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Narcotráfico de los sobrinos Flores ¿asunto de Estado?

El caso de los sobrinos de la primera dama y diputada oficialista, Cilia Flores, tiene visos de ser un asunto de Estado. Según las confesiones hechas por los hallados culpables por la justicia estadounidense, usaron recursos de la República para traficar droga hacia Estados Unidos. A pesar de que varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alegaron que Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores son unos “secuestrados” del gobierno de EEUU, hay asuntos claves en la acusación que demuestran que es un caso con implicaciones que van más allá de su importancia por estar relacionado con la familia presidencial. Así lo aseguraron los diputados opositores en la sesión del martes en la que debatieron el caso. El legislador de la MUD Ismael García sostuvo que la denuncia de que usaran el hangar presidencial para partir del país así como pasaportes diplomáticos “hacen todo más grave”.“No ha habido una posición ante el país del presidente de la República a pesar de que estamos frente a un hecho extremadamente grave”, dijo.Francisco Flores de Freitas confirmó que él y Efraín Campos Flores, sobrinos de Cilia Flores, tenían la capacidad de sacar drogas de Venezuela gracias al poder de su familia. Flores de Freitas le dijo en las grabaciones a “El Sentado”, hombre que sirvió de testigo de la DEA, que ellos controlaban el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y sacaban la droga por el hangar presidencial, es decir, la Rampa 4 que es custodiada por la Guardia de Honor Presidencial - organismo militar encargado de la seguridad inmediata del presidente de la República-. En las grabaciones obtenidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA) durante los encuentros en Caracas y Honduras los acusados contaron con sus propias voces sobre el control total que tenían en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas. Además de cómo planificaron el envío de cocaína y ofrecieron detalles de precios y relaciones. También se ha asegurado que portaban pasaporte diplomático al llegar a Haití donde fueron detenidos. Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, expresó que “las pruebas recabadas por la Fiscalía de EEUU contienen elementos que comprometen al Gobierno de Maduro”. Entre las pruebas mencionó los pasaportes diplomáticos. En su momento, apuntó que “Campo Flores tenía privilegios como viajes en jets privados y una fortuna. Entre los privilegios que recibía Campo flores está un Ferrari del año 2015, de 280.000 dólares”, elemento que aparece en el informe emitido por la fiscalía de Nueva York que lleva el caso. La periodista Maibort Petit quien ha hecho seguimiento del caso escribió que “al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente”, cosa que la canciller Delcy Rodríguez ha negado. En la corte solo se mostraron los pasaportes normales. “Víctimas del EEUU” El diputado Diosdado Cabello expresó la noche del miércoles su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, por los “ataques” que han recibido tras la declaración de culpabilidad por delitos de narcotráfico a dos de los sobrinos presidenciales. Cabello afirmó que “los muchachos” permanecen “secuestrados” en EEUU. Advirtió en tono de amenaza que es “peligroso, muy peligroso” meterse con familiares de chavistas. También el parlamentario oficialista Pedro Carreño, durante el debate que se dio en la Asamblea Nacional del caso, expresó que la DEA hizo una emboscada en contra de los jóvenes y que le querían hacer en EEUU una “guerra psicológica” para que acusarán a la Primera Dama y al Presidente. Carreñó  incluso llegó a decir a los diputados opositores: “lo que hay contra esos jóvenes es una ‘coño e madrada’ y ustedes son los cabrones de esto”. A parte de estas, han sido pocas las declaraciones hechas por los voceros del gobierno sobre el caso. Ni Maduro ni Flores han tocado el tema. El pasado viernes, un jurado estadounidense los halló culpables de conspiración para llevar 800 kilos cocaína a Estados Unidos y conspiración para manufacturar y distribuir droga en ese país. La justicia fijó como fecha tentativa de la sentencia el próximo 7 de marzo, con penas que oscilan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. El fallo podrá ser apelado por la defensa.

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