Lista Tascón vive… ¿los despidos siguen?

Mileiby Abreu y Luis Rivas son esposos. Ella trabajaba en la Gerencia de Administración del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Él, hacia lo propio en la Gerencia de Infraestructura.

Mileiby, apenas tenía unos cuantos meses en la institución. Firmó un contrato por un año que no se cumplió, “no por mí, sino por ellos, porque firmé”.

Antes, trabaja en el, recién liquidado, Banco industrial. Era cajera integral y asegura que la entidad bancaria “fue liquidada por razones políticas para tapar cosas que no querían que se supieran. Ese banco cerró en cifras azules (solvente)”. Como la sucursal a la que estaba adscrita quedaba en Plaza Venezuela, conocía a mucha gente del SENIAT. Así que, decidió entregar su currículum y esperar.

Un mes después, la llamaron… Pasado un tiempo, está en el mismo punto: desempleada.

Luis, por otro lado, tenía 10 años en el SENIAT. Diez años que culminaron el 14 de enero de 2016.

La condición laboral de estos esposos se conjuga igual. En pasado. Ambos, desempleados por razones políticas.

El jefe de Luis era Benito Pereda Cordero, alguien de mucha confianza para el superintendente José David Cabello. Pereda Cordero, es hermano de Blanca Pereda de Cabello, esposa del superintendente. Es decir, cuñado de Cabello Rondón.

Pereda Cordero acumula horas-hombre al lado de Cabello. Según el portal poderopedia.org, el actual Gerente de Infraestructura del SENIAT, ingresó al organismo en septiembre de 2010 como gerente de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía designado, claro, por el superintendente José David Cabello.

En mayo de 2011 fue nombrado como gerente encargado de la Aduana Principal Guanta-Puerto La Cruz. Cuando Cabello dirigía el Instituto Aeropuerto Autónomo Internacional de Maiquetía, nombró a Pereda como jefe de División de Mantenimiento de ese organismo. En noviembre de 2014, Cabello, en su calidad de ministro de Industrias, designó a Pereda como presidente encargado de la Empresa de Propiedad Social de Pulpa y Papel C. A. (Pulpaca). También se ha desempeñado como presidente de la compañía estatal Vialidad y Construcciones Sucre.

“A penas llegó (Pereda) le hizo la vida triste a todos los empleados. Estábamos presos en nuestro propio trabajo”, señala un funcionario que pidió el anonimato.

Relata algo que, aunque no es nuevo, no deja de sorprender, y es que los empleados son obligados a ir a marchas. Para asegurarse de la asistencia, pasan lista a la entrada y salida.

En el caso de Luis, todo empezó, presume, con la recolección de firmas contra la orden Ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su país. Luis se negó a firmar y esto, como es lógico, lo puso en “la mira”.

Luego de las elecciones del 6 de diciembre, en las que la oposición ganara la mayoría de la Asamblea Nacional, la orden fue “sacar a todos los que se presumieran fuesen escuálidos”.

Luis, no lo puso tan difícil. En su Facebook colocó fotos de la “victoria” y eso fue usado como causal de despedido. Un jueves en la mañana, le entregaron la carta. Ya para el viernes, testigos aseguran que Pereda entro a la Gerencia gritando, “los bote por escuálidos. Así que ya saben”.

En ese momento, fueron mas de 50 personas. Cinco meses después, Luis espera respuesta por la demanda que introdujo.

Déjà vu

Mileibys transitó similar un camino. “No podemos continuar con la misma gente del gobierno. Porque no tengo miedo. Porque tenemos una chama de 11 años y queremos que su futuro sea distinto”. Esa fue su respuesta al preguntarle por qué había firmado si sabía lo que había pasado con su esposo.

Su jefa inmediata le expresó, de forma verbal y por mensaje de texto, que la decisión se había tomado porque firmó por el revocatorio. En la carta que le entregaron a ella y a más de 200 empleados, les aplican los artículos 20 y 21 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en los que se les da el tratamiento de cargos de confianza o 99 y por ello, son objeto de libre remoción.

Artículo 20. Los funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) serán de carrera aduanera y tributaria o de libre nombramiento y remoción.

Artículo 21. Serán funcionarios de carrera aduanera y tributaria aquellos que ingresen por concurso el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y superen el período de prueba establecido en las normas que a tal efecto dicte el (la) Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria .

El funcionario de carrera aduanera y tributaria que sea removido de un cargo de libre nombramiento y remoción, sin que haya sido objeto de sanciones judiciales, administrativas o procedimientos disciplinarios que ameriten destitución, será incorporado a su respectivo cargo de carrera.

Las remuneraciones devengadas y demás privilegios obtenidos en el cargo de libre nombramiento y remoción no generan derechos para el funcionario removido.

