El plan de financiamiento para los damnificados del 24 de junio abre el debate técnico sobre las condiciones de la banca para sostener tasas subsidiadas en un entorno de limitado margen fiscal
Tras los terremotos del 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la banca pública y privada se encuentra en la fase final de diseño para activar una cartera de créditos hipotecarios obligatoria, la cual contará con un subsidio estatal de hasta el 80% destinado a las familias cuyas viviendas sufrieron daños estructurales.
«Ya la banca pública y privada está culminando los detalles para dar inicio a la cartera hipotecaria con un subsidio de hasta el 80% para personas que fueron afectadas en sus viviendas por el doble terremoto», señaló Rodríguez.
Para el sector financiero venezolano, la activación de una cartera hipotecaria masiva representa un desafío operativo y de liquidez. Tras años de contracción del crédito debido al encaje legal y la indexación, la banca deberá articular con las autoridades monetarias las condiciones de estos financiamientos: los plazos de amortización, las tasas de interés reales y el mecanismo mediante el cual el Estado asumirá el 80% del subsidio anunciado sin presionar las metas de estabilidad cambiaria e inflacionaria.
El anuncio gubernamental coincide con el debate técnico abierto por las firmas macroeconómicas del país. Mientras que agencias internacionales como la UNDRR estiman los daños en edificaciones en unos 24.000 millones de dólares a nivel nacional, consultoras locales como Anova han planteado que la atención de la emergencia habitacional focalizada en las zonas de mayor impacto (como la costa de La Guaira) requiere un flujo de caja inicial de 2.370,6 millones de dólares.
Más allá del crédito individual para la adquisición o reconstrucción de viviendas, el Ejecutivo anunció una medida dirigida a los sectores de clase media afectados en estructuras multifamiliares.
Rodríguez informó la creación de un fondo especial, adscrito al programa gubernamental «Venezuela Renace», diseñado específicamente para otorgar recursos y apoyo financiero a las juntas de condominio en la reparación de los daños estructurales de los edificios residenciales impactados.
Asimismo, como mecanismo de control fiscal y asignación de recursos, las autoridades iniciarán un censo con tecnología de captahuellas en los campamentos de damnificados. El objetivo de este despliegue es levantar un «Registro Único de Vivienda» que permita auditar la pérdida real de cada grupo familiar, cruzar la data con las solicitudes de crédito bancario y evitar la duplicidad en la asignación de las soluciones habitacionales y los subsidios estatales.
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