Desde que inició la cuarentena social a Ramiro no le quedó otra que usar su bicicleta para ir desde el pueblo donde reside hasta su trabajo, en una clínica en Cumaná. El aislamiento obligatorio vino acompañado de una aguda escasez de gasolina y enormes dificultades para acceder al transporte público.
Mientras en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, ocurrían protestas para reclamar por la distribución de combustible, él no tuvo mayor problema para trasladarse. Aunque, eso sí, le tocó pedalear por poco más de una hora desde el poblado rural Juana Josefa, en el municipio Bolívar, hasta Cumaná, la capital de Sucre.
Pero el sábado 9 de mayo Ramiro no volvía de su trabajo: usaba su bicicleta para llevar comida a sus hijas. Fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en una alcabala situada en el sector El Peñón, a las afueras de la ciudad y en la vía al pueblo donde tiene su hogar. Los guardias le decomisaron su bicicleta y los alimentos que le llevaba a su familia.
Y no le dieron mayor explicación. Solo le dijeron que era «una orden superior».
Además de todo, a Ramiro le tocó recibir una charla por parte de los uniformados, quienes le hablaron sobre la peligrosidad del coronavirus y pasó seis horas detenido e incomunicado en la alcabala junto a otras 25 personas. Algunos eran ciclistas profesionales y otros, como él, solo pedaleaban para poder trasladarse a comprar comida y medicinas.
En el grupo estaba un señor, sexagenario, que usaba su bicicleta para llevar comida a su casa y tuvo un ataque de pánico al no saber por qué fue detenido. Se supone que en Sucre está permitido circular con este tipo de vehículos para trasladarse a hacer diligencias esenciales.
En la alcabala de la Guardia Nacional, en El Peñón, no solo retuvieron de forma arbitraria a los ciclistas: también los despojaron de sus bicicletas, apiladas una al lado de otra contra una pared en las afueras del recinto, como si fueran enemigos públicos.
¿Por qué?
Ese sábado cuando Edgardo Tineo, representante de la Federación Venezolana de Ciclismo en el estado Sucre, se enteró de lo sucedido intentó contactar a Julio Barrios Torres, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en la entidad.
Tineo quería conocer la razón de las detenciones. Le preocupaba el hecho de que sucediera esto aunque artículo 12 del decreto 4.160, referido a la cuarentena social, no prohíbe el uso de este tipo de vehículos para hacer diligencias básicas porque –entre otras cosas- andar en bicicleta no impide cumplir con el distanciamiento social obligatorio.
![Cumaná](https://db-api.elestimulo.com/app/uploads/2020/05/ciclistas-Cumana2.jpg)
Justo ese mismo día en la ciudad se hacía viral un video que mostraba a más de 150 personas aglomeradas en una embarcación denominada «La Palita», que llegaba al puerto de ferrys de Cumaná proveniente desde el municipio peninsular Cruz Salmerón Acosta. Y, por otro lado, el ministro de Deporte, Pedro Infante, publicaba en su cuenta de Instagram que usaría su bicicleta junto a otros funcionarios públicos.
Entonces Tineo escribió un comunicado que circuló por las redes sociales. Allí no solo abogó por los ciclistas profesionales (algunos de los cuales habían sido detenidos el sábado) sino por quienes usan las bicicletas en sustitución de sus carros sin gasolina y también por quienes prestan servicios de delivery y encomiendas.
«Ahora todos tienen miedo de salir. Temen que se los lleve la Guardia Nacional y les quiten sus bicicletas», comentó. Días antes, Tineo había intentado, infructuosamente, proponerle a Barrios Torres que permitiera el entrenamiento de ciclistas profesionales, así como ocurre en otras regiones del país en las que hay baja incidencia de casos positivos de covid-19.
«En fin, general, insisto en que los ciclistas no somos sus enemigos. Menos si entrenan solos o en grupos pequeños como le recomendara normar y regular en la propuesta que le he remitido por dos días seguidos, sin obtener su respuesta», dice el comunicado.
Incertidumbre en Cumaná
El comandante de la Zodi respondió a los llamados de Edgardo Tineo. Justificó las detenciones como parte de sanciones ante la violación de la cuarentena social obligatoria.
Y aunque Tineo reconoció que los ciclistas profesionales no tenían permitido entrenar y que él mismo lo había advertido, no obtuvo respuesta ante casos como los de Ramiro, cuya necesidad para usar su bicicleta estaba ligada a la supervivencia.
«Sobre eso no hubo respuesta, más bien hubo evasión ante la pregunta», aseguró.
Tampoco hubo respuesta sobre los pobladores de municipios cercanos a la ciudad de Cumaná que usan bicicletas para trasladar parte de sus cultivos de frutas y hortalizas, venderlos y no morir de hambre durante la cuarentena.
Otros que quedaron en el limbo y con temor a salir a la calle son quienes se dedican al servicio de reparto de víveres. Diego (nombre cambiado a petición del declarante) empezó a trabajar en un servicio de encomiendas hace un mes y medio. Ante el desempleo, esta fue una buena alternativa para obtener ingresos.
«Me detuvieron el sábado. Yo usaba tapabocas, guantes e iba solo. Tenía que realizar una entrega y me la decomisaron, al igual que mi bicicleta. Ya me la devolvieron pero tengo miedo de salir, no sé si me vuelva a pasar lo mismo solo por trabajar», relató.
Tineo asegura que no se trata de confrontar sino de advertir sobre una situación que afecta, no solo a un grupo de deportistas, sino desde toda perspectiva: «La gente empezó a usar bicicletas ante la escasez de gasolina. Y su uso es algo que se debe promover, siempre que se cumplan medidas sanitarias relacionadas con la cuarentena».