Estado de Roraima cierra el cerco a quienes escapan de Venezuela

La gobernadora de Roraima, Suely Campos, firmó el 1 de agosto un decreto en respuesta a lo que califica como “ineficiencia en las acciones del gobierno federal en el control de la frontera, que permite la entrada de personas al país que no califican en situación de refugiados”, según cita el portal de noticias G1, de la poderosa rede O Globo de Brasil.
“Todos nuestros pedidos de auxilio fueron negados por el gobierno federal y todavía esperamos una decisión del STF (sobre el cierre de frontera). Es una situación insustentable que ha venido causando serios conflictos sociales, por eso estamos adoptando procedimientos más rígidos. Brasil no puede seguir de espaldas a los problemas que estamos enfrentando, como si Roraima no existiera”, dijo la gobernadora, citada por G1.
La medida fue adoptada debido al flujo de venezolanos y el acceso a los servicios públicos solo podrá ser hecho mediante presentación de un pasaporte válido, dijo la gobernadora, citada por G1.
Cada día miles de venezolanos cruzan por tierra las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, para escapar del peor colapso económico y social registrado en la historia republicana de Venezuela.
El gobierno de Maduro ha limitado la extensión de pasaportes y otros documentos de identidad, y en las congestionadas oficinas de extranjería los funcionarios alegan que no hay materiales debido a la falta crónica de recursos.
Gobiernos de toda América han alertado que la situación de Venezuela se ha convertido en problemas internos para sus vecinos más cercanos. En Colombia y Brasil es más notorio el efecto de este éxodo y en estados fronterizos se han establecido campamentos para refugiados. También se han reportado más casos de enfermedades endémicas traídas desde Venezuela, como sarampión y malaria.
Roraima también deportará a todos los extranjeros involucrados en crímenes y las fuerzas de seguridad reglamentarán la oferta de servicios públicos a los inmigrantes en todo el estado, según la información.
En abril pasado la gobernadora Campos encabezó una demanda del estado de Roraima ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil pidiendo a la Unión (Estado Federal) cerrar la frontera con Venezuela de forma temporal.
Campos también demandó el gobierno federal el pago de 180 millones de reales (unos 47 millones de dólares) en compensación por gastos en servicios públicos prestados a venezolanos.
El decreto estatal establece un control más rígido para la entrada de personas, equipajes y vehículos en el puesto fronterizo de Pacaraima, frente a Santa Elena de Uairén.
También prohíbe la ocupación de inmuebles públicos o privados que hayan sido invadidos por los extranjeros (en aparente respuesta a la constante presencia de indigentes venezolanos en plazas y otras instalaciones).
Según datos de la Policía Federal, citados por G1, en los seis meses terminados en junio más de 16.953 personas pidieron refugio en Roraima, cifra que supera en 20% las solicitudes de todo el año 2017.
De ese total, 16.523 (el 97%) fueron pedidos de venezolanos. El resto fueron cubanos (155), haitianos (139) y ciudadanos de otras nacionalidades (133).
En mayo (coincidente con la cuestionada elección de Maduro) se registró el récord mensual, con 4.054 solicitudes de venezolanos.]]>