidas dos mujeres, y me dice que iba a conversar con ellos. Luego de unos tres o cinco minutos, retoma hacia donde yo estaba y me ofrece disculpas por estas acciones, pero habían recibido órdenes de superiores de que se me tuviera allí encerrada.

De ahí me retiran, cierran un pasillo del Palacio de Justicia y ahí pasé mi tiempo hasta que llegó la hora de la audiencia. Entramos y llegó el fiscal, que se dio por notificado. Al llegar los jueces manifestaron que la defensa pública había puesto una diligencia sobre la solicitud del diferimiento.

Ahí se fundamentó que si no está el acusado presente no se puede celebrar la audiencia, y como ya estaba acordada una medida privativa de libertad y se desconoce su paradero, entonces había un diferimiento y la audiencia no se celebrará hasta que no haya la búsqueda del señor y la captura.

— ¿Por qué pautar una audiencia si todavía no estaba el acusado?

-Las cosas que yo he vivido durante estos 25 años ante el sistema de justicia son inexplicables. Ninguna se adapta al derecho, ninguna se adapta a la justicia, ninguna se adapta a la protección de víctimas, es un sistema que revictimiza. Es muy complejo de explicar. Lo que no es difícil de definir es la complicidad y los tentáculos de poder del padre y de los familiares del señor Luis Antonio Carrera Almoina. Esos son los que han obstaculizado el acceso a la justicia.

Esta es una causa que yo he denunciado como víctima y peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en el 2018.

Fui yo quien, luego de recibir la notificación sobre la audiencia, lo informé públicamente. Y fue el lunes cuando me dieron acceso al expediente porque pedí que me enviaran las últimas actualizaciones. En ese momento me dijeron que no, que tenía que acercarme. Fui un día antes de la audiencia y me encuentro con esto. Si no fuese por mi actuación, por mi insistencia, por mi persistencia y por la denuncia, por el apoyo de la sociedad civil y de los medios, pues realmente seguiría la orden de captura engavetada.

Hasta ayer —13 de agosto—, constaba en acta que el Ministerio Público recibió la notificación de que esta orden de captura se produjo el 9 de julio, y apenas ayer reposaba en el expediente, a últimas horas de la tarde, que la división de captura había recibido dicha orden de aprehensión.

Estamos hablando de más de un mes.

— ¿Por qué cree que su caso está reactivándose nuevamente en este contexto?

-Se está activando porque nunca he dejado de denunciar, nunca he dejado de realizar incidencias tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Pero el Estado no ha cumplido con ninguna de ellas, ni con garantizar mis derechos, mi seguridad, la de mi familia; ni de brindarnos justicia cumpliendo con las normas nacionales, mucho menos lo ha hecho con las responsabilidades internacionales, con las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana.

— ¿Considera que los posibles cambios en el TSJ, en el marco de las negociaciones políticas actuales, pudieron haber influido en que este proceso se acelerara?

-Una sobreviviente de violencia sexual, de tortura, no necesita ningún tipo de negociaciones políticas para obtener justicia. Ninguna víctima que acuda a esas instituciones revictimizadoras necesita de negociaciones políticas o de un cambio de leyes para poder tener justicia. Con las leyes que están allí pueden actuar.

— Han pasado más de veinte años desde que ocurrieron los hechos. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces y cómo ha sobrellevado emocionalmente este proceso tan largo?

-Recuperarme no ha sido fácil, no lo he logrado en un 100%. Lo pueden ver en las cicatrices que están en mi cara aún. He tenido muchos cuidados, una familia que me apoya y una gente amiga que me dio apoyo. También con la ayuda de la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación que han sido parte de mi vida y que han estado integrados desde que tengo 18 años en mi vida.

— ¿Qué mecanismos legales quedan cuando un Estado simplemente ignora un fallo internacional? ¿Tiene esperanzas de que en algún momento el Estado responda a esta sentencia?

-Las sentencias del sistema interamericano son obligaciones que el Estado venezolano adquirió y aunque haya renunciado a este sistema, no es menos cierto que tiene una responsabilidad que, además, el Estado venezolano reconoció parcialmente en una audiencia ante la Corte Interamericana.

