El Gobierno español se enfrenta nuevamente a una investigación por una trama de corrupción vinculada a la compra de petróleo, principalente de Venezuela, en un contexto de fraude y corrupción en el que se movieron cantidades de dinero «nunca antes vistas», según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España.
La UCO nombra en la «organización criminal» a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos como las cabezas de una operación que se centró en una «trama milmillonaria» en la que se esquivaron las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde 2018 al gobierno de Nicolás Maduro.
José Luis Ábalos fue exministro de Transportes y mano derecha del presidente español, Pedro Sánchez, mientras que Koldo García era un hombre relativamente desconocido hasta hace unos meses, pero que durante los años ha desempeñado importantes cargos públicos y fue asesor de Ábalos. Mientras que Víctor de Aldama es un empresario español que conoció al exministro y su asesor en 2018, cuando su hermano, Rubén de Aldama, es nombrado escolta de Ábalos y consiguió ganarse su confianza.
Así movieron el petróleo
Fuentes empresariales consultadas por el medio español The Objective, apuntan a que «el petróleo de Venezuela venía a España» por la puerta de atrás, «a través de República Dominicana como país de origen». En República Dominicana se refinaba el crudo venezolano, debido a que el Merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una alta densidad, y no se puede comercializar en la Unión Europea hasta que no se adapte a los estándares de calidad comunitarios.
Sin embargo, el proyecto inicial de la trama era «hacer una refinería en Tenerife», motivo por el cual se celebró una reunión en 2022 entre Víctor de Aldama, su socios, Claudio Rivas y Koldo García con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. «Ya tenían los depósitos fiscales para almacenar el crudo», pero «decayó el proyecto porque no salió la refinería», señaló un socio de Aldama.
No obstante, la República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo sino también «la caja» del entramado a través de la creación de «sociedades al portador» que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás de movimientos de miles de millones de euros. Las acciones al portador, que son muy comunes en cuentas bancarias y sociedades radicadas en paraísos fiscales, no son nominales, por lo que pueden venderse o traspasarse sin verificar quién es el propietario real.
De esta forma, Aldama y Claudio Rivas se habrían servido presuntamente de una amplia red de sociedades mercantiles que operó en casi una decena de países en el extranjero: Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China.
Según el reporte del medio español The Objective, las autoridades judiciales españolas ya han solicitado comisiones rogatorias a varios de esos países, principalmente aquellos en los que se mueven las cantidades más elevadas, como Luxemburgo; o en los que se han abierto cuentas bancarias que registran un mayor movimiento de fondos a través de sociedades vinculadas a la trama, como Portugal.
Para ampliar la información de esta trama, puedes ingresar al trabajo especial en The Objective