No hay crisis humanitaria pero las sanciones son culpables

“A Venezuela, en época de pandemia, los EE.UU. le lanza una arremetida en el ámbito de la economía y los salarios han sido también afectados. ¿Quién va a dudar de la necesidad de incrementar el salario? Nadie, la pregunta es cuánto, y ahí se desata un sinfín de demagogias desde de la derecha a la pseudoizquierda…Quieren quebrar al país para que se genere una crisis desastrosa, y sin embargo, este Gobierno ha hecho todo lo posible para garantizar que no haya un estallido”, expresó el vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Constituyente (ANC), Jesús Faría, el 30 de julio de 2020 para justificar el retraso en el aumento de salarios.

Faría recalcó que las sanciones comprometían el 95% de los ingresos del país. “Nosotros en el Gobierno desearíamos ponerlo en 300 dólares”, aseguró sin un respaldo de la posibilidad económica del cálculo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia también anuló una ley aprobada por la Asamblea Nacional controlada por la oposición para aumentar el salario de los docentes públicos en 2016.

Tres años antes en una entrevista en Globovisión el mismo Faría aseguró que Venezuela se estaba recuperando de las consecuencias que había generado el bloqueo económico y detalló que las sanciones habían hecho perder al país “más de 140.000 millones de dólares, que podrían ser invertidos en salarios, seguridad social y servicios públicos”. Una vez más, una cifra inferior a los montos denunciados por casos de corrupción.

En el primer semestre de 2022 una ola nacional de protestas de maestros, médicos y obreros públicos, jubilados y pensionados reclamando mejores condiciones salariales y laborales causó que la maquinaria estatal retomara estas narrativas para opacar la movilización popular por medio de una avalancha de mensajes usada para desviar la atención o minimizar las exigencias laborales.

Desde la coalición C-Informa, conformada por Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Medianálisis y Probox se logró precisar que miles de cuentas irregulares asociadas a la administración de Maduro produjeron más de 160 millones de mensajes en Twitter que intentaron opacar, o al menos desviar la atención, de las manifestaciones de la sociedad civil. En la entrega anterior, C-Informa encontró que fue la desinversión y la corrupción lo que causó la estrepitosa caída de la operatividad petrolera seis años antes de la primera sanción económica firmada por Donald Trump.

Según un análisis de Probox en el 2022 la condición económica y los salarios se convirtieron en tema de conversación predominante en Twitter, representando el 72% de los mensajes registrados por parte de los venezolanos. Durante ese año, los maestros iniciaron las protestas a través de tendencias como #SalarioJustoYa. Luego se unieron empleados públicos de otros sectores mientras el Gobierno inundó Twitter con propaganda.

“Los profesores universitarios están peor que los esclavos (…) el salario no alcanza para un día de alimentación. Después de 25 años de trabajo y 6 de jubilado tengo en prestaciones Bs. 0,000035 #SalarioJustoYa”, escribió en febrero de 2022 a través de su Twitter José Villa, profesor titular emérito de la Universidad del Zulia (LUZ).

Durante el 2022 las tendencias promovidas por el MIPPCI superaron los 167 millones de tweets, mayoritariamente relacionados con propaganda oficial y que incluían tendencias que señalaban a las sanciones por la falta de mejores salarios. En el sentido opuesto, la protesta ciudadana sumó más de un millón de mensajes. Es decir, hubo 166 tweets de propaganda por cada uno de reclamo ciudadano.

En el primer semestre de 2023, la operación desinformativa no ha bajado la guardia así como tampoco han mermado las protestas de los trabajadores públicos que hasta mayo ascendían a 602, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que las ubicó como la primera razón de manifestaciones públicas.

Previo al 1° de mayo los trabajadores del sector público avivaron sus reclamos en las calles y en el entorno digital con etiquetas como #SalarioDignoYSuficiente, que alcanzaron un nuevo impulso tras el anuncio oficial de un aumento de bonos a través del Carnet de la Patria mientras evadió aumentar el salario, que se encuentra fijo desde marzo de 2022 en 130 bolívares que a mayo de 2023 representaban 4,95 dólares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El hallazgo de ProBox demuestra que estas expresiones populares fueron acalladas en un mar de desinformación con tendencias como #TrabajoYPatria, #LasSancionesSonCriminales y #LasSancionesDestruyenElSalario (1, 2 y 3) con las que el MIPPCI opaca y desplaza de conversaciones digitales las pésimas condiciones laborales que se arrastran desde hace años añadiendo que “el acoso económico destruye los salarios”. Irónicamente hasta la “tropa tuitera” usada por el gobierno ha protestado en Twitter por la ausencia de pagos.

