Un amplio reportaje en The Washington Post pone contra la pared al golpeado gobierno interino de Juan Guaidó que lucha por sobrevivir después de perder su posición dentro del único poder que manejaba en Venezuela
En un reportaje de The Washington Post publicado el 2 de enero se señala a representantes del gobierno interino de Juan Guaidó como promotores de actos de soborno y corrupción al negociar con activos de Venezuela en el exterior.
La cifra es considerable. Un total de 40 mil millones de dólares en activos habrían sido negociados, según el diario, en medio de prácticas turbias que incluían altas comisiones para representantes del gobierno interino.
Todo empezó cuando Guaidó recibió el reconocimiento de los gobiernos de otras naciones. En ese momento el «poder» del presidente encargado solo se limitaba a lo internacional, pero sin tener una incidencia real en el acontecer diario del país. Para poder financiarse, el gobierno interino debía buscar recursos y dos empresarios en Miami le brindaron una solución.
Los empresarios «Jorge Reyes y Pedro Antar dijeron que habían identificado hasta 40 mil millones de dólares en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Los bienes, incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas, estaban vinculados a la compañía petrolera estatal de Venezuela», señala el reportaje.
Las negociaciones para llevar a cabo el plan de recuperación de activos iniciaron. Los representantes del gobierno interino que participaron fueron Fernando Blasi y Javier Troconis, este último llevó a cabo las conversaciones al ser el comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos de la presidencia de Guaidó.
Según la versión de los empresarios en Miami, en diciembre de 2019 recibieron una carta con una lista de demandas que ellos consideraron como «impactantes».
En esta carta se pedía un pago adelantado de 750 mil dólares a una compañía de Florida que es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.
«Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18% que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó», señala el trabajo de investigación.
Entre los pagos grandes e inusuales se encuentra un contrato con el gobierno de Paraguay con una comisión de 26 millones de dólares solo para el pago al abogado argentino Sebastián Vidal.
El acuerdo, finalmente no ejecutado, planteaba condonar la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. Según el Post este acuerdo se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó.
En su momento, José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, denunció internamente que los tratos que estaba realizando Troconis eran ilegales. Sin embargo Troconis mantiene su puesto dentro de la presidencia de Guaidó, mientras que Hernández renunció hace un mes.
El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1,7 mil millones de dólares del Ministerio de Alimentos de Venezuela, según el Post.
En este caso, Troconis señaló que él firmó el contrato con la firma en nombre del gobierno de Guaidó. Sin embargo, el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.
“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación en nombre de la República o empresas estatales, es el Fiscal General de la República”, escribió Falcón en un correo electrónico a los autores del reportaje: “Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y por lo tanto inválido”.
Ante las preguntas de los periodistas del Washington Post, el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, pidió al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso.
«No pongo mis manos en el fuego por nadie», dijo Vecchio: «Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar».
Sin embargo, Javier Troconis mantiene su cargo dentro de la administración de Guaidó, lo que ha despertado disgustos dentro del mismo sector opositor.
La investigación incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos que involucran a Troconis y que reflejan «pagos grandes e inusuales».
La respuesta del comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos de la presidencia de Guaidó fue simple: yo no fui.
“Este es un ataque contra todos nosotros”, dijo al diario. La pruebas son «falsas», señaló.
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