Mientras los organismos internacionales evalúan el valor de reposición global de los activos, analistas y firmas privadas restringen la prioridad financiera a presupuestos de reactivación de infraestructura y planes de contingencia habitacional en las zonas afectadas
Los sismos del 24 de junio de 2026 en el norte de Venezuela han abierto un debate económico donde las estimaciones de reconstrucción se contraponen drásticamente. En un entorno de restricción fiscal y sin acceso al crédito, la viabilidad de cualquier plan depende de conciliar cifras que varían según el enfoque técnico de quien las calcula.
Esta disparidad responde a dos metodologías distintas: mientras los organismos internacionales miden el daño físico directo bajo el criterio de valor de reposición (el costo total de reconstruir cada activo a su estado original), los economistas locales y consultoras privadas evalúan la viabilidad financiera, estimando el flujo de caja mínimo y real necesario para reactivar los servicios prioritarios y atender la emergencia habitacional.
El cálculo más elevado para la reconstrucción post terremotos proviene de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), que estima los daños físicos directos en $37.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 30% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Esta metodología valora el costo de reposición de los activos tal como se encontraban antes del sismo, advirtiendo que una reconstrucción integral con reforzamiento estructural y mitigación de pérdidas indirectas (como la paralización de la actividad comercial) superará con creces este piso técnico.
El desglose de la afectación calculado por la ONU se divide de la siguiente manera:
Desde la perspectiva de la viabilidad fiscal, la propuesta del economista Asdrúbal Oliveros sitúa la inversión requerida para la reconstrucción en un rango más pragmático de entre $13.000 y $15.000 millones de dólares. Basándose en las metodologías PDNA y DALA de la CEPAL y el Banco Mundial, Oliveros sostiene que la estimación de la ONU de $37.000 millones resulta desproporcionada frente al tamaño real de la economía venezolana (representando entre el 30% y 35% del PIB) para un evento que afectó a una zona delimitada del territorio.
El argumento central del economista es que un sismo difícilmente destruye un tercio del PIB sin paralizar el corazón productivo del país. De hecho, la columna vertebral generadora de divisas, la cual está representada por el sector petrolero, gasífero, las refinerías, los puertos principales y el agro, no experimentaron daños de gravedad. El propio informe de la ONU corrobora esto al asignar apenas $1.000 millones en daños al sector energético frente a los $24.000 millones en edificaciones generales.
Dado que el Estado venezolano carece de músculo financiero propio, la estrategia macroeconómica propuesta por Oliveros se enfoca en un plan por fases (atención humanitaria, infraestructura crítica, reactivación y reconstrucción estructural) financiado mediante la cooperación internacional y la movilización de activos de la República en el exterior, tales como recursos en fondos bajo custodia internacional, el oro retenido en el Reino Unido, activos bloqueados en Portugal y Estados Unidos y potenciales ingresos derivados de Citgo.
En el extremo más específico del espectro se encuentra la propuesta de la firma Anova Policy Research, desarrollada junto al Microsoft AI for Good Research Lab. Este estudio independiente restringe su alcance exclusivamente a la franja costera del estado La Guaira (entre Catia la Mar y Caraballeda), calculando un requerimiento de $2.370,6 millones de dólares (entre el 2% y 3% del PIB).
A diferencia de los enfoques nacionales, esta propuesta es estrictamente habitacional y georreferenciada. Al excluir la infraestructura pública, comercial e industrial, y concentrarse únicamente en el reemplazo de las viviendas dañadas en la zona del epicentro social de la crisis, funciona como un plan de contingencia de corto plazo y ejecución inmediata para la emergencia de vivienda, independiente de las grandes reformas macroeconómicas.
De este modo, los tres análisis configuran niveles de ejecución distintos: la ONU establece el costo contable de la pérdida patrimonial total a nivel nacional, la estrategia de Oliveros delimita el presupuesto financiero viable para la reactivación macroeconómica, y el modelo de Anova define el costo de la respuesta habitacional en la zona de mayor impacto directo. La ejecución de cualquier plan queda supeditada a la resolución del financiamiento, que fluctúa entre la asignación de recursos internos de emergencia y la movilización de los activos en el exterior.
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