Exclusiones y omisiones de la Ley de Amnistía según Sin Mordaza y otras ONG en la diáspora

Organizaciones de la sociedad civil de la diáspora venezolana exigieron que la ley de amnistía se aplique de forma inmediata y efectiva para liberar a los presos políticos y exhortaron a que se le apliquen una reforma que sea «compatible con los principios de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición».

Las organizaciones detalla algunos puntos clave por los que la ley de amnistía, aprobada el jueves 19 de febrero por la Asamblea Nacional, resulta excluyente y revictimiza a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Esta es una selección de las cuatro deficiencias clave de ley según su análisis:

1. Alcance limitado de los episodios o eventos violentos: «Excluye un número significativo de casos de personas privadas de libertad por razones políticas, particularmente militares. De aproximadamente 800 casos documentados de presos políticos, al menos 181 corresponden a militares, a lo que se suman varias decenas de civiles detenidos en conexión con esos procesos».

2. No sitúa de manera inequívoca (…) la restitución plena de derechos ciudadanos ni los derechos de las víctimas de violaciones graves a la verdad, la justicia y la reparación integral, ni se ajusta plenamente a los estándares internacionales aplicables en materia de justicia transicional.

3. El instrumento no reconoce de forma expresa el derecho individual y colectivo a la verdad ni crea instancias destinadas al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de patrones de violación ni a la preservación de la memoria histórica.

4. La ley no desarrolla un sistema integral de reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

5. En cuanto a los exiliados, las ONG dicen que el «instrumento no garantiza expresamente la restitución plena de los derechos civiles y políticos (…) ni aborda el régimen de inhabilitaciones políticas, lo que constituye una omisión significativa en términos de reintegración efectiva a la vida pública.

Algunas de las organizaciones que se unieron para hacer la evaluación de esta ley son: Sin Mordaza, Asociacion Civil Construyendo Venezuela de España, Panamericana and Caribbean Union for Human Rights PACUHR (Estados Unidos), ONG Proyecto Tepuy (Chile), Stichting Venezolaanse Vluchtelingen (Paises Bajos), Diálogo por Venezuela Francia (Francia), Casa Venezolana Belgica (Belgica) y Un País Libre Para Mis Hijos (Venezuela).

Una petición general de estas organizaciones es que el instrumento jurídico no se traduzca en «dilaciones administrativas ni en interpretaciones restrictivas que priven sus disposiciones de efectos concretos».

«La verdadera convivencia democrática no se construye con un perdón otorgado por el victimario sin reconocimiento de la falta, sino mediante un proceso integral en el que el Estado rinda cuentas y las víctimas sean resarcidas», expresan.