Según los oficialistas, ya son 34 veces que «no van a trabajar».
Esta acción de llevar a cabo una sesión en la Asamblea Nacional para debatir sobre este tema no es nuevo. Esa opción se iba a iniciar el 25 de octubre de 2016, como parte de los mecanismos que propuso la oposición, después de que fuera suspendido el referendo revocatorio por parte del Gobierno, luego de que en varios estados del país, tribunales penales dejaran sin efecto la recolección del 1% de las firmas, que permitiría a la Mesa de la Unidad continuar con el paso siguiente para la activación de ese mecanismo, que era recabar el 20% de rúbricas del padrón electoral durante la última semana de octubre.
Paralelamente, la oposición y el oficialismo enviaron cartas al Vaticano para solicitar su intervención y fungiera como acompañante en el diálogo que impulsó el Gobierno a través de Unasur, en la figura de los tres expresidentes, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Las conversaciones iniciaron el 30 de octubre, en donde la oposición se comprometió a suspender las actividades en la Asamblea Nacional en torno al debate sobre la responsabilidad política del Presidente de la República.
Días más tarde, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, anunció la suspensión del orden del día de esa oportunidad, en concordancia con lo acordado en la mesa de diálogo. En esa oportunidad, el diputado por Voluntad Popular, Freddy Guevara, destacó que, a pesar de no estar de acuerdo con la medida, acataría la mayoría en el Hemiciclo para dar paso a la postergación.
Tras dos meses de negociaciones con el Gobierno, junto a los facilitadores, la Mesa de la Unidad afirmó que el sector oficial no cumplió con lo establecido en el diálogo, como la liberación de presos políticos y un cronograma de elecciones, como parte de mecanismos para iniciar un cambio en el país. En ese sentido, decidieron no dialogar directamente con los representantes del Ejecutivo.
Por su parte, la representación del Gobierno, afirmó que la coalición opositora quiso darle «una patada a la mesa» al querer «violentar la Constitución». Siempre han sostenido que el Parlamento carece de facultades para llevar a cabo una discusión sobre la responsabilidad política del Presidente, debido a que en Venezuela existe un «régimen presidencialista» y no parlamentario, como en Brasil y Paraguay.
