Táchira bajo presión: temor y allanamientos tras la visita de María Corina

Horas de miedo, tensión y zozobra han vivido los pobladores del municipio Guásimos del estado Táchira, específicamente en el sector Pueblo Chiquito, en donde pasada la una de la tarde del jueves 11 de julio un numeroso grupo de funcionarios de seguridad del Estado venezolano llegaron para allanar la empresa Gurimetal, propiedad de Ricardo Albacete, quien fue detenido el mismo día en Caracas y presentado por el Ministerio Público.

Los pobladores narran como “agobiante” no solo el ingreso de los funcionarios a Pueblo Chiquito, también la entrada de manera violenta a la empresa Gurimetal en donde mantuvieron detenidos e incomunicados a 30 trabajadores por más de 12 horas, acción que rechaza de manera contundente la población.  

“Ayer vivimos horas agobiantes por la presencia de organismos policiales, especialmente en el momento en que se introducen en la empresa Gurimetal. Atentaron contra la integridad de los trabajadores que estaban ahí cumpliendo normalmente con su horario laboral y los mantuvieron retenidos hasta altas horas de la noche sin poder comunicarse con sus familiares en ningún momento”, denunció Sorbel Colmenares, vecina de Pueblo Chiquito y concejal del municipio Guásimos.

La acción es considerada “perturbadora” por los habitantes de esta localidad tachirense, quienes aún sienten miedo y han evitado expresarse por no querer ser señalados o recibir mayores represalias.

Expresan que el único “pecado” que se ha cometido en el pueblo es manifestar el apoyo a María Corina Machado en su reciente visita al Táchira y salir a recibirla con alegría y entusiasmo, como se hace en democracia.

“Todo lo que ha pasado es porque recibimos a María Corina Machado, salimos con gorras tricolor y banderas aclamando lo que realmente queremos todos los venezolanos, un cambio para Venezuela, la luz y el progreso que tanto necesitamos y eso no es un delito”.

Se están violentando la libertad de expresión, la pluralidad de pensamiento, de eso se trata un estado derecho y la democracia agregó Colmenares. Quien busca entender cómo es que el presidente de la república Nicolás Maduro se compromete a respetar un proceso electoral y cumplir las normas establecidas, pero no respetan nada. “La comunidad quiere denunciar, quieren gritar lo que se está viviendo, pero no pueden hacerlo porque están escondidos, tienen miedo”.

Más detenidos

Por su parte Yajaira Serrano, hizo un llamado urgente para denunciar que su esposo, Adelmo García fue detenido el jueves 11 de julio, durante el mediodía, cuando un numeroso grupo de funcionarios de seguridad del Estado venezolano allanó la empresa Gurimetal, donde él trabajaba.

“Durante el operativo, retuvieron a Adelmo, le quitaron la correa y revisaron minuciosamente su ropa. Él es un simple obrero, dedicado a su labor en la empresa. Nosotros tenemos una hija, de 7 años y con necesidades especiales, dependemos de su trabajo para subsistir. Nuestra hija no puede caminar y sufre convulsiones, su bienestar está directamente ligado a la estabilidad laboral de Adelmo”.

Yajaira dijo que tiene temor por la presencia constante de policías alrededor de su casa, ubicada cerca de la empresa.

“Estamos rodeados y tememos por la integridad de nuestra familia.  Hay un video en el que se muestra a Adelmo siendo desnudado y revisado en la entrada de la empresa, eso es perturbador y nos llena de angustia. No queremos que le ocurra nada a Adelmo y necesitamos ayuda para resolver esta injusta detención. En este momento, nuestra única esperanza es que se haga justicia y se respeten nuestros derechos fundamentales”.

Un asalto

En un despliegue de seguridad, un grupo de funcionarios se tomaron a Pueblo Chiquito, cortaron la electricidad, tampoco había comunicaciones ni datos móviles, “lo hicieron para que no hubiera ningún tipo de información, para no alertar a la comunidad de lo que estaba pasando”, dijo Sergio Guerrero concejal y habitante del municipio Guásimo, quien expresó toda su solidaridad con obreros y trabajadores de la empresa Gurimetal.

Algunos familiares y amigos de los trabajadores que mantuvieron detenidos dentro de las instalaciones de la empresa pudieron presenciar el momento en que salieron los camiones de Gurimetal, los camiones cargados del material de esta organización que ha empleado durante años al grueso de esta población del Táchira. 

“Los camiones los sacaron en la tarde cargados con materiales de la empresa; los empleados liberados han comentado que desvalijaron las instalaciones y dañaron parte de la maquinaria con la que se operaba. Está empresa lleva años laborando en Palmira y representa oportunidad de empleo y prosperidad para muchas personas”, destacó el concejal.

Las acciones cometidas por estos funcionarios como la detención de 30 trabajadores, la aplicación de interrogatorios sin la presencia de ningún abogado es violatorio del debido proceso y ante esta situación la gente se siente en total indefensión.

“Hay miedo porque sabemos cómo actúan estos cuerpos de seguridad.  La gente tiene miedo a que les suceda cualquier cosa, en cualquier lugar.  Por lo menos a nosotros por estar haciendo esta denuncia nos hacer algo, pero no importa, se debe denunciar porque el miedo no nos va a sacar de la ruta”, señaló Guerrero.

Tratos inhumanos

Por su parte, el director de la fundación El Amparo, Walter Márquez y miembro del Comité Internacional Contra la Impunidad, denunció que no solo el ensañamiento político ha recaído sobre el empresario Ricardo Albacete, también ha tocado a sus trabajadores quienes han recibido tratos inhumanos por parte de organismos del estado y se les han vulnerado sus derechos. También ha sido desvalijada la empresa Gurimetal y sigue ocupada por los organismos de seguridad.

“Los 30 trabajadores de Gurimetal fueron detenidos de manera arbitraria durante más de 12 horas y sometidos a interrogatorios severos y tratos inhumanos. Esto forma parte de un ataque reiterado y generalizado, tipificado como un crimen de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma”, precisó Márquez.

El representante de la Fundación El Amparo, responsabilizó directamente de los hechos tanto al presidente Nicolás Maduro por faltar al compromiso asumido con el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan de respetar el proceso electoral, como al gobernador del estado Táchira, Fredy Bernal.

Hasta ahora, ni los organismos de seguridad ni la Defensoría del Pueblo han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación. Además, el lugar del asalto (Pueblo Chiquito) es el mismo al que María Colina llegó el 4 de julio.

“Hace unos días denuncié un asalto en la casa donde se alojó María Corina. En lugar de investigar los hechos, el Ministerio Público ha iniciado un proceso de persecución y represión contra los trabajadores que laboran en este sitio, previamente asaltado por presunta delincuencia organizada. Es posible que los organismos de seguridad del Estado estén involucrados en este caso. Esperamos que se tomen medidas para aclarar la situación, destacó Márquez.

El defensor de los Derechos Humanos abogó por la integridad del empresario Ricardo Albacete, cuyo paradero es desconocido para sus abogados. Según Márquez, hay testigos que presenciaron cómo los organismos de seguridad se llevaron a Albacete de un hotel en Caracas. En ese momento, el empresario estaba acompañado por un grupo de trabajadores, arreglando el mismo camioncito en el que María Corina se desplazó en San Cristóbal.

«Este vehículo ha recorrido todo el país durante la campaña electoral. Pedimos respeto tanto por la integridad física del economista Ricardo Albacete como por la libertad plena de los trabajadores», señaló.