TSJ imprime el sello "constitucional" a orden de Maduro que limita las garantías

En una nueva y previsible sentencia, la Sala Constitucional, dominada por el gobierno,  declaró en un comunicado la legalidad «dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y los ciudadanos» del país.
Según la decisión, así el presidente Maduro podrá «continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno», el acceso «oportuno» a bienes y servicios.
El Tribunal además declaró nulo el acto del Parlamento con el que se desaprobó este decreto, con el argumento de que todos los actos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, son «absolutamente nulos» mientras no sean excluidos los tres diputados del estado Amazonas objetados por el chavismo y sobre cuyo caso no se ha pronunciado de manera firme el Poder Judicial.
Maduro aprobó el 16 de mayo el decreto que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, como una medida para «preservar el orden interno».
La norma señala que «podrán ser restringidas las garantías» para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son «el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».
El Gobierno venezolano podrá «diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados», añade el decreto.
No obstante todas estas restricciones ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de «excepción y emergencia económica».
Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento y sólo pueden ser prorrogados dos veces por 30 días.
(Con información de la agencia EFE)]]>