Los hermanos Rebeca García y Francisco García tienen múltiples denuncias en su contra por acoso. La mayoría de sus víctimas son mujeres que llevan años siendo perseguidas y hostigadas. El fiscal ordenó aprehenderlos, pero el Ministerio Público dijo horas antes que "no hay ninguna ley que proteja el acoso de mujer contra mujer"
El fiscal general Tarek William Saab ordenó aprehender a los hermanos Rebeca García y Francisco García tras conocerse múltiples denuncias de acoso a mujeres y niños.
En su cuenta de X, el funcionario indicó que el Ministerio Público solicitó detenerlos por agavillamiento, incitación al odio y exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes. No obstante, fuentes afirmaron a El Estímulo que los hermanos García se encuentran fuera de Venezuela, posiblemente en España.
Horas antes de anunciar la aprehensión, Saab anunció que había designado a las Fiscalías 59 y 66 nacional para llevar los casos.
«Dichos delincuentes causan terror a las familias, ingresando ilegalmente en sus viviendas, hostigándolas, tomándoles fotos íntimas, persiguiéndolas en vehículos e incluso vociferando amenazas de muerte, para abusar sexualmente de ellas», escribió el fiscal en ese momento.
Las denuncias por acoso contra Rebeca García iniciaron, públicamente en 2020, cuando una víctima contó su historia en UB Magazine de forma anónima por temor a represalias. En esa crónica se explicó que presuntamente la acosadora tiene un diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad. Entonces, el nombre de Rebeca García no era conocido públicamente y varias mujeres afectadas incluso tuvieron que abandonar el país un tiempo para evitar el hostigamiento diario.
El pasado domingo 5 de mayo, Andreína De Trindade, una de las víctimas, denunció en su cuenta de X que tenía cuatro años sufriendo acoso por parte de esta mujer. Horas después hablaron otras víctimas, quienes presentaron pruebas de lo que ha hecho Rebeca García: fotografías de los graffitis en sus residencias, videos golpeando sus vehículos o irrumpiendo su propiedad, capturas de pantallas con mensajes sexuales, violentos y cientos de amenazas a su integridad y la de familiares y amigos de las víctimas.
Una de las personas que Rebeca García ha acosado es Daniela Barranco, quien en 2019 dio su testimonio a Luis Olavarrieta.
En 2020, UB publicó el relato de un testimonio anónimo sobre los actos cometidos por Rebeca García a partir del año 2017. El texto se titula «Amanda, te quiero violar» y lo escribió el periodista Diego Vega Mata.
Francisco García, hermano de Rebeca, será investigado porque algunas víctimas denunciaron que también forma parte de la red de acoso. Hay denuncias de que el hombre ha fotografiado a niños desconocidos en clubes ubicados en la zona de El Hatillo, donde suelen vivir sus víctimas, y subirlas en redes sociales.
Las redes sociales de Rebeca García han sido suspendidas, pero sus víctimas han mostrado algunos de los mensajes que compartía. También ha escrito relatos sobre posibles actos violentos contra estas mujeres, donde expone sus métodos de persecución.
Minutos antes de que el fiscal general Tarek William Saab publicará la orden para investigar el caso, el periodista Diego Vega acompañó a dos víctimas al Ministerio Público para hacer una denuncia oficial y las autoridades dijeron que no podían proceder porque «no hay ninguna ley que proteja el acoso de mujer contra mujer».
Rebeca y Francisco García fueron retenidos brevemente por la policía española y puestos en libertad horas después. Las autoridades determinaron que no había una orden de captura internacional, algo que Tarek William Saab aseguró que existía el pasado #10May
Tarek William Saab confirmó que los hermanos Rebeca y Francisco García tienen un diagnóstico clínico de trastorno límite de la personalidad y que consumían drogas. Aunque se desconoce cuándo salieron de Venezuela, el fiscal indicó que se encuentran en España
Las denuncias por acoso de múltiples víctimas de Rebeca García no procedieron hasta el pasado #7May. Según abogados y especialistas de género, cada argumento de las autoridades deja clara una situación: el Estado tiene la responsabilidad de que ellas no consiguieran justicia a tiempo y todo se debe a una interpretación específica de la ley
