Un año después de la entrada en vigor de la ley que otorga a los descendientes de judíos expulsados de España hace cinco siglos la posibilidad de lograr la nacionalidad española, solo tres la han obtenido por trámite ordinario y 2.864 han iniciado el proceso, mientras que 4.535 la han logrado por real decreto.
De las solicitudes cursadas, Argentina encabeza el país de origen con 347 y le siguen Israel (270), Venezuela (268), Brasil (170) y Estados Unidos (166), y más bajo Turquía, considerada uno de los bastiones del legado sefardí con 95, o el Reino Unido con apenas 9 aspirantes.
Datos del Ministerio de Justicia español, responsable del portal electrónico al que los peticionarios deben dirigirse para iniciar la tramitación muestran los resultados del primer año de vigencia de esa ley en la madre patria.
La legislación, aprobada en junio de 2015 por el Parlamento español, iba dirigida a descendientes de judíos expulsados de la Península que pudieran acreditar su origen y especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tuvieran residencia legal en ese país.
Tras su entrada en vigor en octubre del año pasado se esperaba un aluvión de sefardíes en todo el mundo pidiendo la nacionalidad española como reparación a la expulsión.
Pero lo cierto es que, transcurridos doce meses, los exiguos datos ponen de manifiesto que el proceso se torna algo más complejo de lo que en un primer momento se esperaba y, pese al interés inicial, los solicitantes, de 60 países, no se acercan ni de lejos a los cientos de miles que vaticinaban diversos organismos.
Más efectivos han sido los dos reales decretos que completaron la ley y que facilitaron que este año 4.535 sefardíes se nacionalizaran españoles.
Se trata de expedientes iniciados con anterioridad a la aprobación de la ley de sefardíes que habían acreditado su condición de descendientes de los expulsados por el edicto de los Reyes Católicos de 1492 y que han sido considerados españoles por carta de naturaleza o por actas de notoriedad, como el rabino jefe sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar.
Estas personas quedan amparadas por la nueva ley, que les permite mantener la doble nacionalidad.
El embajador de España en Israel, Fernando Carderera, explicó a Efe que su embajada en Tel Aviv ha tramitado unos 300 expedientes que han concluido en otros tantos pasaportes de nuevos españoles.
«Eran casos que estaban pendientes y se tomó la decisión de agruparlos en una especie de aprobación en bloque de todos los que reunían las características», explica.
El diplomático considera que «la ley ha tenido buena acogida en Israel, donde se ha interpretado como un gesto de reconocimiento de toda la herencia judía en España», pero al mismo tiempo «es compleja porque hay que hacer una serie de trámites ya que nos estamos remontando a hace 500 años».
José Benarroch, presidente de la Unión Sefardí Mundial, que tramita solicitudes con el visto bueno del Ministerio de Justicia para expedir certificado de apellidos, cree que las autoridades españolas temían un «efecto tsunami» para hacer frente a una gran demanda de pasaportes por parte de sefardíes, pero que «los recelos no solo eran infundados sino que se produjo una reacción contraria».
Y culpa en parte a requisitos como el examen de español, de Constitución y de cultura española que deben cumplimentar los solicitantes en el Instituto Cervantes, así como el viaje de un notario a Madrid tras la entrega previa del expediente vía digital, como frenos al entusiasmo por obtener un «reconocimiento» de España.
Su organización, con sede en Jerusalén, ha gestionado alrededor de 250 casos de los que han sido enviados a notario unos 50, que no fueron rechazados por Justicia, que tiene un año para decidir.
Para David Hatchwell, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, la ley ha sido un éxito, «porque es un gesto de amistad hacia el pueblo judío que demuestra una voluntad y la manera de construir puentes de la España democrática con el mundo judío».
Pero considera que «una serie de aspectos administrativos actúan como verdaderas trabas y harán que las cifras de obtención de la nacionalidad sean limitadas».
Señala que «va en contra del espíritu de la ley» el que una persona de 80 años que habla judeo-español tenga que aprender castellano, o que los solicitantes deban desplazare a España cuando podrían usar los consulados y evitar costes.
De las solicitudes cursadas, Argentina encabeza el país de origen con 347 y le siguen Israel (270), Venezuela (268), Brasil (170) y Estados Unidos (166), y más bajo Turquía, considerada uno de los bastiones del legado sefardí con 95, o el Reino Unido con apenas 9 aspirantes.
Algunas estimaciones sostienen que entre un tercio y un quinto de los 13 millones de judíos del mundo descienden de la rama sefardí, si bien poder demostrarlo es un asunto más complejo. EFE
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