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La oscura gestión de Luis Motta Domínguez

Por Jorgimar Gómez y Jonathan Soto | Pese a los gravísimos y múltiples problemas del sector, ni siquiera los más pesimistas llegaron a pensar en el mayor de los episodios bajo la administración de Motta Domínguez. El 7 de marzo de 2019, un apagón dejó a oscuras durante al menos cinco días a 22 de los 23 estados de la nación

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Cuando se habla de la crisis eléctrica en Venezuela, un nombre surge de inmediato: el Luis Motta Domínguez.

Otrora ministro del sector eléctrico y presidente de Corpoelec, la figura de este funcionario chavista quedó asociada a una de las más grandes debacles de las muchas registradas durante la gestión de Nicolás Maduro.

Pero, aunque el primer recuerdo sobre él se vincula con la de una Venezuela a oscuras, sus labores en el gobierno oficialista son de larga data.

Militar activo con rango de mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue designado el 31 de agosto de 2007 para estar al frente del Comando Regional N° 5. Sin embargo, su desempeño en ese cargo sería breve, pues el 13 de septiembre de 2008 fue transferido al puesto de comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, que comprende los estados Falcón, Lara y Zulia.

Motta Domínguez se mantuvo ligado al gobierno de Hugo Chávez en condición de efectivo de las Fuerzas Armadas hasta el año 2012, cuando pasó a presidir el Instituto Nacional de Tierras (INTI). En ese organismo desarrolló labores apenas nueve meses, cuando decidió dar un paso al costado.

Problemas personales

En entrevista con el diario Últimas Noticias, Motta dejó atrás los rumores sobre una salida forzada del INTI. “La verdad es que yo solicité la separación del cargo para solventar problemas personales que no puedo resolver estando en el mismo”, señaló en esa ocasión.

Pero las razones nacieron en casa. Luis Alfredo Motta Vargas, hijo del exministro, llegó a estar en manos de la justicia hasta en cuatro ocasiones en aquel año, siendo acusado de robo y homicidio intencional en grado de frustración.

El último arresto −−que supuestamente agotó el tiempo de Motta Domínguez en el INTI− fue ejecutado en octubre de 2012 por efectivos dela Policía de Chacao, quienes aprehendieron a Motta Vargas y a un amigo luego de denuncias hechas por un taxista, quien señaló haber sido víctima de robo por parte de esos dos ciudadanos.

Su regreso al medio castrense data del año 2013. El 27 de septiembre de ese año fue designado jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central. Sus competencias se extendían en toda jurisdicción del Distrito Capital y de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy. Para entonces, Nicolás Maduro ya había asumido las labores en la Presidencia de Venezuela, como “sucesor” del finado Hugo Chávez.

Mientras estaba al frente de la REDI Central, ocupó también la presidencia de la Corporación de Desarrollo de la Región Central. La designación se oficializó el 4 de octubre de 2013, según Gaceta Oficial número 40.265, publicada en esa fecha.

Más poder

Un tercer cargo se sumó a la lista: el de intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Lo asumió el 29 de enero de 2014, según indica la Gaceta número 40.344. En ese puesto, Motta Domínguez tenía la tarea de inspeccionar, fiscalizar, investigar y sancionar las actividades económicas, comerciales y de servicios, según las directrices establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Su poder en el gobierno chavista se hacía más grande. Solo tenía como próximo peldaño en esa área la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos.

A esto se suma la alianza que creó con el actual vicepresidente en Área Económica, Tarek El Aissami, quien para ese entonces fungía como gobernador del estado Aragua. La cercanía entre ambos le permitió a Motta Domínguez hacerse con un alto puesto en la entidad: el de secretario de gobierno, además de estar al frente de Empresa Socialista de Carreteras de Aragua.

Gabinete

Esas labores fueron las últimas antes de ingresar de forma directa en el gabinete de Nicolás Maduro. El 20 de agosto de 2015, Motta Domínguez se hizo con el ministerio de Energía Eléctrica, algo que compartió con la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual asumió día antes, el 3 de agosto.

