Estas son las acusaciones de EEUU contra jefes del chavismo
William Barr, Fiscal General de Estados Unidos, presentó este jueves graves acusaciones contra el mandatario venezolano y un grupo de funcionarios y personeros de su gobierno. A continuación un resumen de los cargos
Este jueves 26 de marzo el Fiscal General de Estados Unidos presentó cargos y acusaciones contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros personeros del régimen chavista. Estos son los detalles de los documentos y señalamientos hechos por William Barr ante el sistema de justicia de su país:
Nicolás Maduro
Gobernante de Venezuela. Ex diputado de la Asamblea Nacional y ex ministro de Relaciones Exteriores.
El Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, anunció presuntos cargos penales contra Nicolás Maduro, quien es acusado de:
Participar en una conspiración narcoterrorista.
Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Desde 1999 hasta la fecha, Nicolás Maduro, acompañado de otros colegas de alto rango, «participó como uno de los líderes o gerente en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico entre el cartel venezolano de los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia («FARC»)”, siempre según las actas de la acusación.
Los primeros detalles de este largo proceso fueron difundidos por el sistema de justicia de Estados Unidos y reseñados ampliamente por los medios de comunicación más influyentes del mundo.
Como presunto líder de este supuesto cartel, Maduro:
Negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC.
Ordenó que el cartel de los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC.
Coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010.
Solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el cartel de los Soles.
Para que los envíos de cocaína pudieran pasar de forma segura por los sitios de tránsito en Venezuela, miembros de las FARC y del cartel de los Soles pagaron sobornos a cambio de puertos comerciales, datos de radar aéreo y marítimo del país, siempre según la parte acusadora.
En el año 2005 Hugo Chávez lo instruyó para que los jueces venezolanos que no protegían a las FARC fueran removidos de sus cargos, según esa versión.
«El mismo año en que Maduro fue designado como ministro de Relaciones Exteriores, en 2006, las FARC le entregaron 5 millones de dólares en ganancias de drogas, a través de un tercero. Además, fueron comprados equipos de extracción de aceite de palma de Malasia, que serían utilizados para apoyar operaciones de las plantaciones en Apure que parecerían legítimas», se afirma.
En 2009, Maduro estuvo -señalan las acusaciones- entre los asistentes de una reunión con un miembro de las FARC para discutir sobre el envío de cuatro toneladas de cocaína para el cartel de los Soles.
«Pretendiendo actuar como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro viajó a Honduras para que el golpe de estado en el país no interrumpiera las actividades de narcotráfico». agrega.
Pocos meses después de que llegara a la Presidencia tras la muerte de Chávez, el cartel de los Soles despachó 1,3 toneladas de cocaína al aeropuerto de París, Charles de Gaulle.
En 2014 Maduro acordó con el guerrillero colombiano Marín Arango continuar dando armas a las FARC a cambio de que ellos entrenaran al grupo armado de milicianos, siempre según los autos del proceso.
«El cartel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también ‘inundar’ a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de Estados Unidos»
Entre octubre y noviembre de 2015 los llamados “narcosobrinos”, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acordaron con fuentes confidenciales de la DEA enviar cientos de kilogramos de cocaína desde el hangar del presidente, Nicolás Maduro.
Durante conversaciones grabadas explicaron que intentaban recaudar 20 millones de dólares en ganancias de drogas para apoyar una campaña de Cilia Flores, la “primera combatiente”, esposa de Maduro y tía de los hoy convictos.
En el documento se señala que las actividades delictivas se hicieron posible porque Maduro y “otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico”, entre ellas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial.
Asimismo, se le acusa de traicionar al pueblo venezolano y de “llenarse los bolsillos con dinero de narcotráfico”.
Por su parte, el fiscal federal Fajardo Orshan afirma que los implicados han usado bancos e inmuebles en el sur del estado de Florida para “ocultar y perpetuar su actividad ilegal”, además de esconderse detrás de la criptomoneda para “promover su actividad criminal ilícita”.
