Perú cumplió este domingo una semana sin saber quién será su nuevo presidente, mientras el izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja en el lento escrutinio y la derechista Keiko Fujimori insiste en denunciar un «fraude».
Castillo aventaja a su rival por 49.000 votos -50,14% versus 49,86% de Fujimori- tras escrutarse el 99,93% de las mesas de sufragio del balotaje del domingo pasado, que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró limpio y sin «graves irregularidades».
Perú, que tuvo tres presidentes en 2020, sufre la incertidumbre, mientras Fujimori moviliza a sus seguidores a las calles para denunciar «fraude» y «hechos muy graves» en la votación y el escrutinio.
Castillo, en tanto, se siente ganador y pidió a los suyos la noche del sábado «paciencia» y «serenidad». También instó a «no caer en la provocación, ya que estamos en un momento crítico».
«Hay mucho en juego: quién es el ganador en momentos que la distancia es muy corta y no sabemos a ciencia cierta el volumen de votos contestado […], y está en juego la legitimidad del proceso electoral», dijo a la AFP la analista Sonia Goldenberg.
«Hay la sensación de ambos lados de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no es confiable, lo cual es grave en una coyuntura como ésta, y tampoco sabemos si los dos candidatos van a aceptar el resultado», añadió.
Vargas Llosa: «no usar palabra fraude»
El JNE, que revisa el escrutinio del órgano electoral (ONPE) y proclama al vencedor, está bajo presión de los partidarios de ambos candidatos, que diariamente se manifiestan afuera de su sede en el centro de Lima.
El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que apoya desde España a Fujimori, dijo este domingo que el JNE «es la máxima y la única autoridad que debe pronunciarse» sobre la legitimidad del escrutinio y los pedidos de impugnación, en una entrevista con el Canal N de Lima.
El escritor, que en el pasado fue antifujimorista, dijo que el JNE debe evaluar las impugnaciones de Fujimori, pero fue cauto sobre sus denuncias de «fraude».
«La palabra fraude es una palabra muy peligrosa […], quizás sería prudente, mientras el JNE no se pronuncie, no utilizar la palabra fraude», dijo. «El fallo […], sea cual sea, va a ser muy criticado».
«Hay que ver la magnitud del fraude [que denuncia Fujimori], si es que el fraude existió», indicó Vargas Llosa, quien afirmó que un triunfo de Castillo sería una «catástrofe» para Perú.
Este domingo, en que hubo una suerte de pausa en las disputas electorales, el JNE publicó la distribución de los 130 escaños del Congreso que acompañará al futuro presidente, elegido en paralelo a la primera vuelta presidencial, el 11 de abril.
Las mayores bancadas serán del partido Perú Libre de Castillo (37 bancas) y Fuerza Popular de Fujimori (24), lo que significa que el nuevo presidente deberá buscar alianzas para sus proyectos (66 votos para aprobar una ley) o para salvarse de la destitución, un trámite muy rápido en Perú para el que se necesitan 87 votos.
El nuevo mandatario y el nuevo Congreso deben asumir el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de la independencia.
¿Le alcanzará?
El JNE todavía debe resolver los pedidos de impugnación de miles de votos y de cientos de actas de mesas de sufragio, sobre todo por parte de Fujimori, la última esperanza que tiene para revertir los resultados.
«Keiko igual puede ir acortando distancia, pero es muy difícil que le alcance. Puede que se dé vuelta el resultado, no es imposible, pero cada vez es más difícil», dijo a la AFP la politóloga y académica Jessica Smith.
«En el caso de que Keiko diera vuelta el resultado, los que van a acusar fraude son los partidarios de Castillo», afirmó.
El analista Hugo Otero dice que Fujimori, ante lo que parece ser una inminente victoria de Castillo, intenta sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.
«Es la manera de librarse del fracaso, de la caída», declaró a la AFP el exasesor del difunto expresidente Alan García.
«Queremos transparencia»
El sábado en la noche, Fujimori participó en un mitin con miles de seguidores en la plaza Grau de Lima, donde repitió sus denuncias de fraude.
«Estamos aquí para se respete nuestro voto, para que se analicen las actas, queremos una elección transparente», dijo la candidata de 46 años, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero si pierde el balotaje.
Un fiscal anticorrupción pidió el jueves prisión preventiva para ella, por supuestamente infringir las reglas de su libertad condicional por el caso de aportes ilegales del gigante de la construcción brasileño Odebrecht.
La solicitud fiscal elevó la tensión en medio del lento escrutinio, en un país sumido en convulsiones políticas desde hace un quinenio, y será resuelta por un juez el 21 de junio.