El equipo de Cazadores de Fake News, utilizando la herramienta Crowdtangle de Meta, rastreó y analizó contenido público en Facebook e Instagram, identificando desinformación relacionada con las sanciones internacionales y el salario en Venezuela.

Uno de los mensajes en Facebook indica que “las sanciones indujeron un colapso, causando un verdadero infarto en el corazón de la economía venezolana: estos son los recursos y activos más importantes congelados o retenidos en el exterior”. Este escrito va acompañado de una ilustración titulada “el bloqueo en cifras” en las que grafica los supuestos “recursos y activos que el gobierno venezolano tiene congelados o confiscados en el exterior”.

La infografía incluye el dato de “7 mil millones de USD líquidos congelados en bancos internacionales”. Sin embargo, la cifra encuentra desacuerdo en los propios voceros del oficialismo (1, 2 y 3) que incluso bajan el monto a los 3 mil millones.

Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta ejecutiva, en dos años distintos, aseguró en octubre de 2020 que los fondos congelados ascendían a 30 mil millones de dólares aunque anteriormente había respaldado la cifra de 7 mil millones.

Sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Inglaterra subyace un problema de reconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela. Esta duda, sobre si quien ejercía el poder era Maduro o el interinato de Juan Guaidó, fue lo que paralizó las transferencias u otorgamiento de fondos pero los mismos siguen estando disponibles, por lo que no habrían sido confiscados sino temporalmente retenidos.

El 30 de junio de 2023 la justicia británica negó una apelación del gobierno de Maduro resolviendo el acceso a las 30 toneladas de oro, valoradas en 1.900 millones de dólares al interinato de Guaidó, pero como el gobierno de ese país desde mayo de 2023 le informó a la Corte de Apelaciones que ya no lo reconoce como presidente legítimo (pero tampoco a la Asamblea Nacional de 2015 como representación ante el país), en la sentencia se le ordenó a un tribunal comercial decidir sobre cómo actuar en adelante.

«El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento» fue el argumento principal que difundió el FMI para rechazar la petición del gobierno de Maduro.

En el caso de Citgo, subsidiaria de Pdvsa en Estados Unidos, aunque el control permanece en un nuevo consejo administrativo de activos en el extranjero designado por la Asamblea Nacional de 2015 persiste en Washington el temor de una transferencia desordenada del control de la empresa, que sigue en manos venezolanas y a pesar que un juez aprobó el 28 de junio de 2023 proseguir con la subasta de sus acciones para honrar deudas nacidas de expropiaciones realizadas por el entonces presidente Hugo Chávez.

Este contenido fue publicado por VTV en seis ocasiones distintas, entre febrero y mayo de 2023, acumulando 420 interacciones y forma parte de un conjunto de 16 publicaciones que también culparon a las sanciones internacionales como causantes de la crisis económica, incluyendo la caída estrepitosa de los salarios.

Silencio estadístico intentó ocultar crisis de salud que inició en 2011

Para hablar de salud, la narrativa del régimen responsabiliza a diversos aspectos de las sanciones —como los bienes congelados y la imposibilidad de negociar con otros países— de ser las principales razones del colapso del sistema médico asistencial.

Con estas características, 4 medios de propaganda venezolanos realizaron 8 publicaciones en Facebook en 2023 y en Instagram 5 publicaciones entre mayo de 2019 y abril de 2021.

En Instagram, la publicación más viral sobre el tema alcanzó las 16.049 vistas. La compartió Telesur el 15 de marzo de 2021 como parte de una serie de publicaciones basada en un informe de la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan.

