Limitados por el Estado: ¿cómo votan en Venezuela las personas con discapacidad?

Manuel Vicente Pérez repite la misma rutina cada mañana. Despierta, hace su desayuno, se baña, escoge su ropa y se viste. Vive en San Bernardino, al noroeste de Caracas, y trabaja en la avenida Nueva Granada, a unos 6 kilómetros de distancia. Para llegar, camina o toma un autobús hasta la estación Colegio de Ingenieros; ahí, viaja en el subterráneo hasta la muy concurrida estación La Hoyada, donde toma otro autobús hasta su trabajo. Labora unas ocho horas. Al culminar la jornada, siempre está acompañado de amigos y compañeros. Algunas veces, se hacen compañía hasta la parada de bus; otras, deciden ir a otro sitio a distraerse un rato.

Su vida transcurre con tanta normalidad que a veces olvida que es ciego.

Manuel, o el profesor Manuel, como le conocen, tiene una discapacidad visual total, producto de un desprendimiento de retina. Forma parte de las 36 millones de personas en el mundo que son totalmente ciegas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas forman parte de los 1.300 millones de personas en todo el mundo que experimentaban una discapacidad significativa para el cierre de 2023.

Sin embargo, en algún momento de su vida Manuel vio. Luego, el uso incorrecto de lentes de contacto le provocó una serie de afecciones de córnea y luego de retina, que le quitaron la visibilidad. Pudo retomar su vida tras rehabilitarse en la Sociedad Amiga de los Ciegos, donde ahora trabaja rehabilitando a otros a través de la enseñanza de Braille.

Gracias a este proceso de reaprendizaje, su vida transcurre con bastante normalidad. Con pocas excepciones: el ejercicio de su derecho al voto es una de ellas.

El Artículo 187 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «garantizará a los electores y las electoras con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos políticos, sin discriminación alguna, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y las leyes».

Por ello, desde abril, la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) solicitó al CNE que la información relacionada con los procesos de inscripción se difundiera en formatos accesibles: textos de lectura fácil, pictogramas, impresiones en Braille, videos en lengua de señas y subtítulos. En junio, la organización tuvo que reiterar ese llamado, pues el sitio web del CNE, al menos hasta esta publicación, no contaba con ninguna de estas herramientas de accesibilidad para estas discapacidades físicas.

Tampoco para que Manuel, u otras personas ciegas, puedan votar.

En países sin un sistema automatizado, esto se hace con papeletas en Braille. Aquí no. Para sufragar, las personas con discapacidad visual deben seguir un proceso distinto al de los demás: en lugar de emitir sus votos solos, deben entrar con un acompañante. Este puede ser un amigo o un familiar. Pero, cuando asisten solos, se les asigna alguna persona presente en el sitio.

Luego del proceso de registro de datos, deben entrar al área donde se ubica la máquina de votación, decirle a su acompañante el candidato que prefieren y esta persona emite su voto por ellos. Es esta persona quien verifica y luego deposita la papeleta en el lugar correspondiente, no Manuel. Su voto, entonces, no es directo ni secreto, como debería ser y como él aspira. Por eso, cuando Manuel va a votar se siente, muchas veces, «un ciudadano de segunda».

No es así en su día a día. Para mostrarlo, toma su celular, desliza sus dedos sobre la pantalla y muestra como este comienza a hablar. Se oyen, con voz robótica, los nombres de las aplicaciones, o los textos de los mensajes, o los contactos del buzón de llamadas… No es un equipo especial, es una función disponible en cualquier teléfono moderno. Esta es la tiflotecnología, una herramienta que le brinda independencia e intimidad, y que podría ser la solución a la hora de votar.

Manuel explica que la instalación de esta tecnología es sencilla y que en el Instituto de Previsión Social Amigos de los Ciegos (Inpresac) cuentan con los profesionales para apoyar al CNE. Con el software, él y otras personas ciegas podrían ingresar solos a la cabina de votación, conectar su audífono a la máquina, deslizar los dedos por la pantalla táctil y escuchar las opciones, votar y culminar su proceso de forma totalmente independiente.

