El fiscal general designado por la chavista Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, calificó este jueves de "sesgado" el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir un examen preliminar al gobierno venezolano por la represión ocurrida en las manifestaciones opositora de 2017.
«La información que maneja la fiscal de la Corte Penal Internacional pareciera sesgada, pues ella no ha tenido la oportunidad de comunicarse para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país», dijo Saab en unas declaraciones televisadas.
“En primer lugar debo recordar que la CPI actúa de manera complementaria cuando en un Estado los casos que podrían ser evaluados en un examen periódico no hayan sido judicializados”, agregó.
Saab aseguró que el organismo que dirige atiende todos los casos con la Defensoría del Pueblo y los tribunales venezolanos.
«Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos», agregó.
Saab afirmó que no habrá «impunidad» contra los funcionarios militares y policiales implicados en la violación de derechos humanos.
“Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya violado el derecho a la vida de cualquier ciudadano, sabrá que por parte de este Ministerio Público no habrá impunidad”.
"Vamos a ampliar las órdenes de aprehensión" por "el robo del avión de Emtrasur", anunció el fiscal a la prensa, en medio de la escalada entre ambos países, y en la cual la justicia argentina ordenó la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en una causa por crímenes de lesa humanidad
Saab calificó que la decisión de la justicia de Argentina es "ridícula" y una forma de "destruir" el Estado de Derecho Internacional. El fiscal aseguró que en Venezuela "no hay doble moral" y sí se investigan las violaciones a los derechos humanos
Saab indicó que las órdenes de aprehensión también son para Karina Milei, hermana del presidente argentino y secretaria de presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Defensa. Todo el caso estaría relacionado con la incautación del avión de Emtrasur