En este video, el canal señala que los bienes retenidos a Venezuela en diversos bancos internacionales por las sanciones son la razón de la crisis medico-asistencial expresada en una aguda escasez de vacunas, medicinas, reactivos e, incluso, merma de personal médico y sanitario que, en conjunto, constituyen una violación al derecho a la salud, pero ignorando los reportajes, denuncias y estudios que documentaron la caída de los índicadores de salud y las condiciones mínimas de operatividad y salubridad por parte de los propios trabajadores de la salud.

En este y otros casos similares, la propaganda oficial omitió de nuevo una crisis que había iniciado muchos años antes con razones nacidas de la propia gestión gubernamental.

En el informe “Obligaciones del Estado Venezolano con el Derecho a la Salud” de 2016 realizado por Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), se detalla que entre 2009 y 2014 se redujeron las camas en hospitales públicos de 30.964 a 20.821.

Además, el documento advertía la pérdida de 6.700 médicos de la red pública de salud, de acuerdo a la Federación Médica Venezolana (FMV), lo cual equivale a 24% del personal profesional disponible, el 30% de médicos residentes y 60% de personal de enfermería. Esto, según el mismo informe, se dio debido a las restricción a las prácticas médicas, la violación de derechos laborales y la hostilidad e inseguridad en los centros de salud que van desde robos y asaltos hasta la vigilancia del personal por parte de activistas oficialistas.

La Memoria y Cuenta del 2012 del Ministerio de Salud también consignó una pérdida de camas de emergencia entre 2011 y 2012, lo que llevó a una pérdida de atención a más de un millón de personas.

Así mismo, una revisión de las cifras de Comercio Exterior en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas revela una dramática caída de la compra de medicamentos e insumos quirúrgicos a partir de 2013. Esto a pesar de que la producción petrolera se mantuvo alta hasta 2015 y que no hubo sanciones petroleras hasta seis años después.

Los datos revelan que el pico de compras del capítulo llamado Productos Farmacéuticos fue en 2012 con poco más de 3 mil millones de dólares, pero que bajó a poco menos de 2 mil en sólo tres años. En 2017 fue de solo 675 millones de dólares, un 80% menos.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización Red de Médicos x La Salud en 130 hospitales de 19 estados del país desde 2014 documentó una escasez “grave o absoluta” de medicamentos en el 55% de los hospitales, lo que subió a 76% para 2016. Esta misma escasez se dio en el caso de material médico-quirúrgico, que se elevó de 57% en 2014 hasta 81% para 2016.

La raíz del problema se relaciona, de nuevo, con circunstancias previas como el sistema de control de precios y distribución que afectó tanto la producción como el abastecimiento de medicamentos, así como la corrupción y burocracia de los sistemas de asignación de compra de divisas, que fue relanzado por tercera vez a principios de 2014 y suspendida de forma definitiva en 2016. Una deuda con proveedores de 4 mil millones de dólares llevaron a la paralización y reducción de la industria y red comercial farmacéutica, mientras que varios proyectos de fábricas y convenios con países como Portugal, Cuba y Colombia nunca se realizaron.

Así mismo, la denuncia de asignación de licitaciones públicas a familiares y amigos de directivos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para la compra de medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas y reparación de hospitales superó los mil millones de dólares de acuerdo a investigaciones de Runrunes y Transparencia Venezuela. El informe de la Contraloría General de 2013 daba cuenta de cientos de contratos sin ejecutar ni supervisar, irregularidades administrativas y la adquisición de apenas 0,83% de los medicamentos necesarios por parte del Ministerio de Salud.

Las estadísticas vuelven a mostrar una cuadro clínico de clara desmejoría en la salud de Venezuela años antes de las sanciones. Datos de la Organización Mundial para la Alimentación y la Salud (FAO), de la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Unicef y el Banco Mundial, basados en cifras oficiales, exhiben otros síntomas de gravedad.

Entre ellos está el abandono de la producción y cultivo de cereales a partir de 2008, que fue la antesala de lo que sucedería. Los venezolanos redujeron el consumo de proteínas, animales y vegetales, mientras crecía la desnutrición, la mortalidad neonatal, infantil y maternal.

Un estudio publicado en la revista científica The Lancet encontró que la mortalidad infantil había subido 40% entre 2008 y 2016, así como los casos de VIH, malaria y sarampión después de una sistemática caída en esos valores desde la década de los 50.

