Prestaciones e inamovilidad: el debate laboral que frena el aumento de sueldo

Para el expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, el debate sobre los salarios en Venezuela pasa inevitablemente por revisar cómo funciona hoy el sistema laboral. En una entrevista con Fedecámaras Radio, planteó que es necesario replantear reglas como las prestaciones sociales y la inamovilidad laboral, dos pilares del esquema vigente.

A su juicio, estos cambios implicarían reformar la legislación actual para adaptarla a la realidad económica del país. La idea es abrir la puerta a un modelo más flexible que permita ordenar la estructura salarial, reducir la informalidad que domina gran parte de los ingresos de los trabajadores y dar a las empresas mayor claridad sobre cuánto cuesta mantener una nómina en un entorno inflacionario.

Sí, los trabajadores venezolanos quieren un aumento de sueldo, pero los empresarios quieren una Ley del Trabajo en los que estos aumentan se puedan sostener.

Prestaciones sociales: entre la protección y la flexibilidad

Uno de los puntos que plantea revisar Jorge Roig es el sistema de prestaciones sociales. Su propuesta pasa por crear un esquema más flexible en el que el trabajador pueda decidir si prefiere acumular ese beneficio durante toda la relación laboral o incorporar una parte a su ingreso mensual. La idea, explica, no es eliminar el mecanismo tradicional, sino abrir la posibilidad de que cada empleado elija cómo administrar ese componente de su remuneración.

Para Roig, el problema está en que el modelo actual fue diseñado para una economía distinta a la que vive hoy el país. En particular, cuestiona la retroactividad de las prestaciones, que dificulta la planificación de costos para las empresas en un contexto de alta inflación.

“Lo peor que le puede pasar a un empresario es no saber cuánto le cuesta un trabajador. Si te contrato hoy, no sé cuánto me costarás en seis meses por la retroactividad basada en el último salario”, señaló.

Desde su perspectiva, discutir estos cambios no significa eliminar protecciones laborales, sino repensar cómo hacer que el sistema funcione en la práctica. En una economía donde gran parte de los ingresos se paga en bonificaciones y no en salario formal, Roig sostiene que introducir mayor flexibilidad podría ayudar a ordenar la estructura de remuneraciones y acercar lo que dice la ley a lo que realmente ocurre en el mercado laboral.

Hacia una inamovilidad laboral más flexible

Otro de los puntos que, a juicio de Jorge Roig, merece una revisión es el régimen de inamovilidad laboral que ha estado vigente durante años en Venezuela. El empresario plantea que este mecanismo podría replantearse bajo un modelo más flexible, en el que solo una proporción de la nómina fija esté protegida por la inamovilidad, mientras el resto pueda ser gestionado con mayor margen por parte de las empresas.

La idea, según Roig, no es eliminar la protección al empleo, sino introducir criterios que permitan evaluar el desempeño y la productividad dentro de las organizaciones. Bajo este enfoque, las empresas tendrían la posibilidad de ajustar su plantilla cuando existan problemas de rendimiento o cambios en la actividad económica, sin que esto implique desmontar por completo las garantías laborales.

Roig sostiene que el objetivo debería ser encontrar un punto de equilibrio entre proteger al trabajador y permitir que las empresas puedan operar con cierta flexibilidad.

“No es justo que la inamovilidad proteja a un mal trabajador”, afirmó.

La desconexión entre salario real y beneficios legales

Para Jorge Roig, el mayor problema del sistema laboral venezolano es la brecha entre lo que establece la ley y lo que realmente reciben los trabajadores. El empresario calificó de “tragedia” esta desconexión, que —según afirma— ha terminado empujando a la mayoría de los ingresos hacia esquemas informales basados en bonificaciones.

De acuerdo con Roig, la estructura de remuneración cambió radicalmente en la última década. Mientras hace diez años alrededor de 90% de lo que percibía un trabajador correspondía al salario base, hoy la proporción se invirtió: cerca de 90% del ingreso llega a través de bonificaciones y apenas 10% corresponde al salario formal.

Para Roig, mientras esa brecha entre salario legal e ingreso real siga ampliándose, el sistema laboral seguirá funcionando de manera precaria y cada vez más alejada de lo que establecen las normas.