Madres y esposas de presos políticos finalmente tuvieron acceso a las visitas y confirmaron que están vivos. Casi todas cumplían esta semana dos meses sin saber de ellos. Les prometieron una visita entre el viernes y el domingo mientras la espera por la libertad continúa
«No está golpeado, pero sí se ve un poco desorientado. Lo noté desesperado», esas fueron las primeras impresiones de Yaxzodara Lozada tras ver a su esposo, Joel Bravo, detenido el 17 de noviembre de 2025.
Desde ese día, Yaxzodara no supo más de él. Joel es funcionario de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana y fue detenido por sus superiores: «Se lo llevaron. Lo pusieron a la orden del DIP de Maripérez y no supimos más de él».
Finalmente pudo verlo el martes 27 de enero porque los funcionarios de la Zona 7 de Boleíta permitieron la visita de los familiares de los presos políticos. A casi todas les dieron entre 10 y 15 minutos para verlos. Fue el primer contacto familiar desde que fueron detenidos arbitrariamente a finales de noviembre de 2025.
«Está flaco. Me dijo que lo presentaron telemáticamente el 22 de noviembre y que le ‘pusieron’ terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y financiación para terrorismo», relata Yaxzodara, quien pudo ingresar al centro de reclusión con comida para su esposo.
Joel Bravo era uno de los funcionarios encargados del parque de armas de su trabajo. Yaxzodara esperó a las afueras de la Zona 7 hasta el 27 de enero sin tener certezas sobre si su esposo estaba allí: «Él no se metía en nada político para no aparecer. Su detención fue arbitraria».
A Yaxzodara y las otras mujeres familiares de los presos políticos de Zona 7 les permitieron ingresar con alimentos y ropa: «Le dejan pasar de todo, de todo, como que quieren engordarlos. Todo tipo de chucherías».
Yaxzodara aún no le cuenta a su hija mayor, que tiene 14 años, que logró ver a su esposo. No ha vuelto a casa desde hace varias noches: «Quiero esperar. Quiero contárselo en persona».
José Luis Subero Reyes es otro de los presos políticos cuyos familiares confirmaron que estaba en este centro de detención. «No sabíamos nada de él desde el 26 de noviembre de 2025. Yo ya había venido aquí y me dijeron que no estaba, pero hoy lo pude ver», cuenta su esposa Nancy Plaza.
Subero Reyes fue detenido en Caracas aunque es oriundo del estado Sucre. Desde allá, Nancy se movilizó porque le dijeron que lo habían trasladado al centro de reclusión de La Quebradita, en San Martín.
Su esposo, miembro de la Coalición Sindical Nacional, sufre de varias patologías: diabetes crónica, hipertensión, problemas de circulación, pie diabético grado ||, úlcera en el dedo gordo del pie izquierdo y síndrome del túnel carpiano en una de sus muñecas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el pasado 13 de enero a José Luis Subero Reyes.
A Nancy le indicaron que, posiblemente, el viernes 30 de enero les darán permiso para visitarlos nuevamente. En esop pone su fe, pues tenía dos meses sin saber de su estado físico y la confirmación de su paradero.
Yaxzodara Lozada indicó a El Estímulo este miércoles 28 que los funcionarios de la PNB están dejando pasar los alimentos en un horario comprendido de 8:30 am hasta las 4:00 pm. Además, dijo que están organizando los grupos para el próximo proceso de visitas. Ella y otras madres confirman que las próximas visitas serían el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero.
Ninguna de las mujeres familiares que estaban en Zona 7 había tenido acceso a una visita o fe de vida. La impresión de ver a sus familiares más delgados, con signos de ansiedad y desesperación o su salud deteriorada generó conmoción emocional en muchas.
«Los vi muy pálidos, muy delgados. No los conocía cuando los vi. No reconocí a mi hijo, al otro un poquito, pero a ese no lo reconocí», cuenta Marina Saldivia, una mujer que viajó desde el estado Bolívar por la detención de cuatro familiares y sufrió una descompensación tras la visita debido al estado en que los vio.
«Yo sufro del azúcar y de la tensión. Soy hipertensa. Se me sube y se me baja. Mucha palpitación en el corazón, las piernas me duelen mucho. Tiemblo mucho. Todo me da nervios. No estoy durmiendo nada», dice sobre cómo ha vivido los últimos días en el campamento.
Así como ella, Nancy Plaza también recibió atención médica del 911 durante el proceso de visitas del martes.
La descompensación de mujeres familiares de presos políticos que esperan a las afueras de los centros de reclusión es cada vez más frecuente. Se han reportado casos similares en El Helicoide y El Rodeo I.
La atención médica es limitada en estos espacios. En la Zona 7, por ejemplo, un equipo médico negó la asistencia a pesar de la emergencia.
El pasado 21 de enero, se reportó la muerte de Yarelis Salas, de 38 años de edad, madre del preso político Kevin Orozco. Ella se encontraba a las afueras del penal de Tocorón, en Aragua, esperando la excarcelación de su hijo y sufrió un infarto y murió sin verlo salir de la cárcel.
Cuatro días después, el domingo 25 de enero, el joven fue puesto en libertad con medidas cautelares.
El deterioro de la salud mental y física de las madres de presos políticos es evidente. Muchas son mujeres mayores que deben dormir en estos campamentos sin acceso a servicios básicos y con limitaciones para continuar tratamientos médicos.
Son daños a su salud que, incluso después de concretarse la excarcelación, tienen consecuencias graves. Así fue el caso de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el martes 27 de enero luego de sufrir un ACV.
Ella pasó cuatro años exigiendo la libertad de su hijo, quien fue puesto en libertad el 14 de enero al mismo tiempo que otro grupo de periodistas.
Se ha ido mi musa: ¿Qué puedo escribir ahora?
— Ramón Centeno (@Boligrafo5G) January 27, 2026
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Las víctimas eran tres adolescentes, entre los 13 y 17 años de edad, que fueron contactadas por redes sociales y que serían trasladadas a Trinidad y Tobago. Su caso llegó a los funcionarios del Cicpc porque la madre de una de las víctimas denunció la situación
Drones, intercepción de telecomunicaciones, GPS instalados de forma secreta en vehículos de objetivos políticos, uso de cámaras para perseguir a disidentes, todas son formas de vigilancia política que VE Sin Filtro ha documentado en Venezuela. Estos son los principales hallazgos sobre el uso de Circuitos Cerrados de Televisión
El informe, elaborado por la ONG Equalia, documenta las estrategias de supervivencia de las defensoras venezolanas. Siendo uno de los principales su capacidad de mantener redes de documentación y apoyo bajo el radar estatal
