La organización civil divulgó un comunicado en el que enumera las múltiples irregularidades denunciadas a lo largo del llamado interinato y lo mucho que está en riesgo a propósito de los bienes de la República e increpa a Juan Guaidó por la falta de información clara y por la inexistencia de investigaciones serias sobre los casos
Transparencia Venezuela acaba de pulsar una tecla incómoda para Juan Guaidó y su equipo: «La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados. Los reportajes recogen -entre otras- las denuncias de supuestos sobornos para la recuperación de activos, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior».
Eso dice un extenso comunicado divulgado ayer 4 de octubre.
Y dice mucho más: «Señalan también la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato. Hasta la fecha, la página web de la Asamblea Nacional 2015 carece de información de rendición de cuentas».
En el texto, la organización civil le recuerda a Guaidó que «Poner en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos y expuestos otros por la Gran Corrupción desde hace décadas, constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la propia Asamblea Nacional electa en 2015».
Y le recuerda también que no han hecho nada por aclarar situaciones sospechosas: «Desde las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, la Asamblea Nacional no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia, de contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas sobre las que Transparencia Venezuela se pronunció en su momento».
La lista de asuntos pendientes por hacer o aclarar de acuerdo a Transparencia Venezuela incluye la aprobación formal de los recursos correspondientes a 2021 para «hacer posible la contratación de apoderados judiciales para la defensa de los intereses de Venezuela, en juicios que se celebran en varios países» y que «comprometen la defensa de 24 mil millones de dólares estadounidenses que constituyen bienes de Venezuela», entre ellos el caso de los Bonos Pdvsa 2020 y el arbitraje de la empresa Conoco, además de los litigios sobre Citgo.
También incluye el caso Monómeros:
«Juan Guaidó designó en 2019 una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., filial de Pequiven y productora de fertilizantes en Colombia. Un año después, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción, los cuales fueron desestimados luego de la rendición de cuentas en julio de 2020. Sin embargo, no se atendió la denuncia del ex embajador de Guaidó en ese país, Humberto Calderón Berti, sobre la intromisión de representantes de partidos políticos de la alianza opositora en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni se emitió un informe al respecto.
La decisión de la Superintendencia de Sociedades, órgano del Ejecutivo colombiano, sobre la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., y las diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa muestran el riesgo de la opacidad en la gestión pública ligada al Gobierno Interino.
La Superintendencia de Sociedades, mediante resolución No. 301-004466 del 20 de agosto de 2021, tomó la decisión administrativa de control, la cual tiene como propósito promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente, sobre la base del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Sobre esta decisión la Junta Directiva Ad hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., señaló que ejercería los recursos legales para revocar la medida, lo que provocó la renuncia de su presidenta, Carmen Elisa Hernández.
No obstante, ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, especialmente si se considera que el Estatuto de la Transición señala que las medidas respecto de empresas ubicadas en el extranjero están dirigidas a su protección. El Gobierno interino emitió un comunicado el 15 de septiembre informando sobre la medida de reestructuración y auditoría».
El comunicado completo puede ser consultado aquí.
El interés nacional celebra el acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para “defender los bienes y la propiedad de Citgo y preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano"
El régimen chavista de Nicolás Maduro tendrá más plata del petróleo y el oro para gastar en una campaña electoral; en teoría la mayoría opositora no será más perseguida y podrá escoger su candidato; y la valiosa empresa Citgo, amenazada de embargo por deudas del chavismo, tiene un respiro de tres meses. Son algunos efectos colaterales de este histórico acuerdo que sigue despertando más incertidumbre que certezas.
Horacio Medina, presidente de Junta Administradora Ad hoc de PDVSA en Estados Unidos, responde en este artículo al economista Francisco Rodríguez sobre la situación de la amenazada refinadora Citgo.