No cree que sea una omisión intencional del CNE, solo piensa que, al no contar con personal con discapacidad visual, no pueden comprender bien las necesidades de esta población. Por eso, como uno de los directores del Inpresac, les hace la «respetuosa solicitud de que incorporen técnicos ciegos en su equipo».

«Somos personas con una discapacidad, pero con miles de capacidades. Yo confío en ellas y en mi rehabilitación, y por eso llevo una vida normal, digna. Una vida que genera admiración y no lástima», reflexiona Manuel quien, aún así, reconoce que los espacios que habita pueden ser hostiles. «Las barreras más difíciles para una persona ciega son las arquitectónicas, comunicacionales, las sociales… porque las mentales las podemos superar. Pero las externas son distintas: las discapacidades se magnifican cuando el entorno genera discapacidad».

«Somos personas con una discapacidad, pero con miles de capacidades. Yo confío en ellas y en mi rehabilitación, y por eso llevo una vida normal, digna. Una vida que genera admiración y no lástima»

Manuel Vicente Pérez

Lo que no se ve

¿Pero qué ocurre cuándo la discapacidad no es física sino psicosocial?

Aglaia Berlutti nunca tiene días normales. O su normalidad es distinta a la del promedio. Si, por ejemplo, va al mercado (que está a 62 pasos que tiene perfectamente contados), piensa en la posibilidad de quedarse encerrada en el ascensor, en la de ser atropellada cruzando la calle frente a su edificio, en que podría pasar cualquier cosa durante el tiempo que esté fuera de casa. ¿En que la roben? Sí, y ya ha pasado. ¿En que se desate un conflicto armado entre bandas de sectores vecinos, con ráfagas de disparos durante días? También ha ocurrido. ¿En que se vaya la luz por casi una semana? Bingo, también. Por eso dice que Venezuela es el paraíso del ansioso, porque «todo está configurado para que puedan pasar las peores cosas». Otras veces, todas las que puede, mejor opta por quedarse en casa: salir significa enfrentar una de sus fobias. Aglaia tiene un diagnóstico de ansiedad generalizada y agorafobia desde que estaba en la universidad, aunque los síntomas comenzaron cuando aún era una niña.

Las monjas decían que era una «niña nerviosa». Tenía 12 o 13 años cuando su mente comenzó a pensar en 3 o 4 escenarios posibles como respuesta a la incertidumbre, cuando empezó a tener ataques de pánico. Pero no fue sino hasta que llegó a la universidad que supo que lo que ocurría en su cabeza podía ser incapacitante. Un día, en el autobús, fue víctima de un robo a mano armada. Ser apuntada por el ladrón colapsó aquel espacio emocional interno que parecía seguro. Fue entonces cuando buscó ayuda y entendió qué era aquello que padecía.

Aunque solemos pensar en las discapacidades como algo meramente físico, estas trascienden el cuerpo y pueden alojarse también en la mente. De acuerdo con OMS, «las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».

Una investigación de la organización en 2018 reveló que los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más discapacitante en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) estima que en Venezuela el 3,6% de la población padece de discapacidad por ansiedad, un punto por debajo del promedio por países en la región (4,7%). Aunque se han diseñado Lineamientos para el Análisis de la Situación de Salud Mental, que el gobierno debería cumplir para reportar sus cifras a la PAHO —como parte del Programa de Acción Mundial para superar las Brechas en Salud Mental— en el país no hay cifras oficiales.

Ni cifras ni protocolos, menos aún en un proceso eventual como unas elecciones.

