Organizaciones civiles denunciaron hoy ante la CIDH un aumento de la pobreza en Venezuela y también la creciente "militarización del orden público", a raíz de la orden que autoriza al Ejército venezolano el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones.
En una audiencia sobre Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el aumento de la «exclusión social» en el país.
«El presidente Nicolás Maduro desmanteló en solo tres años los avances en pobreza que el (fallecido) presidente (Hugo) Chávez construyó durante doce años», dijo Rafael Uzcategui, de Provea.
Según Uzcategui, hay «alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza» en Venezuela, y «de no tomarse medidas correctivas», se cerrará el año 2015 «con igual numero de pobres que en el año 2000», cuando había casi 11 millones.
En ese sentido, si Chávez hizo avances hacia la inclusión social y redujo significativamente la pobreza, esa situación «ha cambiado significativamente con el Gobierno de Maduro», argumentó.
El activista de Provea citó indicadores como «la inflación», del 68,5 % según cifras oficiales «pero que para el sector de alimentos, que impacta especialmente a sectores populares, se ubica en casi un 100 %».
Mencionó además «la generalización del desabastecimiento de productos alimentarios de consumo masivo, tanto en cadenas públicas como privadas de alimentos», así como los cortes de electricidad y agua.
Al respecto, el representante del Gobierno venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, dijo que Provea «miente» con sus análisis y que en los últimos 15 años «millones de personas han dejado de padecer hambre» en Venezuela.
«Sí, tenemos una inflación, en todos los países hay inflación. Pero en Venezuela hay algo que no existe en ningún otro país del mundo: la Constitución exige al Gobierno a realizar ajustes al salario mínimo», sostuvo Saltrón.
En otra sesión centrada en la situación general de derechos humanos en el país, varios activistas denunciaron la «militarización del orden público» en Venezuela, en especial a la hora de reprimir manifestaciones públicas, en palabras del abogado Carlos Ayala.
El Ministerio de Defensa venezolano emitió hace unas semanas una resolución en la que regula la actuación de la FANB (Fuerza Armada) en el control de manifestaciones y protestas y la autoriza, cuando la situación lo requiera, a emplear el «método del uso de la fuerza potencialmente mortal» durante las manifestaciones.
La CIDH instó este mes a Venezuela a tomar medidas para «evitar el uso excesivo de la fuerza» por parte de los agentes públicos en manifestaciones, especialmente tras la muerte del joven de 14 años Kluiverth Roa en una protesta.
Hoy, uno de los siete integrantes de la CIDH, Felipe González, reiteró la «preocupación» del organismo por esa resolución, porque «la labor de control de manifestaciones es una que deben desempeñar los órganos policiales, no los militares».
Saltrón respondió al respecto que «toda manifestación debe ser pacífica y sin armas» y que eso no ha encajado con algunas protestas en Venezuela, y que la eventual intervención de los militares se daría siempre respetando el principio de «uso proporcional de la fuerza».
Con la mira puesta en lo ocurrido durante las protestas sociales de 2014 a 2017, el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley "contra el Fascismo y el Neofascismo"
En Venezuela la arbitrariedad desde el poder usa el miedo como su arma más eficaz para intentar fomentar la desesperanza, destaca Alí Daniels, al recibir el premio a la Defensa de los Derechos Humanos por su trabajo en la ONG Acceso a la Justicia.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