El decreto presidencial número 1.941, publicado en la Gaceta número 40.727, señalaba que señaló que el nombramiento se hacía “con el sumo compromiso y voluntad de lograr mayor eficiencia
política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”.

La designación llegó apenas días después de que Maduro anunciara la creación del Estado mayor Eléctrico, una comisión “para dar apoyo (…) en la toma de decisiones estratégicas para energía eléctrica”, se lee en la Gaceta Oficial número 40.720. la instancia estaba formada por las cabezas de los ministerios de Energía Eléctrica, Economía y Finanzas, Defensa, Interior y Justicia, y Minería e Industrias. Además, incluía al presidente de Corporelec y al de Pdvsa. Las labores de estos debían ser canalizadas por el vicepresidente, quien rendía cuentas a Maduro sobre el tema.

Motta Domínguez llegó en sustitución de Jesse Chacón, quien estuvo al frente de la cartera de Energía Eléctrica durante dos años, lapso en el que el colapso apenas asomaba.

Sombras nada más

Su permanencia en el cargo fue sinónimo de oscuridad y excusas. Una vez se inició el segundo trimestre y con poco menos de ocho menos como titular del cargo, informó sobre el bajo nivel de agua en el embalse del Guri. La solución que planteó: un dragado en toda la zona, a la espera de precipitaciones que subieran el nivel de la cota. A ello se sumó una serie de racionamientos programados por parte del Ejecutivo.

El ministro endosó al fenómeno climático de El Niño la causa de la crisis; sin embargo, las críticas comenzaban a llover sobre su persona. Expertos comenzaron a detallar que la falta de mantenimiento hizo mella en el sistema y que los correctivos debían aplicarse de manera rápida para evitar futuros episodios adversos.

Pero la oscuridad ganó terreno.

Los apagones en el interior se hicieron cada vez más frecuentes, en especial en el estado Zulia, la entidad más impactada por la situación en el último lustro. No obstante, para Motta Domínguez jamás hubo desatenciones; todo lo contrario: él y el gobierno de Maduro responsabilizaron a terceros de sabotear el sistema eléctrico nacional para obtener réditos políticos.

Un año después de su nombramiento, un apagón dejó sin suministro a siete estados. El 9 de septiembre, Táchira, Trujillo, Mérida, Cojedes, Barinas, Portuguesa y Yaracuy padecieron la falta de energía eléctrica. La razón: un incendio en la línea Uribante-Corozo, hecho que, a su juicio, obedeció a un “sabotaje claro y descarado contra el sistema Eléctrico, como parte de esa desestabilización que tiene la oposición para crear desasosiego”.

Sabotaje pasó a ser el término rey de su vocabulario al momento de referirse a los percances en el sistema.

Estados Unidos y Colombia

Otra vez el fuego fue “protagonista”. El 7 de noviembre de 2017, Motta Domínguez denunció un acto “terrorista y completamente paramilitar de la derecha venezolana”, como causa del incendio en las instalaciones de Corpoelec en el estado Táchira. Mientras, el interior del país permanecía muchas horas sin suministro, hecho que gradualmente comenzó a hacerse “normal”, sobre todo en la región de occidente.

Las subestaciones fueron resguardadas por contingentes de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana; sin embargo, cada respuesta del ministro al producirse fallas en el sistema revelaba lo vulnerable del sistema.

La oposición era, como siempre, la responsable. Un rosario que aumentó en febrero de 2018, cuando fue sustituida por el gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como el responsable de un apagón que representó la primera gran advertencia de la situación con relación a la capital.

“Esto es parte del plan del imperio, ALERTA ALERTA… En estos momentos se están tratando de sofocar las llamas (sic) Equipos de Corpoelec Caracas se dirigen al sitio para apoyar y acelerar el restablecimiento del servicio eléctrico”, publicó Motta en un mensaje en su cuenta de Instagram. El patrón común, usado desde hace varios años por el chavismo, encarnaba en un nuevo personaje.

