Este jueves en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se presentó un informe oral sobre la situación actualizada en el país. La Alta Comisionada pidió la liberación de las personas detenidas de forma arbitraria
Durante el 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó una actualización sobre la situación en Venezuela, en la que alertó sobre la persistencia de las detenciones arbitrarias, el uso de la tortura, la falta de independencia judicial y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que afecta a millones de venezolanos.
En su intervención, Al-Nashif destacó que, a pesar de los anuncios oficiales sobre la liberación de personas detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales, las detenciones arbitrarias y la persecución contra la oposición, la sociedad civil y la prensa continúan.
“Según autoridades estatales, 2.006 personas han sido liberadas, mientras que la cifra de la sociedad civil refiere un número de 1.485 personas. Sin embargo, lamentablemente, las detenciones arbitrarias continúan”, dijo: “No se respeta ni se garantiza la independencia del poder judicial. La legislación antiterrorista sigue utilizándose ampliamente para enjuiciar y detener a personas, violando las garantías del debido proceso y de un juicio justo, incluido el derecho a elegir su propia defensa y otras normas y estándares internacionales”.
A continuación, la transcripción de las palabras de la Alta Comisionada Al-Nashif este jueves 20 de marzo:
“Nos preocupan los continuos reportes de tortura y otras formas de malos tratos, incluso en el centro de detención de Rodeo I, y de hacinamiento, tanto en los centros penitenciarios como en los centros de detención preventiva. Al menos tres personas con condiciones médicas críticas han muerto bajo custodia, después de que se les negara el acceso oportuno al tratamiento. Esto es completamente inaceptable. En algunos casos, se ha negado a las mujeres detenidas el acceso a productos de higiene menstrual. La Oficina también ha recibido denuncias preocupantes de malos tratos infligidos a familiares de las y los detenidos, incluidos registros invasivos y denegación arbitraria de visitas.
Instamos a las autoridades a cumplir con su obligación de garantizar que las condiciones de detención estén acordes con las normas internacionales. Llamamos al fin de las detenciones arbitrarias y la liberación incondicional e inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas personas defensoras de derechos humanos, investigadores, miembros de partidos políticos y sus familiares, periodistas y trabajadores humanitarios y de ONG.
Señor presidente, según informes, continúan las desapariciones forzadas, entre ellas de miembros de partidos de la oposición, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, ciudadanos extranjeros y trabajadores humanitarios.
En este contexto, el espacio cívico sigue estando muy restringido. Un clima de miedo, intimidación y persecución está silenciando a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas percibidas como voces disidentes, y limitando el ejercicio de la libertad de expresión.
Los requisitos para cumplir con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro no son claros y son extremadamente onerosos, socavando la libertad de asociación. Instamos a la derogación de toda legislación que restrinja indebidamente los derechos a la libertad de expresión y de asociación.
En consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las autoridades deben tomar medidas para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, que es crucial para restablecer la confianza y la cohesión social.
Dado que las autoridades han anunciado una reforma constitucional este año, las aliento a que garanticen que el proceso sea transparente, participativo e inclusivo. Todas las personas de la sociedad venezolana, deben hacer oír sus voces y poder participar de manera significativa en este proceso. Toda enmienda constitucional debe cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos.
Señor presidente, desde nuestra última actualización en diciembre, la alta inflación ha persistido en Venezuela, con impactos desproporcionados en las personas de menores ingresos de la sociedad. Los ingresos de las personas venezolanas siguen siendo insuficientes para que muchos puedan llegar a fin de mes. Según estimaciones de la ONU, 7,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
La población venezolana sigue enfrentando desafíos significativos para acceder a servicios de salud, trabajo decente y un nivel de vida adecuado. Continúan los informes sobre la falta de medicamentos y suministros médicos vitales en un sistema público de salud que ya carece de personal suficiente. Según los informes, la mayoría de pacientes y sus familias no pueden cubrir el costo de los medicamentos y, a menudo, se les pide que lleven sus propios suministros a las cirugías.
La situación es peor para los pueblos indígenas, que están más expuestos al VIH, la malaria y la tuberculosis, con poco o ningún acceso a servicios médicos y de emergencia adecuados. La falta de transparencia con respecto a las tasas de mortalidad limita el diseño de planes adecuados de prevención y respuesta.
Algunas comunidades indígenas también continúan sufriendo el impacto de la minería ilegal en su territorio, incluso en áreas previamente declaradas libres de minería, en el estado de Amazonas y en otros lugares. Las operaciones militares para frenar la minería ilegal deben respetar todos los derechos de los pueblos indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado.
También nos preocupan los informes de suspensiones de salarios en el sector público y despidos de empleos, incluidos docentes, y en otros sectores.
Al mismo tiempo, nos sigue preocupando que las sanciones sectoriales amplias afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. Necesitan ser reevaluadas y levantadas.
Señor presidente, el diálogo de la Oficina con las autoridades venezolanas continúa en relación con nuestro trabajo en el país, e instamos a que se produzca un pronto y completo regreso de todo el personal al país lo antes posible dentro de un marco legal claro.
Mantenemos nuestro compromiso de apoyar la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela en cooperación con las autoridades y todos nuestros socios”.
El representante para las Relaciones Exteriores y la ONU de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, destacó la importancia de esta actualización y reiteró el llamado a la comunidad internacional para que no ceda ante la estrategia de normalización del régimen: “El informe del ACNUDH es un recordatorio de que en Venezuela la represión sigue siendo política de Estado. La tortura, las desapariciones forzadas y la persecución continúan sin freno. No es suficiente con denunciar, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar justicia y protección para las víctimas”.
El foco global está puesto sobre el Mar Caribe, pero no mira hacia Haití. El empobrecido país caribeño está hoy prácticamente bajo control de las bandas armadas y la comunidad internacional no parece urgida de atender esta crisis
La CPI es noticia por el cierre de su oficina en Caracas y por el proceso iniciado en la Asamblea Nacional para retirar al país del Estatuto de Roma. Pero tal cosa no significa el cese de la investigación que está en marcha para determinar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad
Tras el VI Foro de Sostenibilidad Venezuela (FSV) organizado por la ONU, las organizaciones participantes destacaron tres paneles que serán los protagonistas de su agenda corporativa para acelerar el cumplimiento de los objetivos globales de desarrollo sostenible