Por ello, el bienestar de Aglaia durante esa jornada dependerá solo de sí misma. Ese día —es lo que ha planificado, para sobrellevar los escenarios que ya están en su cabeza— tomará su medicación y no comerá antes, por si siente náuseas; votará de madrugada o al final de la tarde, cuando ya no haya nadie. Porque, aunque quisiera que existiera un espacio idóneo, es muy difícil: «una persona ciega, por ejemplo, se tiene que enfrentar con lo que está afuera; pero una persona ansiosa debe hacerlo con lo que está adentro», explica.

«Una persona ciega, por ejemplo, se tiene que enfrentar con lo que está afuera; pero una persona ansiosa debe hacerlo con lo que está adentro»

Aglaia Berlutti

Y lo que está dentro le recuerda que vive cerca de un sector donde hay colectivos que suelen pasearse por su centro de votación. Cuando lo recuerda, imagina todas las situaciones que esto puede suscitar. Cuando las imagina, su cuerpo reacciona como si estas situaciones fuesen ya reales, como si estuviesen ocurriendo. Y siente miedo, terror. Y dice que está acostumbrada a estar aterrorizada, que se ha reconciliado con la ansiedad a partir de la idea de que ella quiere vivir, pero, a veces, no puede evitar preguntarse cómo sería su vida si no sintiera miedo.

Hay ratos, sin embargo, en los que su mente hace silencio: cuando hace fotografías, cuando ve películas de terror y cuando escribe reseñas sobre estas películas u otros productos audiovisuales. También cuando ayuda a otros en labores que no pueden hacer por adversidades, como cuando ha paseado al perrito de su vecina mientras está enferma.

Sobre esta última razón, dice que, aunque siente miedo, la motiva el hecho de cumplir con las cosas que tiene que hacer… como votar. «Una de mis responsabilidades es Venezuela. Y hay actos que uno tiene que hacer por rebeldía y por el deber moral, que son más grandes que la enfermedad mental».

***

La rutina de Wilson Ascanio comienza muy temprano en la manaña. Se levanta, ora y agradece; pide a Dios que le ayude para ayudar a otros, a quien lo necesite. Es abogado y tiene una oficina en el centro de Mérida, en la región andina, al occidente del país. Después de desayunar, va hasta esta, la abre y se instala para esperar a sus clientes. A simple vista es una rutina cualquiera, pero no lo es: Wilson hace todo esto —cocinar, arreglarse, abrir la puerta de su sitio de trabajo— con los pies. Wilson nació sin brazos, pero durante sus 56 años ha adaptado su vida a su entorno, porque su entorno no está adaptado para su vida.

La causa de su discapacidad es congénita. Se presume que durante su gestión su madre ingirió, por desconocimiento, un medicamento que provocó la falta del desarrollo de sus extremidades superiores. Sin embargo, al crecer, esto nunca lo hizo sentir demasiado distinto a otros niños. Wilson jugaba con sus vecinos como uno más. Luego, entró a un colegio tradicional, que si bien no se adaptaba a la accesibilidad que él requería, le brindó la educación que necesitaba. Y así fue en otros entornos académicos, hasta que se graduó como abogado.

Para desenvolverse, entonces, debió aprender a usar sus pies como quien usa un par de manos: para escribir, para vestirse, para abrir cosas, para llevar un vida lo más normal posible. Se brindó las herramientas que su propio cuerpo le permitía.

Aunque debería ser el Estado quien se las garantice. La constitución venezolana establece, en su Artículo 81, que «toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria», por lo que el Estado asume la obligación de garantizar la dignidad humana de estas personas, la igualdad de oportunidades, las condiciones laborales satisfactorias y el acceso a la salud, educación y comunicación accesible e inclusiva.

Organismos nacionales e internacionales abogan por la inclusión y establecen constantemente acuerdos para intentarlo. Un ejemplo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, solo siete de las 169 metas abordan específicamente la inclusión de la discapacidad y su efectividad mundial hasta el momento es apenas un tercio de la esperada.

