El Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) pretende pasar por encima de fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al querer obligar a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a pagar por beneficios que están exentos, como utilidades y bonificaciones.
Una sentencia de la Sala Constitucional del 5 de junio de 2002, deja en evidencia los atajos que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar el referendo revocatorio en 2016, ya que en la misma se manifiesta que la recolección del 20% para convocar el referendo revocatorio debe realizarse en la circunscripción donde fue electo el funcionario que ostenta el cargo a revocar.
La norma en cuestión parte de considerar que el Estado venezolano es patrimonialmente responsable como consecuencia de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) otorgadas y no liquidadas.