La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en favor de las investigación que solicitan Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Francia y Paraguay ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Nicolás Maduro por supuestos delitos de lesa humanidad.
La diputada Delsa Solorzano sostuvo que esta acción es “fundamental de cara a la lucha que viene haciendo la oposición en contra de la violación de derechos humanos”.
El acuerdo establece el respaldo a todas las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo, “en favor de la defensa de los Derechos Humanos del pueblo venezolano”.
La Comisión de Política Interior continuará remitiéndole a la Corte Penal Internacional, toda la documentación que pueda servir de sustento a las investigaciones.
Los parlamentarios aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro incurre en violaciones de derechos humanos en distintos aspectos. Desde la escasez de alimentos y medicinas hasta hechos como el ocurrido recientemente en San Juan de las Galdonas en el estado Sucre, en el que el gobierno “invisibiliza” lo ocurrido, según Solorzano.
Además agrega qué hay miembros de cuerpos de seguridad involucrados en delitos.
La detención del diputado Juan Requesens o el caso del ex funcionario Óscar Pérez y sus compañeros también son ejemplos de la violación de derechos humanos para los diputados.
Esto representa para algunos opositores, una opción para un cambio de gobierno. Otros no son tan optimistas por cuanto puede ser un proceso sumamente largo.
En lo que sí parecieran coincidir todas las posturas opositoras es en la necesidad de apoyar esta acción en la que no se descarta que se sumen otros países.
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
"Consulta Popular" del proyecto de Ley que fiscaliza y regula la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela arrancó este viernes con énfasis en presunciones de que estas entidades sirven para financiar a partidos políticos opositores, reciben fondos del imperialismo, lavan dinero y son una amenaza para el sistema.
Sin incidencia en las decisiones reales, sin capacidad de dictar leyes que se vayan a ejecutar realmente y sin sentido político de la oportunidad, al menos, para estar presentes en los debates de fondo del país, esta Asamblea Nacional-2015 es una triste entelequia
