Economía

Pdvsa evalúa contratar empresa investigada por corrupción

El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, pidió al gobierno transparencia en las negociaciones de refinanciamiento de la deuda de Petróleos de Venezuela.

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Durante una rueda de prensa el diputado denunció que Pdvsa estudia contratar a la empresa CP Capital, investigada en Estados Unidos por corrupción, para manejar la emisión de 2.500 millones de dólares consignados por la petrolera estatal.

Marquina indicó que la compañía, registrada en Nueva York con un presupuesto de 100.000 dólares, está presidida por Harold Lee Connell, quien tiene procesos abiertos en EEUU por violación a la Ley de Mercado de Capitales.

Señaló además que Lee Connell fungió como presidente de Security Bank, ente que cayó en quiebra.

«Tiene abierto otro procedimiento por el que se le impuso una multa de 20.000 dólares por contratar a una persona con antecedentes penales para la administración de Security Bank», agregó.

También indicó que otro de los directivos de CP Capital es Jorge Reyes, quien actualmente tiene abierta una demanda en el estado de Florida por conspiración para cometer fraude y por apropiación indebida de dinero.

Detalló que Reyes trabajó entre 2006-2007 en Carlin Equities, empresa involucrada en el desfalco del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y cuyo presidente, Ernesto Alejandro Lujan, está preso actualmente en EEUU por conspiración para delinquir y apropiación indebida de dinero.

Puntualizó que CP Capital obtendría una comisión de 40 millones de dólares solo por la negociación.

«Queremos alertar al señor (Nicolás) Maduro hoy que Venezuela está viviendo una crisis, no hay derecho a que se sigan haciendo esas negociaciones a espaldas del pueblo», expresó.

Subrayó que la Asamblea no se opone a que se haga un refinanciamiento de la deuda comercial, pero sí a que se ejecuten operaciones con personajes y empresas de dudosa reputación en términos desconocidos.

Resaltó la necesidad de inspeccionar las empresas que quiere contratar el Estado venezolano.

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