Venezuela

Tribunal condena por terrorismo a 3 jóvenes pescadores de Falcón

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos asegura que el juicio tuvo violaciones al debido proceso, con contradicción de testigos y sin pruebas contra los jóvenes, detenidos durante la represión postelectoral de 2024

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Clippve denuncia condena por terrorismo sin pruebas a 3 jóvenes pescadores de Falcón

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@Clippve) denunció que el Tribunal 1 con competencia en terrorismo condenó a seis años de prisión a tres jóvenes pescadores artesanales del estado Falcón y sin pruebas en su contra.

Según explicó la ONG, Roberto Pérez, Rafael Guédez y Olbis Dirinot fueron detenidos el 20 de septiembre de 2024, durante la represión después de las cuestionadas elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

«Esto ocurre en medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela. No puede hablarse de transformar la justicia mientras persistan procesos denunciados por graves violaciones al debido proceso y condenas sin pruebas suficientes», escribió Clippve en sus redes sociales. Aseguran que «la defensa solicitó libertad plena al sostener que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran los delitos imputados y evidenció contradicciones en las declaraciones de los testigos».

Las madres de los jóvenes pescadores, Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez, llegaron al Palacio de Justicia con la esperanza de que sus hijos recuperaran la libertad después de casi dos años de prisión. La defensa s

«La audiencia de conclusiones comenzó cerca de las 3:00 p.m. y terminó alrededor de las 3:30 p.m. Los tres detenidos participaron de forma telemática desde los tribunales del estado Falcón, mientras sus madres permanecieron en la sala del Palacio de Justicia donde se celebró la audiencia. Allí conocieron que sus hijos habían sido condenados a seis años de prisión», asegura Clippve.

Según la ONG, los tres jóvenes fueron detenidos cuando regresaban de pescar «en pleno contexto de represión poselectoral. Sus madres denuncian que funcionarios de la GNB les habrían fabricado evidencias —cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas— para acusarlos de terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico.

El juicio comenzó el 30 de abril de 2026, tras más de un año y medio de detención. Durante el proceso, las familias denunciaron violaciones al debido proceso, incluida la imposibilidad de contar con abogados de confianza. También solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero les fue negada.

La condena ocurre apenas un día después de anunciarse acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano. Para estas madres, sin embargo, la injusticia continúa y se profundiza el sufrimiento».

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