Un zoológico

Ocho meses después, el ministro mostró en la misma red social la fotografía de una rata calcinada en una celda en la subestación Palo Verde. Una mordida del roedor, según Motta, bastó para dejar durante horas sin el servicio a los habitantes del mencionado sector. “En algunos casos, las fallas en el sistema eléctrico la producen animales tales como ratas, ratones, culebras, gatos, ardillas, rabipelados, zamuros, entre otros, que buscando madriguera, nido o lugar donde ocultarse”, explicó en esa oportunidad.

En diciembre de ese año, denunció el derribo de cinco torres eléctricas en la línea Peonias-Cuatricentenario, en el estado Zulia. El culpable de ese percance: Colombia.

“Hay un plan cuyo objetivo es replicar la situación de hace un año, cuando sabotearon las instalaciones eléctricas, para causar malestar al pueblo zuliano y perturbar la paz. En la madrugada de hoy (domingo), manos criminales, nuevamente atacaron el sistema eléctrico en el Zulia”, declaró a Venezolana de Televisión.

País paralizado

Pese a los múltiples problemas del sector, ni siquiera los más pesimistas llegaron a pensar en el mayor de los episodios de su administración. El 7 de marzo de 2019, un apagón dejó a oscuras durante al menos cinco días a 22 de los 23 estados de la nación.

El país se detuvo por completo. Apenas algunos establecimientos comerciales abrieron sus puertas al contar con planta eléctrica. El cobro en dólares galopó a una velocidad de vértigo y el silencio del ministro hacía un ruido ensordecedor.

El 15 de marzo, el rostro de Motta Domínguez se asomó otra vez en Instagram. Desde el Guri, buscó desmentir informaciones que hablaban de explosiones en el embalse y de sus efectos. Esta vez llevó sus acusaciones más allá, al expresar que se trató de un ataque cibernético desde Estados Unidos, que causó estragos en el centro de control del embalse.

Fue el peor apagón en la historia de Venezuela y también la última circunstancia de Motta Domínguez en el cargo. El 6 de junio de 2019, Maduro presentó a Freddy Brito como nuevo ministro del área eléctrica. La presidencia de Corpoelec también le fue encomendada.

Atrás quedaba una gestión que trajo oscuridad a Venezuela.

Voto de censura

En 2017, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una moción de censura contra el entonces ministro de Energía Eléctrica. La razón: malversación de fondos.

Transparencia Venezuela publicó en ese momento que la comisión mixta encargada de la crisis eléctrica, presidida por el diputado Jorge Millán, detectó un desfalco por más de 25 mil millones de dólares en el sector eléctrico.

Las irregularidades presentadas en el informe hacían referencia a 26 proyectos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, comprendido entre 2005 y 2016.

Millán indicó, en su momento, que no se realizaron las inversiones previstas y que de $42.000 millones, 90% (unos 39 mil millones) fue para generación y no para mejoras en la distribución de energía.

Todos los proyectos habrían recibido montos superiores a lo estipulado en el plan inicial, señaló la comisión, advirtiendo que las obras eléctricas contratadas excedieron en 180% el cálculo inicial.
Motta Domínguez se rehusó a comparecer ante la comisión parlamentaria.

La DEA y The Wall Street Journal

La cercana relación de Motta Domínguez con Tareck El Aissami le valió la presidencia de la Empresa Socialista de Carreteras de Aragua. No obstante, se abrió una investigación en su contra por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Un artículo publicado en 2015 por The Wall Street Journal informó que la DEA estaba investigando a varios funcionarios venezolanos, entre ellos Motta Domínguez. Las razones: estar bajo sospecha de convertir a Venezuela en un “centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

En el artículo también citó a cinco funcionarios más de estar en medio de la investigación. Diosdado Cabello, Hugo “El Pollo” Carvajal, Néstor Reverol, José David Cabello y Tareck El Aissami completaron la lista.

Otro sancionado

La “lealtad” de Motta Domínguez al régimen de Maduro no le sirvió para hacerse con otro cargo tras su salida de Corpoelec. Sin embargo, logró alejarse del panorama político sin rendir cuentas por su gestión.

Aun así, no logró librarse de la justicia estadounidense.

El 27 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos lo sancionó junto con Eustoquio José Lugo Gómez por considerarlos responsables de la crisis eléctrica que estaba viviendo el país.

