Las manifestaciones, convocadas desde la mañana, medirán el nivel de movilización de los opositores después de la abortada sublevación, que desató una ofensiva oficialista: un diputado preso, tres refugiados en sedes diplomáticas y otro huido a Colombia.
«Este sábado vamos a las calles por nuestra Asamblea Nacional», única institución en manos opositoras, tuiteó Guaidó la noche del viernes. «Por nuestros diputados valientes que lo están dando todo y por todo un país que sigue movilizado hasta conquistar la libertad», escribió.
El jefe parlamentario, reconocido como presidente interino por más de 50 países, se mantiene en pugna por el poder con Maduro desde hace tres meses y medio, en el contexto de la más grave crisis económica y social de la potencia petrolera en su historia reciente.
Desde que se proclamó mandatario encargado el 23 de enero luego de que el Parlamento declarara ilegítima la reelección del líder socialista, el ingeniero industrial de 35 años ha liderado manifestaciones y llamado a los militares a dar la espalda a Maduro, para propiciar una transición y «elecciones libres».
El articulador del alzamiento
Pero el heredero político de Hugo Chávez, que dice enfrentar un «golpe de Estado» continuado de la oposición azuzada por Estados Unidos, sigue contando con el respaldo castrense y sobrevivió al alzamiento del 30 de abril, prólogo de disturbios que dejaron seis muertos.
El viernes, Maduro acusó a su exjefe de inteligencia Cristopher Figuera de ser un «topo» de la CIA que coordinó la rebelión, en plena campaña de represalias contra los implicados.
Figuera y otros 55 oficiales fueron expulsados de la Fuerza Armada por un decreto presidencial.
La primera confirmación de la participación de Figuera llegó desde Washington. El martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que quedaban anuladas sanciones en su contra en recompensa por respaldar la rebelión, un paso para inspirar a otros altos dirigentes oficialistas a imitarlo.
En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, imputó a diez diputados, entre ellos la mano derecha de Guaidó, Edgar Zambrano, de traición a la patria y conspiración.
Zambrano, vicepresidente del Parlamento, fue detenido el miércoles en una operación cinematográfica que incluyó el remolque con grúa del vehículo en el que estaba. El TSJ anunció el viernes que fue ingresado en una cárcel militar en Caracas, hecho criticado por su defensa al tratarse de un civil.
Tres de sus colegas se refugiaron preventivamente en las residencias de los embajadores de Argentina e Italia y un quinto huyó a Colombia. Los restantes mantienen bajo perfil.
Intervención extranjera, «última opción»
La arremetida contra el Legislativo recibió condenas de la Unión Europea, el Grupo de Lima y Estados Unidos, principal valedor de Guaidó.
Este último país sancionó el viernes a otras dos empresas y dos barcos por enviar crudo venezolano a Cuba, en represalia por la detención de Zambrano y en el marco de su política de presión contra Maduro, en la que no descarta la opción militar.
Una intervención extranjera podría concretarse cuando sea «la única» salida que le quede a los venezolanos, dijo Guaidó en una entrevista con la televisión pública portuguesa RTP divulgada este sábado.
Podría ocurrir «cuando los aliados estén dispuestos a dar ese tipo de ayuda, y que esa sea la última opción, o la única que reste a los venezolanos», señaló Guaidó.
En medio de las tensiones, la Armada de Venezuela aseguró el viernes que un buque de la Guardia Costera estadounidense ingresó el miércoles a la zona económica exclusiva del país caribeño. Un día después acató la instrucción de abandonar el área.
De todas maneras, Venezuela reabrió el viernes sus fronteras con Brasil y Aruba, cerradas desde febrero para impedir una operación ideada por Guaidó para ingresar ayuda humanitaria desde países vecinos. Mantiene cerradas sus fronteras con Colombia y las islas de Curazao y Bonaire.