A través del programa de recompensas de narcóticos, el Departamento de Estado de EEUU, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro Moros.
Diosdado Cabello
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Diosdado Cabello, el segundo del chavismo, también figura en la lista de acusaciones que emitió el gobierno de Estados Unidos por estos supuestos cargos:
Participar en una conspiración narcoterrorista.
Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Según este proceso, está implicado, junto a otros representantes del chavismo, como «uno de los líderes de la conspiración entre el cartel de los Soles y las FARC».
«Para que los envíos de cocaína pudieran pasar de forma segura por los sitios de tránsito en Venezuela, miembros de las FARC y del cartel de los Soles pagaron sobornos a cambio de puertos comerciales, datos de radar aéreo y marítimo del país», repite la parte acusadora.
En 2006 fue uno de los encargados de coordinar el envío de cocaína del cartel de los Soles. Organizó el envío de 5,6 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía en un avión con número de registro de Estados Unidos con destino a México, sostiene.
Diosdado Cabello participó personalmente en la entrega de ametralladoras, municiones y lanzacohetes a las FARC en una base militar en Venezuela, siempre según la acusación.
Por Cabello ofrecen hasta 10 millones de dólares de recompensa «a cambio de información que conduzca a su arresto o condena».
Clíver Alcalá
Oficial egresado de la Academia Militar.
Está acusado por el Gobierno de Estados Unidos por:
Participar en una conspiración narcoterrorista.
Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.
Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína.
Alcalá también es señalado como uno de los líderes de la conspiración de narcotráfico entre el cartel de los Soles y las FARC.
Recibió sobornos de ambas organizaciones criminales para que la cocaína pudiera pasar de forma segura, a través de puertos comerciales, evadiendo datos de radar aéreo y marítimo del país.
En 2008 -señalan las acusaciones- fue acordado entre todos los implicados que Clíver Alcalá asumiría tareas adicionales para coordinar actividades de narcotráfico del cartel de los Soles y las FARC.
A través del programa de recompensas de narcóticos, el Departamento de Estado de EEUU, ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena.
Tarek El Aissami es acusado de cometer “violaciones penales de la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros («Ley Kingpin») y sanciones impuestas en febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos («OFAC») de conformidad con la Ley Kingpin”.
Vladimir Padrino López
Es ministro para la Defensa. General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Máxima autoridad militar de Venezuela.
Según la acusación abierta del Distrito de Columbia, desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró para poseer y distribuir, a sabiendas e intencionalmente, cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos.
El documento explica que el ministro “tenía la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central”.
Además, sostiene que Padrino López permitió que otras aeronaves, “cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaran sobornos, le permitieran transitar con seguridad el espacio aéreo venezolano”.
Por esta razón, «Estados Unidos buscará la confiscación de todos los bienes que constituyan o estén derivadas de los ingresos que el acusado obtuvo directa o indirectamente como resultado de la supuesta violación a la ley».
Además, por estar incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, (OFAC), “sus activos están bloqueados y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones financieras con él”.
Maikel Moreno
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ, electo en diciembre de 2014.
En una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida, en el comunicado publicado por el gobierno de Estados Unidos, Moreno fue acusado de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero, además del lavado de dinero relacionado con “presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares”, y de sobornos para arreglar o desestimar bajo cuerda docenas de casos civiles y penales del país.
Entre los cargos judiciales se especifica que Moreno también autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors, con valor estimado en 100 millones de dólares.
Las autoridades de Estados Unidos dicen haber podido mostrar que, de 2012 a 2016, los registros bancarios de Moreno reflejan aproximadamente 3 millones de dólares en entradas a las cuentas del acusado, “principalmente de grandes transferencias de dólares de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras”.
Entre los gastos está 1 millón de dólares en un avión privado y piloto privado, más de 600 mil dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (lo que incluye compras en tiendas de lujo como Bal Halbour, Prada o Salvatore Ferragamo), 50 mil dólares se fueron en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo y 40 mil dólares de desembolso a un director de concurso de belleza venezolano.
