Medicamentos regulados: la ruina de la famarcia

Dos palabras odiosas y frustrantes forman parte del guión que han tenido que aprender los farmacéuticos venezolanos. Alguien pide, por ejemplo, Acetaminofén o Ácido Valproico y la respuesta es, casi siempre, la misma: “No hay”. En este escenario de escasez, solo quienes estén en el momento justo y en el lugar preciso consiguen algo tan básico como una medicina. Y eso es así porque una mano —la del Gobierno, para ser más exactos— ha asfixiado lentamente a la industria farmacéutica.

Pese a que el oficialismo desvía la culpa hacia lo que ha llamado la guerra económica —con la que se justificó la detención de los directivos de Farmatodo a principios de febrero—, hay una realidad que no se puede negar: en Venezuela es cada vez más difícil hacer negocios, un asunto al que los laboratorios no son ajenos.

En medio de la complicada madeja de factores que influyen en esta situación, resalta la regulación de los precios de 1.144 medicamentos considerados prioritarios, lo que —de acuerdo con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana— representa 30% de las medicinas que se venden en el país. Los primeros límites se impusieron en la Gaceta Oficial 5.684, del 23 de diciembre de 2003; más tarde, en 2005, se incluyeron 39 productos y se actualizaron los precios de 16. Desde entonces, las cifras no se han renovado.

¿Y qué quiere decir eso?

Que los laboratorios no perciben beneficios e, incluso, trabajan a pérdidas. En 2013, el entonces presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Ángel Márquez, dijo que el rezago de precios estaba en 300%.

Un ejemplo de la magnitud del problema lo ofrece una fuente ligada al sector, que prefiere mantenerse en el anonimato: sólo el empaque de un medicamento que se vende a 6 bolívares, tiene un costo de 6,15 bolívares. Por eso, de acuerdo con sus cálculos, ese producto realmente debería valer 90 bolívares, si se considera el máximo de ganancia de 30% que establece la Ley Orgánica de Precios Justos.

Otros ejemplos surgen al comparar estos precios con el mercado internacional. Una caja de Acetaminofén, de 500 miligramos y 20 tabletas, cuesta en Venezuela 0,83 dólares, mientras que en Colombia se vende por 2,90 dólares aproximadamente. La digoxina, usada para trastornos cardíacos, se expende en el país por 0,95 dólares y en Argentina, donde también está regulado, se consigue por 3,10 dólares la caja de 30 tabletas. Otro caso es un poco más asombroso: la presentación de 16 pastillas del Adalat Oros, que se receta para regular la tensión arterial, cuesta en Venezuela 3,74 dólares, y en una farmacia colombiana se consigue la de 8 tabletas por 18,57 dólares.

Precios de los medicamentos en Venezuela vs. Latinoamérica

Pudiera pensarse tal como dijo en 2005 el ex ministro de Salud, Francisco Armada— que unos precios tan bajos permitirían un mayor acceso a esa lista de medicamentos, con los que se curan 95% de las patologías más frecuentes en el país. Pero la realidad es muy distinta. Ceballos dice que los laboratorios deben atender, por ejemplo, los aumentos de la Unidad Tributaria, que ocurren cada año. Y también, habría que agregar los incrementos salariales y las devaluaciones de la moneda —desde 2003 el monto del dólar oficial para salud ha aumentado en 5 oportunidades, para pasar de 1,6 bolívares al actual 6,30 bolívares. “Si no se hace una revisión periódica, se produce a pérdida. La consecuencia es que esas medicinas reguladas llegan, pero no en las cantidades que se necesitan. El público lo que quiere es un precio justo y ese, en definitiva, no es 2 bolívares”, dice.

Dolar preferencial para medicamentos 

Con esa regulación que no se adapta a una realidad económica cada vez más complicada, se desestimula la industria y se potencia el desabastecimiento, que se calcula que está en 50%. Y eso se ve en la práctica: de la lista de 2003, no solo faltan el acetaminofén, la digoxina y el Adalat Oros —esos que en otros países cuestan el triple o el quíntuple que en Venezuela—, sino una lista larga que incluye, dice Ceballos, la loratadina, usado para la alergia, y el diclofenac sódico, recetado para el dolor y la inflamación. También, entre otros, habría que mencionar el Euthyrox, para tratar el hipotiroidismo, y el Glucofage, para controlar el azúcar en la sangre.

En este panorama, los adultos mayores son de los más afectados. La ONG Convite A.C. hizo un estudio sobre este asunto. Luis Francisco Cabezas, director de la organización, señala que 80% de la población con edad avanzada padece, desde 2009, la angustia de la escasez de medicamentos para enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además de la digoxina, menciona el losartán potásico, utilizado para tratar la presión arterial, cuya presentación genérica de 10 pastillas se vende a solo 7,90 bolívares. “Las versiones más costosas se pueden conseguir, pero esas genéricas no”, dice.

