La familia del diputado Juan Requesens, detenido hace dos meses por su presunta implicación en el atentado con explosivos del cual salió ileso el presidente Nicolás Maduro, desmintió el 5 de octubre las pruebas presentadas por el Gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El padre del legislador, Juan Guillermo Requesens, dijo a periodistas que al parlamentario «se le siguen violando de manera sistemática sus derechos humanos» pues, asegura, no tiene certeza de que se estén cumpliendo las indicaciones médicas en su caso.
«Mi preocupación es que esa foto que sacaron con unos médicos, si fue de ayer ¿Juan se sentía mal o no?, ¿tenía algún problema médico?, eso es un motivo de preocupación para mí como padre y médico y para toda la familia», sostuvo.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, aseguró el 4 de octubre ante la CIDH que «el Gobierno de Maduro garantiza los derechos de los privados de libertad» en el país caribeño.
En su exposición enseñó imágenes del diputado Requesens en las que se le aprecia caminando, con «una visita familiar» y «recibiendo atención médica», según describió Devoe.
El hecho de que existan esas fotografías constituyen, según el padre de Requesens, otra violación a sus derechos pues «el acto médico es confidencial, así como la visita de sus familiares debería ser privada».
Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto por funcionarios del cuerpo de inteligencia del país junto a su hermana Rafaela, quien fue puesta en libertad dos horas después.
Tres días después de la detención del legislador, el Gobierno difundió un video en el que se veía a Requesens, sentado frente a una cámara, asumiendo que formó parte en la organización del supuesto atentado, pero que actuó sin saber de qué se trataba, atendiendo a una solicitud del expresidente del Parlamento Julio Borges.
También circuló un segundo video en el que se ve a Requesens en ropa interior aparentemente manchada de excrementos, sin pronunciar palabra.
Su familia y abogado, que aseguran solo han podido verlo en una ocasión, califican su detención como «secuestro».
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