Hugo Carvajal
Conocido como “El Pollo” Carvajal, Hugo Armando Carvajal Barrios, de 59 años, es mayor general retirado de la Fuerza Armada de Venezuela.
Carvajal se desempeñó durante el 2002 como como jefe de investigaciones de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar, el servicio de espionaje del chavismo) y en 2004 trabajó en la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Entre los años 2004 y 2011 fue director de la DIM.
En el año 2014 fue cónsul de Venezuela en Aruba. En el año 2015 se postuló como diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cargo para el que fue electo el 6 de diciembre de ese año. En el poder legislativo integró la Comisión Permanente de Contraloría.
Este jueves 20 de marzo, durante una alocución, el Fiscal General de Estados Unidos William Barr dijo que Hugo Carvajal junto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Clíver Alcalá “actuaron como líderes y gerentes del cártel de los Soles”.
“Maduro Moros y los otros miembros del cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El cartel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también ‘inundar’ a Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de Estados Unidos”, manifiesta el documento.
Por su participación en dichos actos, Carvajal enfrenta cuatro cargos presentados hoy en sus acusaciones por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El «Pollo» es acusado de:
“(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.
(2) Conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua.
(3) Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión.
(4) Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”.
La institución ofreció 10 millones de dólares a quien de información que conduzca al “arresto y / o condena” de Hugo Carvajal.
Tareck El Aissami
Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, dio sus primeros pasos en la política bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez. Con tan solo 29 años, el expresidente lo puso al frente de la Misión Identidad (un programa oficial para acelerar trámites de identificación de ciudadanos).
Bajo el mandato de Nicolás Maduro, El Aissami se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de la República desde el 4 de enero de 2017, cargo en el desarrolló 15 de las funciones del presidente para “lograr la mayor eficacia política”.
El 14 de junio de 2018 fue reasignado a la vicepresidencia del área económica del país; el 20 de febrero de 2020, Maduro lo nombró presidente de la comisión presidencial para la reorganización de la industria petrolera.
Desde el 13 de febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó por su presunta participación en lavado de dinero y narcotráfico.
Según la acusación abierta del Distrito de Columbia, desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró para poseer y distribuir, a sabiendas e intencionalmente, cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos
El pasado 31 de julio, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) lo incluyó en una lista de “los más buscados por narcotráfico” y se investigan supuestas relaciones con el terrorismo islámico.
Este 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos añadió una nueva acusación contra El Aissami ante el tribunal federal de Manhattan: el político venezolano es acusado de cometer “violaciones penales de la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros («Ley Kingpin») y sanciones impuestas en febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos («OFAC») de conformidad con la Ley Kingpin”.
Según el documento difundido por la entidad, el venezolano enfrenta cinco cargos:
“(1) Conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas,
(2) utilizar American Charter Services LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas,
(3) utilizar American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC a la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas,
(4) usar SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y
(5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y los reglamentos relacionados.
Por su captura el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares a quien proporciones información que conduzca al “arresto y / o condena El Aissami Maddah”.
Joselit Ramírez
Joselit De La Trinidad Ramírez es señalado como el hombre de confianza de Tareck El Aissami. Fue secretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, director general de la Vicepresidencia de la República (durante el periodo de Tareck) y presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim).
El 24 de enero de 2018 fue nombrado presidente de la Fundación Patria, y más tarde, en junio del mismo año, se le designó la dirección del Despacho del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, según la Gaceta Oficial Nro. 41.428.
Sin embargo, el día 19 del mismo mes, según la Gaceta Oficial Nro. 41.422, asumió la presidencia de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este jueves una acusación formal en su contra donde se sostiene que desde “febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en EEUU para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro de 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón”, resalta el documento presentado por William Barr, Fiscal General de Estados Unidos.
