En entrevista a Unión Radio, Faría resaltó que, tras realizar una auditoría a las firmas presentadas por la coalición opositora, se determinaron ciertas irregularidades en las rúbricas. De acuerdo a sus pesquisas, al menos 1700 menores de edad y cerca de 3 mil privados de libertad aparecen como firmantes, además de alrededor de 3 mil personas que reclamaron la presunta usurpación de su identidad para ese proceso.
Destacó que la actividad de este miércoles en las inmediaciones del Poder Electoral demuestra la intención del PSUV de no permitir que exista «impunidad» en esas irregularidades. De ahí es la insistencia para que, tanto el TSJ como el CNE, se pronuncien al respecto.
Jacqueline Faría no sabe cuáles serían en concreto las sanciones legales, pero sí estima que los responsables directos del eventual «fraude» deben ser castigados.
Con respecto al proceso revocatorio, ratificó que «los tiempos no dan» para que se realice, por lo que su proyección, de aprobarse la solicitud, sería que se realice en el primer trimestre de 2017.
Con información de Unión Radio.