El silencio estadístico oficial de dos años trató de ocultar las consecuencias inevitables de esta tormenta perfecta. Pero cuando se publicaron los Boletines Epidemiológicos de la mitad de 2015 y 2016 salió a la luz lo que oficialmente se negó: se había disparado la mortalidad infantil y materna, así como los casos de malaria. La revelación llevó a la destitución de la ministra Antonieta Caporale llevando a reacciones de preocupación nacional e internacional sobre una inminente crisis humanitaria.

La Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) alertaba en 2016 que las políticas oficiales habían llevado a una escasez del 80% de medicamentos, que llevó a que los venezolanos usaran las redes sociales para buscar, donar e incluso intercambiar medicinas, usando la etiqueta #ServicioPúblico en Twitter y Facebook.

Durante el 2022 la sociedad civil venezolana y el gremio médico protestaron por la deficiencia del sector de la salud pública en el país y el abastecimiento de medicinas, resaltando el uso de etiquetas como #HagamosRuido y #CrisisHospitalaria con más de 17 mil tweets.

Las declaraciones de Carlos Rotondaro, quien fue presidente del Instituto Venezuela de los Seguros Sociales (IVSS) durante 10 años e incluso Ministro de Salud entre 2009 y 2010 son una clara muestra de cómo las narrativas sobre la crisis humanitaria o las sanciones han sido presentadas en el marco de la posverdad, de forma similar a la escasez o la migración: primero negar su existencia, después asegurar que sí existía pero que había sido provocada por factores externos.

Rotondaro decía a mediados de 2017 que “no había crisis humanitaria” sino que la escasez de medicamentos oncológicos y de alto costo eran “intermitentes”, y que se resolverían gracias a la capacidad de respuesta estatal.

Menos de dos años después, ahora refugiado en Colombia e investigado por el Gobierno de Maduro, el militar aseguró en una entrevista con NTN24 lo mismo que periodistas, trabajadores y gremios por años: el retraso en la liquidación de divisas para la compra de insumos necesarios “por indolencia”, y acusó a los ministro de Salud, Luis López, y de Trabajo, Francisco Torrealba, de haber dado la orden de “esconder medicamentos” para pacientes crónicos para épocas electorales.

Lo mismo sucedió con William Castillo, hoy frente al Observatorio Venezolano Antibloqueo, quien en julio de 2017 aseguraba en una entrevista televisiva que en Venezuela “no había ninguna crisis humanitaria” pero sí un complot por parte de empresarios y medios de comunicación para “esconder productos” mientras se mostraba de forma exagerada las colas por comida y medicamentos. Entonces aseguró que la caída en los ingresos del país eran un síntoma mundial y que el país estaba inmerso en grandes inversiones como la construcción de una red ferroviaria nacional, hoy no sólo inexistente sino absolutamente abandonada.

La propaganda tampoco se sostiene al contrastarse con informes oficiales del Instituto Nacional de Nutrición y académicos, los cuales revelaban para 2016 que había un aumento de la mortalidad infantil, la desnutrición y la obesidad debido a las políticas oficiales que habían ayudado a mejorar la disponibilidad y compra de alimentos, sin combatir una mayor disponibilidad y preferencia por azúcares y carbohidratos, lo que causaba una contradictoria situación de sobrepeso y malnutrición.

Al respecto, apenas iniciado el 2018, Cáritas y Unicef advertían que 20% de los bebés recién nacidos tenían riesgo de desnutrición. Pero esto no era algo nuevo: el 15,5% ya mostraban problemas después de 2014, cuando se reportaron decenas de muertes de neonatos en hospitales del país por apagones eléctricos y malas condiciones de salubridad.

El agudo repunte de los casos de VIH, sarampión y malaria, de fallecimientos de neonatos, de muertes por apagones prolongados y servicios paralizados por fallas de equipos, suministro de agua y la renuncia masiva del personal necesario para educar y sanar a los venezolanos, exhibe una falla sistémica de políticas de acoso y persecución, de abandono e incumplimiento, de corrupción y malversación que se negó por años hasta que las sanciones sirvieron de chivo expiatorio para la maquinaria que jamás se abandonó, la aceitada fábrica de propaganda estatal.

Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y la asesoría de Chequeado de Argentina.