La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó este martes ante la Asamblea Nacional (AN) el informe de gestión anual correspondiente al año 2015 y afirmó que el Ministerio Público siempre ha actuado fiel a los valores de imparcialidad.
Ortega Díaz aseguró al parlamento que Venezuela no ha solicitado la extradición del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel, detenido en Suiza por el escándalo de corrupción de la FIFA, «y no la vamos a pedir», recalcó.
La congelación de las cuentas del mandamás del balompié local fue resaltado como un logro de la gestión del Ministerio Público.
«El Ministerio Público siempre ha actuado apegado a los derechos humanos y fieles a los valores de honestidad, justicia, eficacia, ética, probidad, responsabilidad e imparcialidad, pero nuestro valor más preciado es el servicio al país», dijo ante la plenaria.
Señaló que se ha llevado a cabo un «importante trabajo» para castigar el tráfico de drogas y aclaró 21.127 personas han sido puestas a la orden del MP por este delito.
«Los sectores vulnerables han sido prioridad en mi gestión», dijo al tiempo que agregó que 1.312 funcionarios fueron imputados y 132 se encuentran privados de libertad.
En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
Fuentes judiciales recapitulan los cargos por al menos 505 casos de asesinatos, tortura, represión, persecución sistemática de opositores, violación del hogar de los que se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a cuatro de sus estrechos colaboradores militares, según la demanda que después de tres años apenas avanza en la Corte Penal Internacional, en La Haya y que fue impulsada por varios gobiernos americanos.