No se trata de vivir de esperanza, se trata de exigir y de buscar lo que la ley te garantiza, lo que la ley te permite, y eso ha sido mi petición durante estos 25 años. Exigir justicia por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en mi contra y, al no tener justicia por ellos, recurrir al sistema interamericano denunciando la violación a los derechos humanos que fueron cometidos en el proceso judicial por parte de funcionarios del Estado, los cuales también deberían ser investigados. Se deberían cumplir todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

Estar aquí luego de 25 años es el claro panorama de lo que es la revictimización de las mujeres cuando acudimos a estas instituciones en búsqueda de justicia. Las autoridades representantes de los sistemas judiciales siempre exigen a las víctimas acudir a denunciar, pero ¿y Linda, cuántas veces ha ido a denunciar?

Entonces, es solo por el amiguismo, por la camaradería, por la sociedad de cómplices que hay tapando el patrón de violencia que realiza el señor Luis Antonio Carrera Almoina, el cual es un peligro para la sociedad.

Él tiene un patrón de conducta que afecta a las mujeres, y el Estado, dejándolo en libertad como lo hizo, absolviéndolo de los delitos de violación, homicidio calificado y tortura, no garantiza el derecho a las mujeres de vivir una vida libre de violencia.

Este señor es una amenaza, él tiene un patrón, tiene varias víctimas antes de mi caso, eso ha sido denunciado, ha sido documentado, las instituciones tienen toda la información. No hay voluntad de sancionarlo por el amiguismo, por la complicidad, por la corrupción del sistema de justicia, esa es la realidad.

Así como me pasa a mí, hay muchas mujeres que todos los días tocan las puertas de esa fiscalía, de esos tribunales, y no hay garantía de sus derechos.

— ¿En estos últimos 20 años siente que ha habido algún tipo de cambio en el sistema judicial y cómo tratan a estas víctimas?

-La verdad, yo nunca he sido tratada bien por el sistema de justicia. He tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, muy complejas, que cualquiera no soportaría estar allí en esas instituciones. Yo, con mucha resistencia, lo he hecho, porque sé que el día que deje de hacerlo, ese día nadie más lo va a hacer por mí.

Las instituciones no han cambiado, para mí sigue siendo el mismo sistema revictimizador, violento, agresivo contra las víctimas.

Aunque sí hay una diferencia, ahora todo es: «tengo órdenes de arriba», «el superior me dijo», «me ordenaron». Al menos en el año 2001 eso no me lo decían.

— ¿Qué cree que todavía no entienden las instituciones venezolanas sobre la violencia sexual y la revictimización?

-A pesar de que han ocurrido grandes avances, pareciera que estamos en retroceso, porque esos avances quedan allí escritos en papel, en convenios, en normas, pero en la práctica sigue prevaleciendo la complicidad y ese amiguismo. Y no son las instituciones, son los funcionarios públicos que representan esas instituciones. Esas son personas de carne y hueso. Personas que afectan a otros.

— ¿Considera que las mujeres venezolanas tienen hoy más herramientas para denunciar que cuando usted inició su lucha?

-Sí, por supuesto. Mi caso fue en el año 2001, y lo que existía era la ley sobre la protección de violencia contra la mujer y la familia. Esa ley, por las características de mi caso, no me protegía. De hecho, la sentencia de la Corte Interamericana lo indica. No había una norma, no había una legislación en ese momento que me protegiera.

Hoy en día tenemos la ley orgánica, y aunque ha tenido varias reformas y aunque siguen los casos de las mujeres manteniéndose engavetados con grandes diferimientos, con grandes dilataciones, no es menos cierto que tenemos una norma. Lo que hace falta es aplicarla de la forma correcta. Sin amiguismos, sin esa sociedad cómplice que no valora lo que es ser una víctima de violencia de género.

— ¿Hubo algún momento en el que pensó abandonar la lucha? ¿Qué la hizo continuar?

-Para una sobreviviente y para una víctima de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en mi contra, no hay límites. Toda víctima necesita obtener justicia, necesita cerrar capítulos. Con la verdadera justicia, no con las migajas que pretendieron darme y que se las lanzan a las mujeres.

— ¿Qué le pide al Estado venezolano que ahora está volviendo otra vez a este caso?

-El cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, la investigación y sanción del ciudadano Luis Carrera. Por eso es tan importante su búsqueda, su captura y su sujeción ante la justicia.

La investigación y sanción de funcionarios públicos, jueces, magistrados, fiscales que de alguna manera u otra contribuyeron a que el proceso se dilatara, a que hubiera violaciones a los derechos humanos.