La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazó, mediante un comunicado en su página web, la intervención del Gobierno de Maduro en la restructuración de la Cruz Roja venezolana.
Para el CIDH, las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela «atentan contra la libertad de asociación» y por eso pide proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación.
El 4 de agosto, mediante la sentencia No. 1.057, el TSJ destituyó al Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana y designó una «Junta Reestructuradora Ad Hoc» con competencias para reorganizarla. Esta decisión sería contraria a lo establecido en los estatutos internos de la organización respecto de su gobernanza y otorgaría competencias contrarias al pacto de constitución, aseguró el CIDH.
De la misma manera, el pasado 11 de agosto, el TSJ dio a conocer la sentencia No. 1.160, a través de la cual designó arbitrariamente una Junta Directiva Ad Hoc para la organización política Partido Comunista de Venezuela (PCV), disidente de la coalición de gobierno y opositor a varias iniciativas legislativas.
«Es vital que los procesos internos para la designación de sus autoridades sean autónomos e independientes. Resulta especialmente preocupante que el TSJ haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria», asegura.
No hay nada nuevo
La CIDH y su RELE observan que ese tipo de decisiones contrarias a la libertad de asociación no son nuevas en el país. En junio de 2020 el mismo tribunal designó arbitrariamente las juntas directivas de los partidos políticos opositores Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia.
«Estas decisiones judiciales, de carácter arbitrario, no solo afectan la libertad asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral; y, lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho», se lee en el comunicado.
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