Entre dudas y paredes rotas: así se vive en el edificio La Pastora
Un patólogo estructural privado visitó el edificio La Pastora y concluyó que no hay daños estructurales, contradiciendo el diagnóstico de las comisiones oficiales que indican que el edificio debe ser desalojado
En el edificio La Pastora nadie quiere desalojar, a pesar de que una etiqueta roja de la Comisión Presidencialrecomienda desocupar inmediatamente. Para los vecinos han sido días de contradicciones, pero tienen claro su argumento: la estructura no resultó tan afectada como para que todos deban irse. De hecho, nadie se fue. Siguen allí, entre paredes agrietadas.
«No sufrió ningún tipo de daño. Hay unas vigas que muestran una especie de fisura, pero a mi parecer son antiguas, no son del terremoto», dice Joseph Muñoz, presidente de la junta de condominio.
Según los vecinos, a esta zona de la urbanización La Pastora -avenida Norte 24- la Comisión Presidencial que puso la etiqueta roja llegó nueve días después del terremoto.
«En medio de la desesperación buscábamos una respuesta sobre el estado de la estructura y tuvimos que esperar a que vinieran a chequearnos. Llenamos encuestas, formularios, no sé cuántas cosas llenamos, la verdad», dice Muñoz, quien señala que durante todos esos días los vecinos pasaron las noches frente al edificio, incluyendo personas de tercera edad con dificultad para movilizarse.
«Ni dormíamos… En medio de las réplicas y los ruidos que se escuchaban, lo que hacíamos era esperar».
Edificio La Pastora. Foto: Daniel Hernández
Plan de contingencia
Los vecinos trataban de mantener cierta normalidad en una realidad que era cualquier cosa menos normal. Llegó el momento de tomar una decisión: ¿qué hacemos? Acordaron abrir el gas y el agua. «Empezamos a trabajar normal, como si no hubiese pasado nada, recogiendo escombros, barriendo, viendo nuestras casas destrozadas».
El edificio La Pastora fue construido en 1963, tiene 10 pisos —contando la terraza— y dos apartamentos por piso. Su estructura interna delata su antigüedad: la estética de las escaleras y el ascensor lo revelan. Ahora, su fachada interior está marcada por grietas y fisuras.
Joseph explica que los enviados de la Comisión Presidencial -dos ingenieros y un funcionario de Control Urbano- concluyeron que el edificio tiene la estructura comprometida por una fisura en uno de los nodos. Para confirmar eso, dice, se necesita que un ingeniero estructural o un patólogo haga una prueba de escáner para precisar la profundidad de la fisura y si realmente justifica una etiqueta roja.
La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras fue creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para atender las necesidades de las víctimas del terremoto del 24 de junio. El sistema utiliza un semáforo de tres colores —verde, amarillo y rojo— para determinar la habitabilidad de cada estructura inspeccionada.
La comisión está presidida por el ingeniero Francisco Garcés e integrada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el de Obras Públicas, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la FANB, Funvisis, la Cámara de Construcción de Venezuela y las universidades UCV, UCAB, UNEFA y UC.
Joseph y su esposa lograron que la comisión visitara el edificio. Paralelamente, una vecina había conseguido tres ingenieros certificados por el Colegio de Ingenieros para una visita independiente el mismo día.
«El primer grupo que llegó fue el del Colegio de Ingenieros, luego la comisión. Parece que se conocían. Uno de los ingenieros del colegio era profesor de los otros», cuenta Joseph.
Escaleras del edificio La Pastora. Foto: Daniel Hernández
El profesor guió la inspección en los dos primeros pisos, los más afectados. Detectaron una grieta en el piso de granito de uno de los apartamentos, lo que llevó a ambos equipos a concluir que La Pastora tenía daños estructurales. Eso, sumado a la posible fisura en un nodo, determinó la etiqueta roja.
¿Y a dónde me voy a ir?
Al terminar la visita, los vecinos quedaron consternados. Desalojar era la principal recomendación, pero la pregunta que repetían no encontró respuesta gubernamental: ¿a dónde vamos?
«No tenemos otro lugar, mejor quedarnos en nuestras casas, a nuestro propio riesgo». Eso fue lo que hicieron. Joseph convocó una reunión extraordinaria de condominio y las 20 familias del edificio decidieron quedarse, tomando precauciones.
