La gravedad del problema del agua en Valencia fue denunciada ante la Fiscalía del estado Carabobo a través de un documento firmado por un grupo de ciudadanos que se plegaron a la acción emprendida por el partido Voluntad Popular (VP) en la ciudad y liderado por la concejal, Judith Sukerman.
También estuvieron presentes el concejal de VP, José Bucete, así como el diputado a la Asamblea Nacional por la misma tolda política, Ángel Álvarez Gil y el parlamentario independiente, Carlos Lozano, junto a representantes de la sociedad civil.
Sukerman explicó que solicitaron que se abra un procedimiento judicial contra la directiva de Hidrocentro para determinar la responsabilidad por las fallas en el suministro de agua a los hogares del municipio Valencia.
La petición es respaldada por más de 1500 ciudadanos que firmaron el documento consignado y que fue recibido por un fiscal de guardia.
“Estamos conscientes del secuestro de la institucionalidad en Venezuela pero es un requisito indispensable agotar las instancias nacionales para poder acudir a las externas. En un estado de derecho que funcionara, en un procedimiento como este se determinarían las responsabilidades porque sabemos que los recursos se han otorgado pero no vemos los resultados”, expresó la concejal.
Por su parte, el abogado Jesús Gánem dijo que acudieron ante la Fiscalía de Protección de los Derechos Fundamentales porque se viola un derecho humano fundamental (que es el derecho al agua). Indicó que también se quebranta la Constitución, la Ley de Aguas y el Tratado Interamericano de las Naciones Unidas.
“Tiene que haber responsables. Hemos iniciado durante toda la semana una gira por las parroquias del municipio Valencia (…) hemos recogido firmas en todas las parroquias”, destacó el abogado.
Vecinos de diversas zonas del área metropolitana de Valencia protestaron durante la mañana de este jueves 22 de marzo, día Mundial del Agua, para exigir que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (Minea) dé respuesta a los ciudadanos sobre el problema de fallas constantes en el suministro y calidad del líquido que llega las comunidades.
La manifestación pacífica la efectuaron en la redoma de Guaparo muy cerca de la sede del ente ministerial y hasta allá acudieron para consignar una comunicación en la que exigieron que se realicen análisis físico, químico y bacteriológico de muestras del agua recogida en tuberías de sitios residenciales, así como de las salidas de las plantas de tratamiento y del embalse Pao-Cachinche, bajo los parámetros de las normas de la Organización Mundial de la Salud.]]>
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