El juicio a Nicolás Maduro está en una suerte de interregno. Sin pronunciarse sobre las acusaciones de fondo, el tribunal en primer lugar deberá decidir si al exgobernante venezolano goza de inmunidad por haber ocupado la jefatura de Estado
El proceso penal que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos constituye un caso bastante complejo para la justicia estadounidense por la repercusión internacional que tiene. Capturado el 3 de enero de 2026 en una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado de inmediato a Nueva York, el exgobernante venezolano compareció por primera vez ante un tribunal federal el 5 de enero. Allí se declaró inocente y se autodenominó “prisionero de guerra” y “presidente constitucional” de Venezuela. Desde entonces permanece recluido sin fianza en una cárcel federal de Brooklyn, donde también se encuentra su esposa y coacusada, Cilia Flores.
El juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, dirige la causa. Tras audiencias preliminares en enero, marzo y julio de 2026, el calendario procesal quedó fijado de manera conjunta por la fiscalía y la defensa. La próxima comparecencia de Maduro y Flores ante el tribunal está programada para el 17 de noviembre de 2026. En esa vista se debatirán las mociones presentadas por la defensa el 2 de septiembre para desestimar la acusación, bajo el argumento de que Maduro era presidente legítimo al ser capturado y que goza de inmunidad.
Sin entrar en el fondo de las acusaciones, dentro de dos meses exactamente habrá una primera decisión de peso en el proceso. Si esas tesis de la defensa no prosperan, el juicio oral comenzará el 1 de junio de 2027. No existe, por otro lado, una fecha concreta para una sentencia definitiva. El juez deberá resolver primero las peticiones de desestimación hechas por la defensa de Maduro, y de continuar el proceso, el veredicto de un jurado llegaría solo después de un juicio cuya duración aún no se ha estimado, pero que se prevé extenso por la complejidad de las pruebas, algunas clasificadas.
Los delitos que finalmente se imputan a Nicolás Maduro son cuatro cargos federales graves. El primero es conspiración para cometer narcoterrorismo, figura que sanciona el tráfico de drogas asociado a grupos armados o terroristas. El segundo es conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos. Los dos restantes se refieren a posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y a conspiración para poseer ese tipo de armamento.
La fiscalía sostiene que Maduro encabezó una red que, durante más de dos décadas, utilizó instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con las FARC, el ELN, los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, y la banda Tren de Aragua. Cilia Flores enfrenta tres de esos cargos.
Ambos se han declarado inocentes.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack quien cobra unos 1.200 dólares por hora, sí por hora, ha centrado su estrategia en las últimas semanas en la supuesta inmunidad de jefe de Estado de Maduro: argumenta que un tribunal estadounidense carece de jurisdicción para juzgar a quien Venezuela reconocía como presidente en el momento de los hechos imputados y que los actos formaban parte de sus funciones oficiales.
Expertos citados en reportes de medios de prensa estadounidenses coinciden en que la pretensión de inmunidad enfrenta un obstáculo significativo: Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019. Al inicio de aquel año, justamente durante el primer mandato de Donald Trump, éste dejó de reconocer a Maduro y la Casa Blanca validó a Juan Guaidó como “presidente interino”, por estar al frente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y entonces considerada el único poder público legítimo de Venezuela.
El caso de Alex Saab, considerado por Estados Unidos el principal testaferro económico de Maduro, introduce un elemento nuevo y potencialmente relevante. Este 15 de septiembre, Saab se declaró culpable en un tribunal federal de Miami de un cargo de conspiración para lavar dinero vinculado al programa de alimentos subsidiados CLAP.
Reconoció haber participado desde 2015, junto a “altos funcionarios del Gobierno” venezolano, en un esquema de sobornos y desviación de fondos que luego circuló por cuentas en el sur de Florida.
Como parte del acuerdo, aceptó cooperar plenamente con el Departamento de Justicia, entregar información, documentos y testimonio veraz en cualquier proceso que solicite el gobierno estadounidense, y devolver 195 millones de dólares. A cambio, la fiscalía podrá pedir una pena menor a la máxima de 20 años prevista para ese delito.
El pacto de Saab no menciona expresamente el nombre de Maduro ni el expediente de narcoterrorismo de Nueva York. Sin embargo, es probable que su colaboración aporte datos sobre la estructura de poder y las finanzas del chavismo durante los años en que Maduro gobernaba. Precedente similar es el de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, quien se declaró culpable en 2025 de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en el mismo círculo de casos y cuya sentencia se ha aplazado, lo que ha sido interpretado como indicio de cooperación.
El impacto concreto sobre el proceso de Maduro dependerá de si la fiscalía de Nueva York considera útil esa información y de si decide presentarla como prueba o testimonio. Por ahora, ambos expedientes avanzan en paralelo: el de Saab en Florida y el de Maduro en Nueva York.
Si Nicolás Maduro es declarado culpable, las posibles penas son severas. El cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión. El de conspiración para importar cocaína tiene un mínimo de 10 años y un máximo de cadena perpetua. Los cargos de armas también admiten condenas largas.
Los fiscales y analistas jurídicos coinciden en que, de prosperar la acusación ante un jurado, la condena podría alcanzar la cadena perpetua, una sanción que ya se ha aplicado en casos federales de narcotráfico de gran escala.
Las penas de los distintos cargos pueden imponerse de forma concurrente o consecutiva, según decida el juez en la fase de sentencia, que ocurriría meses después de un eventual veredicto de culpabilidad.
Maduro podría, en teoría, ofrecerse a colaborar con la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales. El sistema federal de Estados Unidos contempla de manera habitual los acuerdos de culpabilidad en los que un acusado admite las acusaciones, pasa a cooperar con información o testimonios y recibe a cambio una recomendación de pena reducida. El caso de Saab ilustra exactamente ese mecanismo.
Nada impide jurídicamente que Maduro explore esa vía: podría declararse culpable de algunos o todos los cargos y negociar con la fiscalía. Hasta ahora, sin embargo, su postura ha sido de negación absoluta de los hechos y de impugnación de la jurisdicción del tribunal, insistiendo en que una corte de EEUU no puede juzgarle en vista de que es un presidente sacado a la fuerza de su cargo.
En este momento no hay indicios públicos de que se esté negociando un acuerdo de ese tipo.
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