«Yo no tengo para dónde irme. Todos estábamos como pajaritos en grama. Tenemos personas de la tercera edad, niños menores de un año».
«Decidimos seguir adelante. Los que se quisieron ir están en su derecho, si tienen a dónde… Pero yo no veo comprometida la estructura de mi edificio. Sí, tiene paredes destruidas y hay zonas donde no debo estar por sentido común, sin que me lo haya dicho un patólogo. Si una pared tiene los ladrillos al descubierto, no me voy a quedar allí».
Foto: Daniel Hernández
Los vecinos pedían una segunda revisión con escáner, pero los costos eran muy elevados. Según el ingeniero civil y patólogo Samuel Orsini, un informe patológico completo puede costar entre 1.000 y 3.000 dólares, dependiendo de las pruebas y los honorarios.
Sin embargo, a través de una vecina lograron que un patólogo estructural privado visitara el edificio. Su conclusión fue que todo estaba bien, que las fisuras detectadas eran normales y que la edificación no sufrió daños estructurales.
«Nos está dando tranquilidad. Sin embargo, tengo que llevar su informe a la alcaldía para refutar la etiqueta. Ese día solo fueron ingenieros, ningún patólogo estructural», explica Joseph.
Ese informe privado no otorga la potestad para cambiar la etiqueta, pero sí puede iniciar el proceso de impugnación. Mientras tanto, el miedo persiste.
«En cualquier momento viene otra comisión, ve la etiqueta roja y nos desaloja. Pero la realidad es que quienes pusieron eso eran solamente tres personas de la alcaldía, ninguno patólogo».
Foto: Daniel Hernández
Inspecciones: metodología y limitaciones
El ingeniero Samuel Orsini explica que tanto la Comisión Presidencial como el Colegio de Ingenieros están realizando inspecciones rápidas, una metodología heredada de Japón y adaptada al contexto venezolano.
«Estas inspecciones no deben tomar más de 10 a 30 minutos para identificar las estructuras afectadas. En una fase siguiente deben realizarse inspecciones patológicas más detalladas», dice Orsini, quien considera que siempre deberían estar acompañadas por un ingeniero patólogo o un ingeniero civil con amplia experiencia.
«En el país no somos suficientes y es imposible darse abasto, especialmente en inspecciones que son ad honorem«.
El experto señala que entre los inspectores hay arquitectos, estudiantes e incluso profesionales de otras áreas, lo que ha generado criterios desiguales de evaluación. «He conocido casos donde realizan las inspecciones simplemente albañiles o ingenieros de otras áreas fuera de la ingeniería civil. Esto lleva a errores o malos juicios con respecto a la colocación de esas tarjetas».
Orsini asegura haber visto errores en ambas direcciones: edificios con problemas estructurales con etiqueta verde y edificios sin daños con etiqueta roja.
Etiqueta roja del Edificio La Pastora. Foto: Daniel Hernández
Las comisiones utilizan una aplicación para registrar los datos durante la inspección, siguiendo una planilla específica. Los ingenieros recibieron una capacitación de dos horas para aprender a usarla.
«Cada inspección debería contar con al menos una persona experta o con mediano nivel de conocimiento en el área», recalca Orsini.
El proceso de inspecciones rápidas -se estima- durará un mes. A partir de esta semana, según Orsini, deberían comenzar los análisis patológicos más amplios.
Ahora, a esperar…
Joseph y sus vecinos esperan el informe del patólogo y el cambio de la etiqueta para comenzar con las reparaciones.
«Decidimos tomar cuotas especiales porque entendemos la situación del país y sabemos que hay gente que necesita más. Hay personas a las que desalojaron de sus casas y que de verdad necesitan un hogar, ¿por qué vamos a quitarle los recursos?»
Joseph confía en que cuando les den luz verde comenzarán los trabajos en La Pastora. «No vamos a estar esperando al gobierno para que nos venga a arreglar».
Mientras tanto, siguen las recomendaciones del patólogo: no acercarse a las pocas paredes verdaderamente comprometidas.
Los vecinos de las residencias La Pastora saben que se la están jugando. No es un asunto de desacato al Estado, se trata de que no tienen otro lugar: o es la calle, o es su viejo edificio. Hoy no tienen más opciones.
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