Corte Interamericana condena a Venezuela por masacre a manos de Guardia Nacional
En su sentencia, la Corte Interamericana con sede en Costa Rica señala que las muertes de esos reclusos “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. Ordena al Estado venezolano una reparación a familiares y víctimas e investigar responsabilidades, pues la masacre cometida en 2003 sigue impune.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, declaró responsable internacionalmente a la República de Venezuela por las violaciones a derechos humanos de siete prisioneros ejecutados y otros 27 heridos en un operativo llevado a cabo por la Guardia Nacional el 10 de noviembre de 2003. La masacre ocurrió en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.
Después de una historia dilatada durante 17 años, la sentencia de la Corte fue divulgada este jueves 17 de diciembre.
En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la demanda. Se llama «Caso 12.814, Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Otros (Muertes en la Cárcel de Vista Hermosa), respecto de Venezuela».
«El caso se relaciona con las ejecuciones extrajudiciales de Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, cuando eran internos en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Dichas ejecuciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en un operativo realizado en la cárcel el 10 de noviembre de 2003, en el cual resultaron heridos otros 27 internos, víctimas también en el presente caso», recuerda una nota de la ONG Provea.
Estado reo
Este organismo de justicia de los países americanos declaró en su fallo «la violación a los derechos a la vida (artículo 4.1 de la Convención Americana), a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2), a las garantías judiciales (artículo 8.1) y a la protección judicial».
En la Sentencia del «Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela», notificada este jueves se señala que el Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso.
Las muertes “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
Un comunicado difundido por el organismo de justicia afirma que «El Estado también reconoció que como resultado del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad. Asimismo, el Estado reconoció la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, se comprometió a cumplir con las reparaciones que ordenara la Corte en su Sentencia».
El Tribunal valoró el reconocimiento, pero entendió que debía profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
Cárcel de Vista Hermosa, en el estado Bolívar. La Corte Interamericana sentenció sobre una de las tantas masacres ocurridas en Venezuela. Foto: Una Ventana a la Libertad.
«En su Sentencia, la Corte estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida. Asimismo, en lo que atañe a las personas lesionadas, el Tribunal concluyó que el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal».
Impunidad
«El Tribunal también concluyó que, en la investigación efectuada, el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas. De igual forma, la Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura».
También encontró que «los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos».
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado.
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente (Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), explica el comunicado.
Un botón de muestra
El penal de Vista Hermosa, en Bolívar, es una muestra del colapsado sistema judicial y carcelario de Venezuela. Desde hace años su control ha estado en manos de los propios prisioneros, jefes de bandas organizadas que dominan el crimen dentro y fuera de los muros. Según expertos criminalistas y defensores de los derechos humanos, ese sistema degradado que deja enormes dividendos en negocios ilegales de armas, drogas, administración de justicia, comida y prostitución. Estas bandas tienen la anuencia y complicidad de organismos oficiales del propio Estado venezolano.
«Las cárceles de Venezuela son las más violentas de la región”, concluye otro informe «Democracia y Derechos Humanos en Venezuela», también de la Comisión Interamericana.
El legado
Según las cifras oficiales del gobierno venezolano de Hugo Chávez, entre 2005 y 2009 se contabilizaron 4.358 presos heridos y 1.865 muertos (a razón de un asesinado por día en promedio, en riñas, motines y peleas).
En ese entonces, el informe de la Comisión recomendaba «reducir el hacinamiento y la sobrepoblación; evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias ilícitas a los centros penales». También, «establecer una clasificación y separación adecuada de los reclusos; asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal
penitenciario».
«Erradicar la impunidad, investigando y sancionando los actos de violencia que se cometan» es otra de las recomendaciones nunca escuchadas.
El informe hecho por el Instituto Casla, que dirige la abogada venezolana Tamara Suju, señala la utilización de la tortura y la represión como instrumento de presión y control social, además describe algunos de los métodos empleados por los perpetradores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) pidió nuevamente este martes al gobierno de Venezuela que le permita hacer una visita, negada desde 2002, lo que coloca al país caribeño en una situación “excepcional” en la región, según el ente regional.El comisionado Felipe González dijo que la Cidh “no ha podido realizar de forma intensa” su labor de observación de la situación de derechos humanos en Venezuela y que “sería mucho mejor que pudiera hacer una visita al país”.
La audiencia del caso Olivares Muñoz y otros contra Venezuela se discutirá el próximo 16 de marzo, un grupo de privados de libertad en la Cárcel de Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, que fueron presuntamente asesinados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en 2003
