La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) exige a las autoridades venezolanas "garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y manifestación pacífica y poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares, según un comunicado donde esta entidad contra la violencia registra 946 manifestaciones en el país desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo.
La ONG lleva la cuenta de 44 muertes en este período, ocho más que los 36 reconocidos hasta ahora por el Ministerio Público como ocurridos en el marco de las protestas y disturbios asociados a la violencia política. Sus activistas rastrearon estos asesinatos y muertes incidentales en el mapa de Venezuela.
Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades del país que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 37 días, señala el reporte.
Los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semanas, con un registro de 63 casos, en los que fueron afectados números establecimientos o transportes.
El número de detenidos en manifestaciones está por encima de los 1.700, según datos de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV).
Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.
«EL OVCS recuerda que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de las FANB, amparados en el Plan Zamora, incrementan el expediente que en materia de violaciones a derechos humanos acumula el Estado venezolano», recalca el comunicado.
También denuncian que en paralelo a la activación de este plan cívico-militar, el gobierno lleva a cabo detenciones «al margen del Estado derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares».
Según datos oficiales, solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.
Esta situación es violatoria los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
En sus alegatos, el Observatorio de la Violencia exige:
· Poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares.
· Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
· Suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
· Prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.
«El OVCS como organización que promueve y defiende derechos humanos exige una investigación expedita y oportuna de los asesinatos y sanción para los culpables. Asimismo, libertad plena para las personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas. Insistimos al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país», agrega el texto.]]>
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
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