A eso se agregan el verapamilo, la amlodipina y el enalapril, todos para atender los males de la tensión arterial y que también están regulados. “Más recientemente comenzaron a escasear los antidepresivos, fármacos que muchos adultos mayores suelen usar para afrontar episodios de depresión propios de la edad”, dice Cabezas.

Pocos estímulos

Hay otros elementos que contribuyen con esta dinámica tan nociva. La fuente ligada a la industria explica que hay mucha presión sobre los laboratorios para que produzcan los medicamentos regulados. Es decir, no se puede paralizar completamente su elaboración así haya pérdidas. Por eso, señala, se deben sacrificar espacios de producción para darle prioridad a estas medicinas que no generan ganancias.

¿Eso qué quiere decir? Que las fábricas tienen una capacidad finita de producción, sobre todo si se consideran asuntos laborales: con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en 2012, hay cautelas y limitaciones con los horarios —y si las ganancias son menores, es más difícil contratar a todo el personal para cubrir cada turno. Por eso, dice la fuente, una planta que debería trabajar 24 horas del día, no puede hacerlo. A eso se suma el ausentismo laboral y la inamovilidad, que se convierten en trabas para agilizar los procesos.

En medio de esta situación, los laboratorios dejan de fabricar medicinas que les generan un poco más de ingresos, y usan las horas útiles de las plantas para elaborar los productos regulados, tan indispensables para los ciudadanos. ¿La solución? Revisar los costos reales de la cadena de producción y hacer los ajustes.

Otra arista del problema es la limitación para obtener divisas. Ceballos apunta que en 2013 se otorgó a la industria farmacéutica 21% menos que en 2012 y 34% menos que en 2011. “Hay una progresividad negativa. En una escalada de precios, se han liquidado menos divisas y se pasó de 4,5 millardos de dólares a 2,05 millardos de dólares en 2014”, dice. A eso se suma la deuda de 2,3 millardos de dólares que aún mantiene el Gobierno con el sector, lo que ha impedido el pago a ciertos proveedores. Eso se traduce en que hay menos posibilidades de importar materias primas y medicamentos terminados.

La industria farmacéutica, dice Ceballos, tiene igualmente a su cargo los insumos médicos, que también escasean. Dice que la deuda en este sector es de 400 millones de dólares. “El país adolece de jeringas, gasas, repuestos de equipos. El año pasado se necesitaba 1 millardo de dólares para las necesidades del país en esta área, y solo se liquidó 25%”, asegura.

No es de extrañar, entonces, que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, las importaciones de productos farmacéuticos hayan mermado: entre 2013 y 2014, las compras al exterior para este sector pasaron de 3,41 millardos de dólares a 2,48 millardos. Es decir, otro factor que alimenta la escasez.

Estrategias para la crisis

En 2012, el ex ministro de Alimentación, Carlos Osorio, explicó los objetivos de la red Farmapatria: garantizar el acceso y distribución de los fármacos a precios justos. Pese a esas buenas intenciones, hay dudas sobre su verdadera efectividad. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación —al que está adscrita esta empresa de medicamentos— señala que en 2013 había 88 establecimientos operativos en varios estados del país, pero no se hicieron todas las dotaciones de inventario: se habían programado 749, pero se ejecutaron 656. Pese a eso, se gastó 100% de los 11,37 millones de bolívares asignados.

Aunque se acondicionaron 12 farmacias nuevas —se habían programado 9—, no se cumplió la promesa que hizo en julio de 2013 el presidente de Farmapatria, Freddy Arenas, de inaugurar 40 sedes a finales de ese año. La Memoria y Cuenta refleja que la ejecución fue de 0%, y que se gastaron 20.000 bolívares de los 153,9 millones presupuestados. No se expresa una justificación de ese gasto.

Mientras tanto, los laboratorios privados, a los que tanto desdeña el Gobierno, hacen esfuerzos por mantenerse en pie. La fuente asociada a la industria señala que se han desarrollado varias estrategias; entre ellas, centrar los portafolios en una sola presentación: por ejemplo, cajas con menor cantidad de tabletas, para así producir más unidades. También, señala, muchos laboratorios que recibieron divisas el año pasado encargaron la totalidad de lo asignado para dotar su inventario. Otra alternativa es la elaboración de medicamentos con el apellido de Forte o Plus, por ejemplo, para poderlos vender a precios más altos. De todos modos, dice, eso no es tan sencillo porque se deben solicitar los permisos en el Ministerio de Salud y negociar los precios con este organismo.

Para Ceballos, la crisis ha causado muchos daños, pero no destruirá por completo al sector. “Una farmacia nunca dejará de ofrecer sus servicios. Si no tenemos un producto, tratamos de ayudar al paciente a conseguirlo. No habrá insumos, pero siempre estará la gente para ayudar”, dice. Ahora, más allá de eso, si se mantienen las mismas condiciones —y no se trascienden las reuniones y mesas de trabajo entre el Gobierno y las cámaras de la industria—, los laboratorios difícilmente podrán salir de esa senda tortuosa y complicada que han transitado hasta ahora.