En Venezuela, los obstáculos empiezan por lo más básico: el registro. Las últimas cifras disponibles son las del Censo de Población 2011, que contabilizó un total de 1.454.845 con alguna «deficiencia, condición o discapacidad»: el 5,38% de la población para la fecha (27.019.815). Sin embargo, apenas cinco años antes (en una publicación ya no disponible en su página web), el Programa de Atención en Salud para las personas con Discapacidad, del Ministerio de Salud, aseguraba que «un 15% de la población venezolana (tres millones 500 mil personas, aproximadamente)» padecía algún tipo de discapacidad.

No extraña entonces que los indicadores de cumplimiento de los ODS sean aún más difíciles de conseguir: no hay datos oficiales. Sin embargo, Consorven —que incluye otros tipos de discapacidades en sus investigaciones— consultó en mayo de 2023 a representantes de organizaciones de personas con discapacidad al respecto. Encontró que «sólo 3 de cada 10 organizaciones reconocen algún tipo de medidas para asegurar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas» (meta del Objetivo Global 4), y que «100% de las personas con discapacidad consultadas para este estudio no conocen ni han participado en planes o programas para potenciar y promover la inclusión social, económica y política».

Wilson lo ha vivido. Recuerda como en una visita a Caracas asistió a un meeting del gobierno en el que estaba Hugo Chávez. Pidió el derecho de palabra y cuando se lo dieron, abogó por la elaboración de un proyecto de Ley para Personas con Discapacidad. Dice que el entonces presidente se mostró sorprendido y le dio su aprobación, pidió que su petición fuese revisada. Él siguió abogando por ello desde su trabajo en Conapdis.

Esta ley fue promulgada, finalmente, en 2016, pero sin un reglamento que permitiera su aplicación. Luego, en marzo de 2024, la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó por unanimidad la Ley Orgánica para Inclusión de Personas con Discapacidad. Sin embargo, nuevamente, se mantiene en un limbo: al no ser publicada en Gaceta Oficial, «técnicamente» no ha entrado en vigor «ni se puede exigir su cumplimiento ni a las autoridades ni a los ciudadanos», explicaba la ONG Acceso a la Justicia en junio de este año.

Mientras esto ocurra, los derechos de Wilson y otras personas con discapacidad siguen siendo vulnerados: el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y derecho a la identidad, el acceso a la justicia, el derecho a la educación y el derecho a la salud, habilitación y rehabilitación.

En su caso, el primero es fundamental a la hora de votar.

«La primera vez que voté fue en las elecciones en las que ganó Chávez. Yo entré a mi centro y voté solo, porque no había una ley que indicara algo distinto. Pero cuando se empezaron a usar los captahuellas, eso cambió». Ahora, debe autorizar al presidente de la mesa de votación para que sea él quien registre sus huellas en el captahuellas. Luego de esto, él está autorizado para pasar y votar. Esto sí lo hace solo: con los pies. «Para mí no hay limitaciones. Yo siempre salgo adelante, siempre busco la manera de salir adelante»

«La primera vez que voté fue en las elecciones en las que ganó Chávez. Yo entré a mi centro y voté solo, porque no había una ley que indicara algo distinto. Pero cuando se empezaron a usar los captahuellas, eso cambió»

Wilson Ascanio

Sin embargo, cree que podría ser totalmente independiente en este proceso si existiera un reglamento que le permitiera, por ejemplo, en lugar de huellas registrar un número de identificación, un código asignado a través de alguna tarjeta. Lo cree posible, pues ha sido miembro de mesa y conoce muy bien los procedimientos.

Pero, además, hacerlo es un deber del Estado, contraído en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006), cuya base se sustenta en «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente».

No hacerlo atenta contra la garantía de sus derechos. Y en este caso preciso —las próximas elecciones— sus derechos políticos: los de Wilson, cuyo ejercicio como votante no depende exclusivamente de su identidad; los de Aglaia que no cuenta con protocolos para el cuidado de su salud mental ni un entorno favorable para gestionar sus pensamientos intrusivos; y el derecho al voto que Manuel no puede ejercer de forma directa y secreta.