Álex Saab enfrenta posible condena a 20 años de prisión
La justicia estadounidense acusa a Álex Saab de haber utilizado a bancos de ese país para lavar "cientos de millones de dólares robados" del programa CLAP
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió hoy una nota de prensa que presenta al empresario colombiano Álex Saab como el «exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela», cargo que ciertamente ocupó entre el 18 de octubre de 2024 y el 16 de enero de 2026, pese a que -tal como se «reveló» hoy también- nunca tuvo la nacionalidad venezolana y su cédula no tenía respaldo legal.
«El exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela compareció hoy ante el tribunal tras la presentación de una acusación formal en el Distrito Sur de Florida, en la que se le imputa su presunta participación en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero relacionada con la corrupción y explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a personas vulnerables», se lee en el documento publicado en la web.
Es decir, a Álex Saab se le procesa por lo que tanto se le denunció: «Según consta en los registros judiciales, Alex Nain Saab Moran, de 55 años y originario de Colombia, presuntamente conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios públicos venezolanos y así obtener lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la importación de alimentos a Venezuela. Saab está acusado de conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones procedentes de Colombia y México».
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, cita el documento al Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.
El Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, también es citado: “Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a los venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo. Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasmas y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se mueven ganancias ilícitas a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son alegaciones y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.
Sin incluir nombres, los señalamientos mencionan que todo lo hizo con cómplices: «La acusación formal alega además que, desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente las de petróleo, ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas del país y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda externa, incluidos los pagos a Saab y sus cómplices como parte del programa CLAP. Aprovechando sus relaciones corruptas con funcionarios gubernamentales, Saab y sus cómplices presuntamente obtuvieron acceso a miles de millones de dólares en petróleo propiedad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y lo vendieron bajo falsas pretensiones. Las ganancias de esas ventas ilegales se transfirieron a través de cuentas bancarias estadounidenses para promover y ocultar aún más el esquema CLAP».
El documento también hace una precisión: «Saab está acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal».
La acusación también está disponible, aunque con partes ocultas, en la web del Departamento de Justicia. El documento está sellado el 14 de enero de 2026. Saab fue destituido de su cargo como ministro dos días después, el 16 de enero. El empresario, a quien las autoridades estadounidenses califican como «testaferro» de Nicolás Maduro, salió del radio de acción pública en febrero, cuando corrió el rumor de que había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. CNN maneja la versión de que su captura fue una operación conjunta del Sebin y el Buró Federal de Investigaciones, FBI.
Hoy lunes, durante la breve audiencia en el Distrito Sur de Florida, la jueza Marty Fulgueira Elfenbein le notificó del cargo y ordenó que debe permanecer detenido sin derecho a fianza. Su próxima visita al juzgado será el 24 de junio.