Ante esta situación, el diputado Tomas Guanipa solicitó una Moción de orden en la sesión del jueves pasado para concederle un derecho de palabra a José Antonio Arriaga, trabajador y vocero de este grupo despedido por el ente tributario, luego de firmar.  “Las cartas (de despido) siguen. Incluso a quienes estaban en lista de jubilados y los sacaron”, denuncia Mileibys.

A estos trabajadores, más de 200, se les hizo llegar la misma carta que a Mileibys, en la que se les informa que se rescinde su contrato desde el 16 de mayo de 2016. Sin embargo, se las entregaron el lunes 20 de junio.

Los más de 200 aseguran ser contratados y nómina, muchos con más de 20 años de carrera.

La incertidumbre de la mano con la convicción

“Me están violando mis derechos. Ya no tengo empleo, tengo que rebuscarme. Estoy triste e indignada. Pero a pesar de eso, siento que la gente se esta dando cuenta. Están dejando de tener miedo. Muchos prefieren sacrificar el trabajo pero no la dignidad”. Así se siente Mileibys, a una semana de ser despedida por su posición política.

Pero, a pesar de esa fortaleza y convicción, Mileibys y Luis junto a su pequeña de 11 años, se enfrentan ahora al dilema de muchos venezolanos: caminar por la obra de Cruz-Diez con un rumbo que no les da mayores garantías.

Esa decisión, por ahora en “stand by”, no los aleja del camino de la justicia.

“No se si quiero que me devuelvan el trabajo porque, si esta la misma gente es como volver a donde sabes que te harán la vida imposible. Me gustaría que fueran sancionados. Pero para que eso suceda, lo que más quiero es que se de el revocatorio”, expresa.

Antecedentes

• El 27 de enero de 2003, el, fallecido, diputado Luis Tascón montó su página web www.LuisTascon.com, en la cual, entre otras cosas, se podía chequear si se había firmado por el referendo consultivo para revocar al ex presidente Hugo Chávez. Solo bastaba introducir el número de cédula de identidad de una persona.
• Roger Capella, ministro de salud para la época, declaró que quienes hubiesen firmado contra el presidente Chávez «serán despedidos porque se trata de un acto de terrorismo».
• La organización Súmate, señaló haber recibido reportes de despidos de puestos públicos, rechazos laborales y marginación de algunos servicios públicos en contra las personas que aparecían en la lista.
• En julio de 2004, el acceso a la base de datos fue concedido, exclusivamente, a los «Batallones Bolivarianos de Internet» (BBI), una red bajo la tutela del Comando Maisanta, quienes tras registrarse en el sitio de Tascón podían obtener acceso a la lista. Uno de los requisitos indispensables para ser validado era no haber firmado para la petición del referendo.
• El 16 de abril de 2005, Hugo Chávez pidió a sus gobernadores, alcaldes y ministros «archivar y enterrar la famosa lista de Tascón», debido a que «me han llegado algunas cartas, y de tantos papeles que me llegan, que me hacen pensar que todavía en algunos espacios tienen la lista de Tascón en la mesa para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar». Además indicó que «seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó» y dijo estar seguro de que el diputado Tascón obró «sin ninguna mala intención».
• En mayo de 2005, el Tribunal Supremo de Justicia abrió un habeas data interpuesto por un ciudadano, quien alegó que fue violado su derecho a la protección de su honor y reputación por esta lista.
• El CDH-UCAB, en su informe de 2012 sostuvo tener evidencia de que al menos hasta 2010, la lista permanecía activa y siguía siendo utilizada como herramienta de discriminación.
• El 14 de septiembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el caso número 12.923 interpuesto por la defensora Rocío San Miguel, en el que exige justicia por el despido injustificado del Consejo Nacional de Fronteras en marzo de 2004 como efecto de la llamada lista Tascón, por haber firmado solicitando convocatoria a referendo revocatorio presidencial. A partir de esta admisión, la CIDH se declaró competente para decidir sobre el reclamo presentado por Rocío San Miguel, Magaly Chang y Thaís Peña, quienes fueron tres de las 22 personas despedidas en esta institución. Este sería el primer caso que la Corte analizó luego de que Venezuela se retiró del tribunal hemisférico. La CIDH se basó en la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, relativo integridad personal; 8, sobre garantías judiciales; 13, libertad de pensamiento y expresión; 23, derechos políticos; 24, igualdad ante la ley y 25, protección judicial de la Convención Americana.
• En mayo de 2016, en una entrevista con la cadena Radio Nacional de Venezuela, el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello afirmó que los directivos de instituciones públicas que firmen en apoyo al referéndum revocatorio «no deberían seguir en sus cargos». Argumento que reiteró en su programa “Con el Mazo dando”, transmitido por Venezolana de Televisión.
• A raíz de la recolección de firmas promovidas por la Mesa de la Unidad para solicitar el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, se han reportado despidos en instituciones públicas como Conatel, SENIAT así como 869 estudiantes denuncian haber sido excluidos de las becas Jesús Enrique Lossada, en Zulia.