Edylberto Molina
Edylberto José Molina Molina , de 57 años, ocupó entre los años 2008 y 2010 la subdirección de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
Sin embargo, poco antes de concluir su gestión, fue acusado -junto a Néstor Reverol- ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por recibir “pagos provenientes del narcotráfico, específicamente por presuntamente colaborar con la importación de cocaína hacia Estados Unidos”, informa el portal Poderopedia.
En septiembre de 2016, Molina fue designado -nuevamente por Néstor Reverol- viceministro del Sistema Integrado de Policía, departamento adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Actualmente es agregado militar de Venezuela a Alemania.
Este 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que, desde enero de 2008 a diciembre de 2010, en su capacidad oficial en la ONA, Néstor Reverol y Edylberto Molina “recibieron pagos a cambio de ayudar a narcotraficantes a distribuir cocaína para su importación final a Estados Unidos».
«Por ejemplo, a cambio de dichos pagos, alertaron a los traficantes sobre futuras redadas de drogas o los lugares donde los agentes de la ley en Venezuela estaban llevando a cabo actividades antinarcóticos para permitir a los narcotraficantes cambiar la ubicación donde almacenaban drogas o alterar las rutas de transporte de drogas».
«También tomaron medidas para detener u obstaculizar las investigaciones en curso sobre narcóticos para permitir que los vehículos cargados de cocaína salgan de Venezuela y organizaron la liberación de personas arrestadas por violaciones de narcóticos y la liberación de narcóticos y monedas relacionadas con narcóticos que habían sido incautadas por la policía. Reverol y Molina también impidieron el arresto o la deportación de personas perseguidas por países extranjeros, como Estados Unidos, para ser procesadas por cargos relacionados con drogas”.
Asimismo, el agente Hunt, hombre de la DEA a cargo de la investigación y citado en los documentos, declaró que “Néstor Luis Reverol Torres y Edylberto José Molina Molina usaron sus posiciones de poder para permitir la actuación a las organizaciones de narcotraficantes, lo cual obstaculizó los esfuerzos de las fuerzas del orden para frustrarlos».
«En pocas palabras, las acusaciones envían un mensaje de que aquí no hay diferencia entre un narcotraficante y un narcotraficante que lidera los esfuerzos contra el narcotráfico. La aplicación de la ley de drogas que trabaja en EEUU y en el extranjero continuará deteniendo a aquellos en todos los niveles y todas las profesiones que suministran o promueven la distribución de veneno a las puertas estadounidenses”, proclama el texto.
Luis Motta Domínguez
Luis Motta Domínguez, Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana fue designado en 2014 intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
El 20 de agosto de 2015, tras la salida de Jesse Chacón, asumió el Ministerio de Energía Eléctrica. Sin embargo, desde el 3 de agosto de ese mismo año ya ocupaba la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), cargo que le fue ratificado en febrero de 2017.
Motta Domínguez también fue jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Luis Motta Domínguez enfrenta una acusación de ocho cargos: uno de conspiración para cometer lavado de dinero y siete de lavado de dinero. Los mismos fueron presentados hoy en el Distrito Sur de Florida.
Según las acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU, en 2008 Clíver Alcalá asumiría tareas adicionales para coordinar actividades de narcotráfico del cartel de los Soles y las FARC
Asimismo, el documento presentado por el Fiscal General detalla que Motta Domínguez, junto a Eustiquio José Lugo Gómez -ex viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica-, desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, “conspiraron con otros (funcionarios) para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida».
Según las acusaciones, «Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio».
La acusación formal alega además que la actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela.
Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EEUU, «utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida”.
Néstor Reverol
De origen zuliano, Néstor Luis Reverol, comandante retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, es el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del gobierno de Nicolás Maduro; cargo que ostenta desde el año 2016.
Entre el 2012 y 2013 Reverol estuvo al mando de ese ministerio durante el mandato de Hugo Chávez, además, se le vio haciendo vida en distintos organismos de seguridad del Estado años antes. En 2019, durante la crisis eléctrica, fue designado por Maduro como secretario ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico, el 01 de abril; y posteriormente como vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios el 03 de abril.
