Las nuevas normas aprobadas por los veintiocho países miembros ponen en el punto de mira el uso de bolsas de plástico finas, las de un grosor menor de 50 micras, aquellas que apenas se reutilizan y que tienen un alto impacto cuando se convierten en desechos.
El europeo medio consume 198 bolsas finas al año y los países comunitarios tendrán que optar por asumir el objetivo de reducir la cifra a noventa en 2020 y a tan solo cuarenta en 2026 o por obligar a que los comercios cobren por ellas a sus clientes a partir de 2019.
El plástico es un material que comenzó a producirse a escala industrial en 1907 y un siglo después la vida moderna resulta impensable sin su presencia, especialmente en fechas en las que el consumo se dispara, como las Navidades.
El ascenso meteórico del plástico ha llevado a que en la última década se haya producido la misma cantidad de este material que a lo largo de todo el siglo XX, con la particularidad de que el noventa por ciento de las bolsas finas que usa un europeo al año van directas a la basura.
Su flexibilidad, su bajo precio y su resistencia han hecho del plástico un material muy apreciado que, sin embargo, esconde en su virtud su pecado: su durabilidad.
Eso significa también que cuando se desecha de forma incontrolada, el plástico puede persistir durante décadas en bosques, ríos y mares, donde es especialmente dañino.
En su libro verde sobre la materia, la Comisión Europea reconoce que el plástico es un material «totalmente reciclable», pese a lo que en Europa tan solo se recupera una pequeña parte del mismo, motivo por el que las ONG medioambientales piden límites más estrictos al uso de las bolsas.
Las bolsas de plástico son «productos individuales hechos con petróleo que contienen sustancias tóxicas y son una de las principales fuentes de desechos marinos, además de uno de los residuos más fáciles de reducir», argumenta la ONG European Environment Bureau.
Por su parte, la industria ha mostrado su rechazo a las nuevas normas europeas tal y como se han aprobado, al considerar que crearán un «mosaico» de medidas diferentes en cada país y al oponerse a la imposición de límites al uso de las bolsas.
«Un cargo obligatorio es la mejor opción ya que ha probado ser efectivo para reducir el exceso de consumo de bolsas ligeras de plástico», aseguró el director de la organización que aúna a los productores del sector europeos, PlasticsEurope, Karl-H. Foerster.
«Tenemos que entender que el plástico es demasiado valioso para tirarlo», añadió.
Sin embargo, los países europeos han optado por darse esta doble vía para reducir las bolsas, de manera que exista la flexibilidad suficiente para que cada socio se adapte mejor a su propia situación.
Las diferencias en Europa respecto al tratamiento de las bolsas de plástico son muy marcadas, con países muy avanzados en las restricciones medioambientales, fundamentalmente en el norte del continente; socios que se encuentran en un punto intermedio, como España; y otros que apenas han regulado al respecto, principalmente en el este.
En España se han introducido medidas como la Ley de Residuos o el sistema de cobro por las bolsas en las superficies comerciales, lo que ha llevado a una reducción del uso de las mismas.
Las nuevas normas europeas también ponen en cuestión el uso de las bolsas oxodegradables como una alternativa más ecológica, al pedir a la Comisión Europea que analice más su impacto medioambiental.
La cuestión espinosa es que mientras su defensores afirman que son biodegradables porque se fragmentan solas al contacto con la luz, sus detractores recalcan que aunque esto no significa que realmente se degraden, ya que los pequeños trozos plásticos no desaparecen y, por ejemplo, pueden ser ingeridos por los animales.
La legislación adoptada es un paso «histórico» para varios legisladores comunitarios; un avance moderado, para los ambientalistas; o un potencial problema, como cree la industria, pero lo cierto es que apuesta por una reeducación de los consumidores europeos, una cuestión clave.