La Justicia chilena liberó a más de 1.461 presos en las ciudades de Santiago, Valparaíso e Iquique, como solución a una sobrepoblación carcelaria que en el país alcanza un 70%, en una medida calificada como "grave" este lunes por el gobierno.
A través de sucesivos comunicados de prensa, el Poder Judicial confirmó este lunes que se había otorgado el beneficio de libertad condicional a 568 presos de Santiago, 788 de la cuidad de Valparaíso (centro) y 105 de Iquique (norte).
El número de personas «puestas en libertad es una cárcel que se abrió y eso es grave», sostuvo ministra de Justicia, Javiera Blanco.
En Santiago, los liberados corresponden al 32,1% de las solicitudes efectuadas. En Valparaíso se acogieron 788 peticiones de libertad condicional y se rechazaron 87. De acuerdo a la ministra de Justicia, normalmente en esa jurisdicción se otorgaban entre un 5% y un 10% de las peticiones.
El vocero del Poder Judicial, Milton Juica, explicó en rueda de prensa que la medida se ajustó a las nuevas normativas sobre libertad condicional aprobadas en 2013, y que en todos los casos se ajustaron a los «criterios técnicos».
«Esto es una función que se le otorgó a la justicia para dar una solución a la sobrepoblación carcelaria», explicó Juica.
En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el Congreso chileno aprobó una ley de indulto general que benefició a unos 6 mil reos con penas menores, también para tratar de descongestionar el hacinamiento en las cárceles. Entre los beneficiados, figuraban 1.066 extranjeros -la mitad de ellos bolivianos-, expulsados meses después a sus países de origen.
El indulto excluyó a aquellos condenados por delitos de secuestro, violaciones y homicidios.
Con una población penal de unos 53 mil reclusos, Chile cuenta con una tasa de hacinamiento que supera en 70% la capacidad prevista, con condiciones de vida denigrantes para los presos, según han denunciado distintas autoridades.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró ante la prensa que se involucró desde el inicio en la investigación por el caso de Ojeda a pesar del silencio. También envió condolencias a sus familiares
"Hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados", en un caso "vinculado principalmente al Tren de Aragua (...) y que ha estado cometiendo distintos delitos, como el de secuestro", dijo el fiscal Héctor Barros, a cargo del caso
"Esto no es un libro; es una denuncia y una advertencia", dice el exmilitar en el texto al que tuvo acceso La Tercera, de Chile. Allí asegura haber sido víctima de violencia por supuestamente conspirar contra el gobierno venezolano
