OVP registra tres muertes de detenidos post 28J en custodia del Estado

Desde 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado 23 muertes de personas consideradas presos políticos bajo circunstancias precarias y arbitrariedades. Tres de ellas ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2024: todos eran hombres que fueron detenidos luego de apoyar o estar directamente vinculados al proceso electoral del pasado 28 de julio.

En el informe anual 2024 del OVP, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”, se registran los casos de Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González. Esto es lo que contaron sus familiares a esta organización.

1. Jesús Manuel Martínez Medina, en Anzoátegui

Jesús Manuel Martínez Medina murió el 14 de noviembre por falta de atención médica oportuna, se lee en el informe. Su madre, María Medina, denunció ante los medios de comunicación, el Ministerio Público, tribunales y la Defensoría del Pueblo las patologías que sufría su hijo y el riesgo al que estaba expuesto durante su reclusión en la Comandancia General de la Policía del estado Anzoátegui.

Según el OVP, Martínez Medina fue detenido por el Sebin el 29 de julio de 2024 tras haber sigo testigo de mesa por la oposición, en la escuela Domingo Guzmán Bastardo, ubicada en Aragua de Barcelona. También era miembro de Vente Venezuela en este estado.

Jesús tenía diabetes tipo II y un problema cardiaco: «En detención, se habría contagiado de sarna y luego le salieron
abscesos en la piel, hasta que se le contaminó una pierna», dice el informe.

El 11 de octubre su madre recibió una llamada de un funcionario, quien le indicó que Jesús había sido trasladado de emergencia al Hospital Universitario Dr. Luis Razetti.

«La señora dijo que el detenido le comentó que prefería morirse antes que regresar al “infierno que vivió en la cárcel”. Destacamos que habría perdido la movilidad de su mano y pierna izquierda, porque se le alojó una bacteria. En el hospital, los médicos decidieron amputarle ambas piernas, muriendo en la cirugía», registra el OVP.

2. Jesús Rafael Álvarez, en Tocuyito

La muerte de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad, se reportó el 12 de diciembre de 2024. Su hijo Jesús fue quien le dio voz a lo que ocurrió con su caso: ninguna autoridad quería confirmar su fallecimiento ni entregar su cuerpo al principio, denuncia el OVP en su informe.

Jesús Rafael Álvarez nació en Anzoátegui, pero vivía desde hacía ocho años en el estado Bolívar. Fue detenido la madrugada del 2 de agosto de 2024 junto con su esposa, Anny Suárez de Álvarez, en El Callao. Ambos tenían tres hijos en común: dos menores de edad y Jesús, quien tiene 20 años, y desde ese día tuvo que hacerse cargo de su familia.

Álvarez y Suárez fueron recluidos en una sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerto Ordaz, pero luego el hombre fue trasladado a la cárcel de Tocuyito sin consulta. Allí comenzó la travesía de su hijo Jesús, a quien le negaron múltiples veces las visitas porque solo se lo permitían a mujeres.

«La muerte de este recluso fue inesperada, ya que su hijo aseveró que él era una persona sana. Los castigos severos por tener hambre y quejarse fueron los detonantes de su deceso», documenta el OVP.

«Nadie del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) informó sobre su muerte a su familia. Su hijo lo supo al día siguiente y a través de las redes sociales. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Central y tuvo que reconocerlo a través de una foto», registra la organización.

Jesús asegura que su padre tenía hematomas en el rostro y el cuerpo, que estaba muy delgado: «Con todo esto, el joven acudió al establecimiento penitenciario para solicitar el documento que necesitaba para retirar el cadáver, pero le negaron que algún privado de libertad había fallecido».

El entierro de Jesús Rafael Álvarez fue controlado por autoridades. Su cuerpo lo entregaron en una urna sellada y el OVP confirmó que su hijo fue presionado a no dar más declaraciones: «En el sepelio, no se permitió la presencia de sus hijas menores de edad ni otros familiares».

3. Osgual Alexander González, la segunda muerte en Tocuyito

Osgual Alexander González tenía 43 años y fue el tercer preso político postelectoral que murió y el segundo en el penal de Tocuyito. Su muerte se reportó el 15 de diciembre y se informó 72 horas después de la muerte de Jesús Rafael Álvarez.

González era de Lara y fue detenido junto con su hijo, Oswual González, el 1 de agosto de 2024 en Barquisimeto.

El OVP conoció que, durante los primeros de su detención, Osgual sufrió cuadros depresivos y recibió atención médico por un fuerte dolor abdominal: «En la cárcel le diagnosticaron un cólico nefrítico, que al final resultó ser hepatitis. Las autoridades del recinto tampoco ofrecían información oportuna y precisa a sus seres queridos sobre su estado de salud».

Después de confirmarse su muerte, su hijo Oswual González fue excarcelado. El funeral y entierro de Osgual González también fue controlado: «(…) los familiares también fueron presionados para no realizar más declaraciones a medios de comunicación. Inferimos, con la intención de que no continúen denunciando las arbitrariedades».

Otras muertes bajo custodia del Estado

Aunque el OVP menciona brevemente este caso, Marino Lugo Aguilar, coronel de la Fuerza Armada Nacional e implicado en el caso Pdvsa-Cripto, también murió bajo custodia del Estado.

Su muerte se reportó el 17 de abril de 2024, un día después de que Lugo Aguilar fue interrogado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por la trama de corrupción.

La versión del Ministerio Público venezolano es que Marino Lugo murió por ahorcamiento: «En el sitio se pudo constatar que el ciudadano fallecido responde al nombre de Marino José Lugo Aguilar. La evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento».

Según el OVP, solamente en 2024 murieron 149 personas en total: los cuatro presos políticos, 66 detenidos con problemas graves de salud que no fueron atendidos oportunamente y otros 40 fallecimientos ocurrieron en calabozos policiales.