“No sabemos, si las cenizas que nos van a entregar son de mi papá, de otro muerto o una pedazo de madera quemada”, resume Iska Rodríguez, una joven de 24 años, única hija de Raimundo Rodríguez. Este hombre murió de covid-19 tras una larga agonía y su cadáver se extravió en los laberintos de la burocracia y el autoritarismo.
En Venezuela los trabajadores de la salud que combaten la pandemia de covid-19 están desprotegidos en vida y después de la muerte. A la falta de quipos de protección, comida, abrigo y transporte se suma la certidumbre de saber que si caen enfermos no tendrán atención. Y si mueren, ni siquiera tendrán un hueco donde enterrarlos, o un horno donde su cadáver pueda ser cremado. Esta es la historia de una enfermera víctima de la negligencia más allá de la muerte.
El pasado 3 de septiembre, las autoridades localizaron en este predio un pozo de más de 10 metros de profundidad, del que ahora se extrajeron 19 nuevas bolsas con partes de cuerpos, que podrían pertenecer al menos a 40 personas.
Ascendió a 14 la cifra de cadáveres encontrados en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace casi cinco meses, informó este domingo la Fiscalía.
El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic) resaltó que este 2017 son 28 años de aquellos sucesos y recordó que uno de sus propósitos principales es que se esclarezca la verdad de lo ocurrido, se haga justicia y se repare el daño a los familiares de las víctimas.