El exalcalde Daniel Ceballos trasladado este miércoles a su residencia en Caracas luego de que el tribunal le concediera la medida de arresto domiciliario por motivos de salud, pidió que "todos los presos políticos puedan estar con sus familias" y "esperanza" para su país.
«Esperanza para Venezuela, libertad para Venezuela (…). Que todos los presos políticos puedan estar con sus familias», gritó Ceballos a decenas de periodistas desde el balcón de la vivienda en la que cumplirá la medida de casa por cárcel.
Según la organización no gubernamental Foro Penal venezolano, en el país hay más de 70 «presos políticos», entre los que se encuentra el líder de Voluntad Popular, partido de Ceballos, Leopoldo López, preso desde febrero de 2014 por acusaciones similares a las del exburgomaestre.
La esposa de Ceballos, Patricia Gutiérrez, admitió hoy a los medios concentrados a las puertas de la vivienda que los gritos de su marido fueron «un atrevimiento», ya que, aseguró, no tiene permiso de las autoridades venezolanas para declarar o escribir en redes sociales.
«Lo de ahora era simplemente un saludo y se extendió un poco más», sostuvo.
Informó de que la próxima audiencia de su esposo será la próxima semana y reiteró que el encarcelamiento de su pareja es «una medida política», aunque el arresto domiciliario otorgado ayer «marcó el inicio de la libertad» del exalcalde.
Gutiérrez informó de que tras conocerse la medida judicial sobre su esposo recibió llamadas telefónicas de varios exmandatarios manifestando su respaldo, entre ellos el expresidente del Gobierno español Felipe González, el colombiano Andrés Pastrana o el boliviano Jorge Quiroga.
Estos tres son algunos de los exmandatarios que han viajado a Venezuela para apoyar tanto a Ceballos como al resto de los considerados «presos políticos» y a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática en sus peticiones al Gobierno venezolano.
Ceballos fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según ese tribunal, el entonces alcalde de San Cristóbal no acató una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas por parte de grupos que protestaban contra las políticas gubernamentales durante el primer semestre de ese año.
Tras cumplir esa condena, el TSJ informó que el exburgomaestre continuaría preso por otra causa judicial que se le sigue por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas y que dejaron, según cifras oficiales, 43 muertos y centenares de heridos y detenidos.
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