“Los venezolanos han sufrido más de 23.860 apagones este año debido a la corrupción y mala administración de Nicolás Maduro y sus asociados. Como ex Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ex Presidente de Corpoelec (Motta Domínguez) y actual Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Lugo), su corrupción contribuyó directamente al deterioro y fracaso del sistema eléctrico de Venezuela”, señaló la Casa Blanca.

De acuerdo con Washington, Motta Domínguez y Lugo Gómez usaron su posición para enriquecerse a expensas del pueblo venezolano, contribuyendo así con la crisis eléctrica.

Las acusaciones no terminaron ahí. En el Distrito Sur de Florida (EEUU) se presentaron ocho cargos contra los dos ex funcionarios. Entre ellos, uno por conspirar para cometer lavado de dinero y otros siete por lavado de dinero en una trama de sobornos ilegales.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, se les señala por otorgar contratos de compras de Corpoelec por más de $60 millones a tres empresas en Florida.

De inmediato, Maduro salió en defensa de los dos sancionados, acusando a Trump de tratar de ocultar su responsabilidad en los apagones de marzo.

Las sanciones de Estados Unidos continúan vigentes y en Florida se sigue investigando la red de corrupción señalada de costarle millones de dólares a Venezuela.

Los “compadres” de la corrupción

La amistad con El Aissami no es la única relación fructífera que cosechó Motta Domínguez. En el entramado de corrupción investigado por el Departamento del Tesoro también se encuentran los empresarios Alberto Chacín Haddad y Jesús Ramón Veroes, este último, compadre del ex presidente de Corpoelec.

De acuerdo con una investigación de la periodista Maibort Petit, Veroes es propietario de más de veinte empresas que recibieron millones de dólares del Estado. La investigación indica que entre 2015 y 2018, durante la gestión de Motta Domínguez se firmaron contratos del orden de mil millones de dólares.

Según Petit, “fuentes ligadas al caso” señalaron que los empresarios habrían fungido como testaferros de Motta Domínguez desde sus primeros días como figura pública, pero que estas operaciones se incrementaron luego de ser designado ministro de Energía Eléctrica.

El esquema de corrupción favoreció a empresas ubicadas en EE UU, Panamá y Colombia obtener contratos del Estado venezolano con sobreprecio, por vías ilegales.

La investigación de Petit describe que los implicados solicitaron a proveedores en Florida un monto equivalente a 15% de los recursos establecidos en la contratación. El pago de sobornos se habría hecho a través Lugo Gómez, designado por Motta Domínguez como viceministro de Finanzas del MPPEE.

Según Transparencia Venezuela, los dos empresarios obtuvieron 11 contratos con Corpoelec, entre 2016 y 2018, gracias a las gestiones de Motta Domínguez y Lugo Gómez. Estos contratos habrían sido adjudicados directamente a las empresas manejadas por Veroes y Chacín, cumpliéndose a medias con lo estipulado.

Gracias a estos contratos, fueron enviados a Venezuela, por ejemplo, 500 transformadores. De acuerdo con Transparencia Venezuela, solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. También se negociaron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos, vendidos a Corpoelec con un sobreprecio de 300%.

Encarar a la justicia

El 24 de junio de 2019, Verles y Chacín se declararon culpables ante la justicia del Distrito de Florida, por haber participado en una conspiración para sobornar a funcionarios de Corpoelec a cambio de órdenes de compra.

Los empresarios se comprometieron a pagar a las autoridades estadounidenses al menos 5,5 millones de dólares de las ganancias obtenidas. También debieron entregar las propiedades adquiridas en el área de Miami.

En enero, Lugo Gómez fue detenido por el Dgcim por la presunta extorsión a un empresario, integrándose a sí a la lista negra del chavismo.

Por su parte, el denominado «ministro de los apagones», Luis Motta Domínguez, mantiene un perfil bajo. Su nombre ya no suena y solo aparece en las redes sociales para ratificar su «lealtad» al régimen.

Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue pagando las consecuencias de una gestión cuyo responsable no parece estar cerca de enfrentar a la justicia.

Gestión Motta Domínguez

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