Dentro de su vida política también se encuentran otros cargos que desempeñó hace ya algunos años.
En 2009 se desempeñó como director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Fue presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). En 2014 asumió como subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Sus funciones en el régimen que encabeza Maduro lo llevaron a ser sancionado por autoridades estadounidenses y de la Unión Europea, por apoyar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente y otras acciones de este gobierno que no es reconocido por Estados Unidos ni unas 50 democracias occidentales.
«Para que los envíos de cocaína pudieran pasar de forma segura por los sitios de tránsito en Venezuela, miembros de las FARC y del cartel de los Soles pagaron sobornos a cambio de puertos comerciales, datos de radar aéreo y marítimo del país»
El 26 de marzo de 2020 la Administración para el Control de Drogas (DEA), la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, nuevamente lo acusó a él y otros funcionarios del gobierno por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
«Nestor Reverol Torres, de 55 años, ex director general de La Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, de 57 años, ex subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito de Nueva York por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos», se puede leer en el portal de la DEA.
El organismo de Estados Unidos además ofreció una recompensa de entre cinco y 15 millones de dólares para quienes ayuden a dar con su paradero.
Nervis Villalobos
Ingeniero de profesión y con experiencia en administración del servicio eléctrico nacional, Nervis Villalobos pasó, en el gobierno de Hugo Chávez, por los ministerios de Energía y Minas, como viceministro de Energía Eléctrica; y el ministerio de Planificación, durante las gestiones de los ministros chavistas Rafael Ramírez y Jorge Giordani, respectivamente.
Otros cargos gerenciales que obtuvo durante el gobierno de Chávez lo llevaron a trabajar en la empresa Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven) y a ser viceministro y presidente de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe).
En 2015 se le acusó por estar relacionado con lavado de dinero y la trama del Banco de Madrid y el Banco Privado de Andorra. En 2017 fue detenido y en 2018 procesado por las autoridades de Andorra, en España. Luego del proceso judicial, el 17 de octubre de 2018 fue detenido por blanquear 7 millones de dólares por orden del juzgado 41 de Madrid.
Este jueves 26 de marzo, nuevamente, autoridades de Estados Unidos, específicamente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), lo acusan a él y a otros personajes del gobierno venezolano de estar relacionado a tramas de corrupción y narcotráfico.
«Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas , 52, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas, de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes», reporta el portal de la DEA.
Vassily Villaroel
Vassily Villaroel es ex capitan de la Guardia Nacional Bolivariana. En 2013 fue sancionado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
El 21 de julio del 2015 medios de comunicación publicaron la detención en Venezuela del militar, por lo que las autoridades calificaron en su momento como nexos con importantes organizaciones del narcotráfico en México y Colombia.
Villarroel fue además pareja sentimental de la modelo y vedette venezolana Diosa Canales.
Al igual que otras autoridades y funcionarios venezolanos, fue acusado el 26 de marzo de 2020 por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
«Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez , también conocido como ‘Mauro’ y ‘Ángel’, 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero. Específicamente entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009», se puede leer en el portal de la DEA.
Desde 1999 hasta la fecha, Nicolás Maduro, acompañado de otros colegas de alto rango, «participó como uno de los líderes o gerente en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico entre el cartel venezolano de los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia («FARC»)»
Rafael Villasana Fernández
Ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Al igual que Vassily Villaroel fue acusado por presuntos nexos con el narcotráfico. Autoridades estadounidenses los acusaron de traficar drogas entre el 2004 y 2009. El 13 de marzo de 2016 en Morrocoy, estado Falcón, fue detenido y posteriormente fue puesto a la orden de la justicia venezolana en el estado Anzoátegui.
Tras los anuncios hechos por las autoridades estadounidenses este jueves, en el portal de la DEA se puede leer: «Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009».
Según los documentos del tribunal, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno «para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a Estados Unidos».
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